“La soberanía no puede usarse para justificar las restricciones a la libertad de expresión”
CubaNet consultó a la abogada Laritza Diversent y al comunicador Norges Rodríguez sobre las nuevas normas legales anunciadas este martes por el régimen de la Isla.
MIAMI, Estados Unidos. – La abogada cubana Laritza Diversent Cambara, especialista en Derechos Humanos, y el comunicador Norges Rodríguez Almiñán, CEO de YucaByte, coincidieron este martes en que el Decreto-Ley 35 y la Resolución 105 del Ministerio de las Comunicaciones, recién anunciados en Cuba, forman parte de un grupo de normas legales adoptadas por el régimen de La Habana para reprimir, aún más, la libertad de expresión de los cubanos.
La directora del Centro de Información Legal Cubalex explicó a CubaNet que, con estas nuevas medidas, el Gobierno de la Isla está respondiendo a “las muchas campañas en redes sociales que le han obligado a reaccionar y ceder espacio”.
Decreto-Ley No 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico” y la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad” tipifican como delitos “la divulgación de noticias falsas”, el “ciberterrorismo” y otras figuras que hasta ahora no tenían respaldo legal en la Isla, como “los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión”, indicó este martes la prensa oficial de la Isla.
Ahora, las nuevas disposiciones legales consideran “atentatorio contra la seguridad y la defensa nacional” todas las publicaciones en redes sociales que no se adecúen a las expectativas del régimen, opina Diversent Cambara.
Este marco regulatorio que se inicia con el Decreto-Ley 370 ―la llamada “ley azote”― no solo restringe la libertad de expresión basándose en el principio de soberanía, sino que “va mucho más allá porque también permite a las instituciones del Estado prohibir y decomisar determinados equipos que favorecen el acceso a la información”, explica la abogada.
“Por ejemplo, si pensamos en el reciente anuncio del Senado de Estados Unidos sobre el internet en Cuba, nos damos cuenta que, si se priva a las personas de la tecnología para captar la señal será imposible que puedan conectarse a ninguna red extranjera”.
“Así que las nuevas normas legales van más allá de la amenaza de limitar la libertad de expresión con multas e incluso con sanciones penales; también incluyen el decomiso de equipos tecnológicos, lo que no solo afecta la libertad de expresión, sino otros derechos como el acceso al trabajo y el autoempleo, por ejemplo”.
La abogada también recalcó que “la soberanía no puede ser un argumento para justificar restricciones a la libertad de expresión. No se puede decir que vas a defenderte de ciertas agresiones restringiendo los derechos humanos de tus ciudadanos, supuestamente protegidos por la Constitución”.
De hecho, “aunque el Estado argumenta que esta normativa se ajustó a la ‘práctica universal’, no es cierto. Nada que ver. Se trata de una restricción prácticamente absoluta de los contenidos que las personas pueden publicar, especialmente de las críticas al Gobierno”.
Rodríguez Almiñán también coincidió en que el nuevo marco regulatorio anunciado este martes “es una legalización de lo que ya implementaba el régimen. O sea, el Gobierno está legalizando la penalización de personas en función de lo que publican en sus redes sociales mediante un entramado legal que les permite presionar, asustar e intimidar a la población”.
“No es algo nuevo”, apunta. “El Decreto-Ley 370, que es un antecedente directo de estas nuevas normas, lo que establece es un mecanismo legal para multar a las personas o justificar el robo de equipos electrónicos, incluso para privar de libertad de alguien que simplemente se expresa”.
El también ingeniero en Telecomunicaciones señala que el régimen se aprovechó de disposiciones técnicas sobre el espacio radioeléctrico, por ejemplo, para aprobar normas “claramente violatorias de los derechos humanos y la democratización de las tecnologías”.
“Hablan de acceso a las redes públicas y uno se pregunta si realmente son públicas después de que el régimen haya intentado secuestrarlas. Esto nos lleva a una situación muy parecida a la que viven otros regímenes totalitarios como China, Rusia y algunos países del Medio Oriente”, terminó el fundador de YucaByte.
