La última posverdad de Cristina Kirchner

La Cámpora desenvaina una amenaza en un video. “Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar”, canta una barra que se autopercibe brava. Ocurre un día después del comienzo del alegato del fiscal Diego Luciani y sus adjuntos en el juicio que enfrenta a Cristina Kirchner a la situación más apremiante de su extensa trayectoria política. Un coro que une a convencidos y simuladores se suma desde los principales despachos del Gobierno y también promete venganza.

El mensaje de la agrupación repite la voz de Cristina Kirchner pronunciando su versión de “la historia me absolverá”, la frase con la que se defendió Fidel Castro, el 16 de octubre de 1953, ante el tribunal que lo juzgaba por el asalto al Cuartel Moncada. Es también una forma de huir hacia un futuro utópico para eludir un presente adverso de acusaciones gravísimas. La situación es contemporánea de una gestión fallida que obliga a la desesperada maniobra de convertir a un viejo adversario en eventual salvador.

Las condenas que sugieren los juicios precipitan una aceleración del amedrentamiento. La línea de pensamiento que hace creer a muchos argentinos que solo el peronismo puede gobernar el país es la misma que ahora quiere instalar la idea de que una sentencia a su principal dirigente sería sinónimo de caos.

No alcanzó con citar a Castro. Ahora el relato incluyó el recuerdo de la proscripción de Juan Domingo Perón para emparentarlo con la posibilidad de que una condena le impida llegar a ser candidata en 2023 y asegurarse otro ciclo electoral de fueros parlamentarios. Sería raro. Entre apelaciones y los tiempos que maneja la Corte, Cristina puede llegar sin una condena firme hasta las elecciones del año que viene.

La pretensión de darle un tono épico a una amenaza ilumina la debilidad que Cristina Fernández no hace más que exponer en medio de una creciente preocupación por su situación penal. La escena que protagonizó ante los jueces el 2 de diciembre de 2019 fue reveladora: un arrebato próximo a la desesperación frente al tribunal que la juzga desde entonces. Empezaba entonces lo que ahora está por finalizar.

Contaba en ese momento con un mandato de vicepresidenta a punto de estrenar y esperaba que Alberto Fernández y sus propios funcionarios lograran desbaratar las graves causas judiciales en su contra.

Mediaron hasta hoy mil intentos y varios inventos para evitarle el disgusto de una condena.

La instalación de la teoría del lawfare, según la cual una conspiración generalizada se perpetra en todos los países en los que descuellan líderes populistas. El anuncio de una profunda reforma judicial, para lo que se recurrió a una comisión encabezada nada menos que por Carlos Beraldi, el abogado defensor de la vice. La remoción de la ministra de Justicia Marcela Losardo. Un proyecto para crear una Corte integrada por más de 20 miembros. Y, por supuesto, una incontable cantidad de ataques de la propia Cristina y de todo su elenco al máximo tribunal.

Nada funcionó. O, en todo caso, funcionaron los genes republicanos que perviven en la Argentina.

Hasta que Cristina registró, derrota electoral de 2021 mediante, que el fracaso del gobierno que lidera es incapaz de concretar su expectativa de zafar de la Justicia, había puesto el foco de sus acciones en lograr que la política derrotara a los tribunales.

En ese intento de descalificación generalizado reside el ensayo de cuestionar los datos concretos que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola empezaron a enumerar desde el lunes pasado.

Aquellas denuncias de una década atrás, como resultado de presuntos hechos registrados desde el primer minuto del ciclo kirchnerista, en mayo de 2003, es ahora un juicio a punto de terminar. Espera turno, todavía sin fecha de inicio, el juicio de los cuadernos de las coimas, cuya revelación por la investigación de Diego Cabot en LA NACION cumplió cuatro años el 1° de agosto.

La posibilidad de que se ordene el juzgamiento en el caso Hotesur, anulado por un fallo que puede ser revisado, completa una trilogía de causas unidas por un denominador común: un sistema de recaudación de sobornos de empresas constructoras contratadas por el Estado y su derivación hacia maniobras de lavado de dinero.

El desmesurado éxito económico de un matrimonio dedicado con exclusividad a la política siempre fue imposible de explicar. Tanto es así que ambos llegaron a forzar una precipitada declaración de inocencia por parte de Norberto Oyarbide, un juez mantenido en su cargo solo para maniobras de ese tipo desde los años del menemismo.

El problema de fondo, de enorme gravedad institucional, no es solo la condena, sino la constatación mediante datos probados de que la vicepresidenta lideró una asociación ilícita.

Cristina cuenta con un aliado valioso para mantener la lealtad de sus seguidores en los tiempos de la posverdad. La realidad empírica ha perdido relevancia y ha sido reemplazada en extendidos sectores sociales, sin importar sus niveles de educación ni recursos materiales, por un dogma cuasi religioso.

La incondicionalidad de sus militantes, de la que la vicepresidenta se beneficia en función del atractivo político que aún despierta, sigue siendo la clave de su supervivencia en el poder. Es por eso que con tanta vehemencia ella y sus dirigentes apelan a la negación.

La enumeración de las pruebas, el relato pormenorizado, las conexiones que permiten ver una cadena que cruza el Estado por diferentes estamentos para apropiarse de sus fondos es la foto que los militantes prefieren no reconocer.

Anclados en nostalgias de días lejanos, en nombre de ideales percudidos que todavía ven reflejados en Cristina, como si fuesen fieles de una religión esos seguidores están obligados a no ver, no escuchar y solo a creer, con la fe ciega que reemplaza la razón por la veneración y la realidad por el dogma.