El 19 de abril de 2018, en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) anunció una nueva Constitución y aseguró que en ella no habría «cambio de nuestro objetivo estratégico». Unos días después, Miguel Díaz-Canel, entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, aseguró que la reforma no implicará cambios en el sistema político, que se mantendría el carácter «irrevocable» del socialismo en Cuba, y que el PCC ejercería el control sobre el resto de los organismos del Estado.
La cronología
El fracaso de la Zafra de los Diez Millones en 1970 y la crisis generada por el hundimiento de la Unión Soviética en 1989 demostraron la inviabilidad del modelo totalitario-voluntarista y su dependencia de las subvenciones extranjeras. En ninguna de las dos oportunidades se introdujeron reformas dirigidas a fomentar una economía propia y eficiente.
La sustitución de las subvenciones soviéticas por las venezolanas en 1999 frenaron las pocas medidas paliativas que reanimaron en algo la economía. En 2008 el empeoramiento de la crisis obligó a introducir un programa mínimo dirigido a reactivar la economía desde el totalitarismo. Finalmente, en 2019, el Partido-Estado-Gobierno, de espaldas a los fracasos cosechados y a las enseñanzas de la historia, optó, como única forma de conservar el poder, por blindar el modelo totalitario con una nueva Constitución.
Ante la inexistencia del ciudadano y de la soberanía popular; con un solo partido político —declarado constitucionalmente «vanguardia organizada de la nación cubana»— y sin consultar al pueblo, el secretario del PCC y el presidente del Consejo de Estado definieron de antemano lo que no se podía cambiar. Así se procedió a la reforma constitucional.
Para la redacción se designó una comisión —sin ser electa directamente por el pueblo— integrada por 33 diputados, todos miembros del PCC, lo que representó un retroceso respecto a la Constitución de 1940, para cuya redacción los cubanos eligieron, de forma libre y directa, 77 representantes.
Según el diario Granma, la comisión, que inició sus labores el 3 de junio de 2018, sesionó durante dos semanas y el 2 de julio presentó el Anteproyecto al VII Pleno del CC del PCC y al Consejo de Estado. Seguidamente, en tres días —del 18 al 20 de julio— los diputados estudiaron individualmente el documento y dedicaron una sesión a la aclaración de dudas.
Es decir, en menos de un mes efectivo de labor se redactó y aprobó el Anteproyecto, a diferencia de 1940 cuando nadie determinó de antemano lo que no se podía cambiar y los delegados no fueron a estudiar y aclarar dudas, sino que sesionaron durante cuatro meses como verdaderos legisladores.
El blindaje
Con el objetivo de conservar el poder, la primera ley complementaria que se dictó, en correspondencia con la nueva Constitución, fue la Ley Electoral 127 de agosto de 2019, por la cual fueron designados, el pasado 10 de octubre, los funcionarios que ocuparon las principales responsabilidades en la estructura del Estado.
La Constitución de la República establece que «la ANPP representa a todo el pueblo, expresa su voluntad soberana y sus diputados son elegidos por el voto libre, igual, directo y secreto de los electores». Sin embargo la Ley Electoral, de rango inferior a la Constitución, estipula la creación de las comisiones de candidaturas, integradas por representantes de las organizaciones de masas —subordinadas constitucionalmente al PCC— para elaborar y presentar los proyectos de candidaturas a las Asambleas del Poder Popular. Eso significa que la soberanía del pueblo se desliza hacia dichas organizaciones.
En consecuencia, la Comisión de Candidatura Nacional solicitó a dichas organizaciones las propuestas de sus máximos organismos para ser considerados como precandidatos a diputado. Como resultado, el presidente y el vicepresidente de la República fueron designados por la ANPP, a la cual tienen que rendir cuenta de su gestión. Por tanto, Miguel Díaz-Canel, en su condición de presidente, carece de poder real. Por encima de él están la ANPP y el Consejo de Estado, presididos ambos por Esteban Lazo Hernández, con potestad constitucional para interpretar la ley y en caso necesario deponerlo.
Lo anterior permite entender por qué la principal característica de los integrantes del Consejo de Estado no tiene que ser la capacidad ni la popularidad, sino la fidelidad para cumplir las funciones de vigilancia y control para conservar el país atado al pasado, como única forma de conservar el poder.
Los integrantes del Consejo de Estado tienen un promedio de edad de 51 años, lo que puede dar la errónea impresión de ser una fuerza nueva. Sin embargo, como lo esencial es la fidelidad a lo viejo, las caras nuevas en ese órgano nada representan. De ellos hay cinco miembros del Buró Político del PCC, seis dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, el director del periódico Juventud Rebelde y otros funcionarios del Poder Popular, directores y jefes de organismos, que no tienen ningún independencia más allá de representar el estatus quo establecido.
Ni el presidente de la República, ni el presidente de la ANPP y del Consejo de Estado son independientes. El PCC, proclamado como principal «fuerza rectora del Estado y la sociedad», y dentro del PCC, en su Buró Político, es donde realmente está el poder. Del Buró Político son miembros cinco de los integrantes del Consejo de Estado y seis altos militares, quienes conjuntamente con otros altos oficiales controlan la mayor parte de la economía cubana. Aparentemente el blindaje ha sido efectivo.
La utopía
En dependencia de los cambiantes escenarios nacional e internacional, el blindaje puede resultar efectivo durante un tiempo, pero no todo el tiempo. En el caso de Cuba, yo diría que un tiempo bastante corto, pues el empeoramiento de la crisis, la incapacidad del modelo, la creciente inconformidad, la huida permanente al exterior de los jóvenes y la imposibilidad de remontar la crisis desde el mismo modelo que la generó, barrerán con el inútil, aunque dañino intento de anclar a Cuba al pasado.
La historia la hacen los hombres, quienes pueden acelerar o retrasarla durante un tiempo determinado, lo que no pueden es detenerla definitivamente. Y el caso cubano no será una excepción. Ahí radica la utopía del blindaje.