María Sol Borja es periodista ecuatoriana y editora política en el sitio gk.city.
Hasta el 28 de enero de 2022, en Ecuador se han vivido 270 crímenes violentos; más del doble de los que hubo en 2021 durante el mismo periodo, según los datos de la Policía Nacional. Y no es coincidencia que la ciudad más violenta, sea también la ciudad más desigual. Guayaquil, epicentro de la violencia —y también la ciudad que más fue golpeada por el COVID-19— ha triplicado las cifras: pasó de 31 crímenes violentos en las cuatro primeras semanas de 2021, a 91 en el mismo período de 2022.
Ecuador está enfrentando los índices de violencia más altos en la última década. La prensa ha reportado hasta 18 asesinatos en 24 horas. Todos en Guayaquil. En uno de ellos, ocurrido en el centro de la ciudad,un policía murió en el enfrentamiento con dos personas que habrían intentado asaltar un local de comidas. La noche siguiente, en una de las zonas más turísticas de la ciudad, fue asesinado un turista holandés que habría puesto resistencia ante un asalto.
Desde el gobierno de Guillermo Lasso, que lleva ocho meses en el poder, se ha intentado posicionar la narrativa de que el aumento de la violencia se debe a una respuesta contundente al narcotráfico por parte del gobierno. “Hemos decidido enfrentar con decisión la lucha contra el narcotráfico. Esto no es delincuencia común; son bandas transnacionales que trafican drogas a través del Ecuador”, dijo en un espacio gubernamental, en el que responde preguntas de dos periodistas seleccionados por su equipo, durante una hora. Ahí precisó también que en las tres primeras semanas de 2022 se ha incautado el triple de lo que se incautó en el mismo período de 2021. Dijo, además, que desde el puerto de Guayaquil está saliendo “prácticamente cero droga” y que eso provoca que el territorio del narcotráfico se achique y las bandas empiecen a disputarse territorio.
Puede que una parte de lo que ocurre en las calles se explique con el argumento del narcotráfico, pero eso no alcanza para explicar los asaltos comunes que terminan en muertes violentas. El turista holandés o el joven asesinado en el sur de Quito, tras un aparente robo de sus zapatos y su celular, nada tenían que ver con una banda organizada y aún así perdieron sus vidas.
Parecería que al presidente Lasso se le está escapando que la violencia es un problema que hay que mirar en su totalidad y en el contexto del país. Por lo tanto, una propuesta gubernamental para atacar la inseguridad no puede ser únicamente reactiva hacia el síntoma más evidente. Tiene también que incluir la reducción de las brechas que pueden ser tierra fértil para el crimen.
El presidente parece perder de vista que en Ecuador, apenas 30% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado —que incluyen trabajo por ocho horas diarias, un pago del salario mínimo y prestaciones sociales obligatorias por ley—. El resto sobrevive al día. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, 60% de los hogares ecuatorianos aún no han podido alcanzar los niveles de ingreso que tenían antes de la pandemia. Además, la pérdida de empleos ha afectado especialmente a las mujeres —sobre todo a las madres de niños pequeños—, los trabajadores mayores y aquellos con más bajo nivel educativo.
La respuesta de Lasso, sin embargo, se ha limitado a la oferta de aumentar el presupuesto a la Policía: dijo que les dará nueve millones de dólares adicionales para fortalecerla en Guayaquil. También ha reemplazado a la Comandante de la Policía —la jefa máxima de la institución— y que propondrá un nuevo proyecto de ley para regular el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto ocurre en un contexto en el que el presidente ha respaldado públicamente y ha recibido en el Palacio de Gobierno a Santiago Olmedo, un policía que fue sentenciado por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio cuando intervino en un asalto en la vía pública. Olmedo habría disparado contra dos presuntos asaltantes que murieron; según la fiscalía, lo habría hecho por la espalda y sin usar la fuerza progresivamente.
El caso aún no tiene una sentencia ejecutada pero ya encarna la narrativa que algunos sectores intentan posicionar: que la Policía está maniatada y no puede ejercer su trabajo porque hay represalias cuando lo hace y que, por lo tanto, el país está a merced de la delincuencia. Varios juristas han explicado que eso es falso y que existen garantías constitucionales y legales para que la Policía haga uso progresivo de la fuerza. Lo que no puede pasar, dicen, es que haya abuso del uso de la fuerza que es monopolio exclusivo del Estado.
Es comprensible que en la zozobra que vive el país por los crímenes violentos, la primera reacción ciudadana pretenda respaldar a la Policía y arremeter contra la delincuencia. El peligro de esa visceralidad es que nos olvidemos que tiene que haber garantías cuando la Policía ejerce su trabajo y eso pasa por el uso proporcional de la fuerza. Sí, puede detener a un ladrón. No puede disparar por la espalda. Esas garantías que pueden parecer excesivas cuando parece que el crimen domina al país son, en realidad, necesarias para evitar abusos policiales.
La historia de Ecuador —y de la región— nos ha demostrado que la mano dura no solamente es el caldo de cultivo para los excesos de las fuerzas armadas y de los gobiernos y que, además, solamente ataca lo superficial. No necesitamos eso. Necesitamos una Policía que actúe respaldada por la legalidad y un gobierno que también se ocupe de atacar las causas más profundas; una de ellas, la desigualdad.
