La zanahoria, los cien garrotes y el dinamitero

Vuelvo a insistir en este espacio sobre lo que he advertido en dos o tres artículos publicados durante los meses pasados: la convocatoria a un posible proceso electoral en Venezuela –la zanahoria con que se pretende conducir a la sociedad democrática venezolana a un nuevo callejón sin salida–, no puede depender exclusivamente de que se cambie a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Esa condición es, a la vez, imprescindible pero también insuficiente. Absolutamente insuficiente.

La principal fuerza que promueve la realización de un proceso electoral, a como dé lugar, en las condiciones que sea, es la comunidad internacional, entre ellos, varios de los países que apoyan la causa de los demócratas venezolanos y que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Esta presión debe entenderse: es la respuesta de los países, en cierto modo desesperada, ante la cada vez más agravada crisis en nuestro país. Al hartazgo de quienes viven en Venezuela y al hartazgo de quienes tuvimos que escoger el exilio, se corresponde un hartazgo de gobiernos, organismos multilaterales, parlamentos y diplomáticos que se horrorizan por el estado de agonía en que vive Venezuela y temen a un posible estallido de violencia, de peores consecuencias que el estado permanente de violencia que se vive en cada punto del territorio.

Pero pasa que, de forma simultánea a la exhibición de la zanahoria electoral, el régimen de Nicolás Maduro no contiene, sino que incrementa su política de castigar de forma cada vez más feroz a la sociedad venezolana. No se conformaron con asesinar, tras inconcebibles sesiones de tortura, al capitán Acosta Arévalo; no se conformaron con secuestrar su cadáver; no les bastó someter a sufrimientos extremos a su viuda y a sus familiares; nada de eso complace a los criminales, que ahora han allanado la residencia de sus suegros. No cabe engañarse: el régimen de Maduro no participa en una lucha política. No hay tal cosa. Lo que hace es justo lo contrario al ejercicio político: ejecuta un programa sistemático de destrucción de la sociedad democrática venezolana. Maduro lidera una guerra contra la vida de los venezolanos.

¿Cómo puede estarse debatiendo un proceso electoral, mientras las FAES y la Dgcim siguen matando, persiguiendo y torturando a ciudadanos inocentes e indefensos? ¿Qué papel cumplen, qué representan los presos políticos, los torturados, los perseguidos, los inhabilitados, los exiliados en unas posibles elecciones? ¿Podrán participar como candidatos Julio Borges, Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López, Carlos Vecchio, David Smolansky, Antonio Ledezma, Juan Requesens, Edgar Zambrano, Richard Blanco, Mariela Magallanes y otros centenares de dirigentes más, a quienes les han negado su libertad y el ejercicio real de sus derechos políticos? ¿O los candidatos los escogerán Nicolás Maduro y Raúl Castro?

¿Qué pasará con la opinión política, con la voluntad electoral de casi cinco millones de venezolanos en el exilio? ¿Se desconocerá su existencia, tal como ha venido ocurriendo hasta ahora? ¿Se les devolverá el derecho de tener un pasaporte con el que movilizarse de un lugar a otro? ¿Se abrirá un registro electoral que permita incorporar a los exiliados? ¿Se activarán los consulados como centros para cumplir con el derecho al voto? ¿Y, de ser así, quién controlará la red de incompetentes, corruptos y enchufados que forman, hoy por hoy, la mayoría del cuerpo consular del régimen de Maduro?

Tema central: el Plan República. ¿Los electores tendrán que someterse a las decisiones, a la arbitrariedad, a la violencia, al desconocimiento de las leyes electorales, que son el signo de las actuaciones del Plan República? ¿Estará el Plan República bajo el mando de los señores del Alto Mando Militar, todos ellos miembros activos del régimen y que, cada día, violan los preceptos de la Constitución Nacional, en tanto que han convertido la Fuerza Armada Nacional en una fuerza de choque, cuya única divisa es la defensa del poder ilegítimo de Nicolás Maduro?

¿Piensan que es posible realizar un proceso electoral, mientras el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia continúa actuando como alguacil del PSUV, en abierta violación de las leyes? ¿Se ha evaluado el riesgo del papel que la ilegítima, ilegal y fraudulenta asamblea nacional constituyente, todavía en funciones, carta bajo la manga del régimen, podría cumplir en contra de la fluidez, la transparencia e, incluso, en contra de los resultados que arroje el supuesto proceso electoral?

¿Cómo podría organizarse un proceso electoral en una nación sin transporte público, con cerca de 50% de su parque automotor paralizado o inservible, en un territorio donde el suministro de combustibles oscila entre lo inexistente y lo incierto, especialmente en las regiones fuera de Caracas?

¿En cuáles periódicos van a presentar los candidatos opositores sus propuestas? ¿En los periódicos independientes que no imprimen porque el régimen acabó con sus suministros de papel prensa? ¿En los periódicos que han sido comprados por el régimen con dineros públicos? ¿En cuáles estaciones de radio van a trasmitir los candidatos opositores, cuando a las únicas estaciones que se les permite hablar de política son las radios comunitarias, todas de corte oficialista? ¿Y los canales de televisión privados que se han visto obligados a eliminar los programas de opinión? ¿Cómo se va a enterar el público de qué piensan los candidatos?

¿En cuál proceso electoral podría pensarse en un territorio donde el acceso a Internet es azaroso e intermitente, donde el sistema eléctrico pende de un hilo, donde la telefonía móvil apenas funciona, y donde el régimen de Maduro bloquea las redes sociales –cada vez que Juan Guaidó hace alguna intervención pública, Conatel tumba las redes– para administrarlas estrictamente a su favor?

¿Y qué decir de las bandas paramilitares al servicio del gobierno –los colectivos–, cuya participación en anteriores procesos electorales ha consistido en atacar a electores, amedrentar a ciudadanos en las calles y hasta disparar en contra de centros electorales? ¿Y qué pasaría con la distribución de las bolsas CLAP: se permitiría que los delincuentes y enchufados las utilizaran a cambio de votos?

Y, para finalizar este artículo: ¿qué harán con el dinamitero? ¿Qué harán con los constantes llamados al odio y la violencia, en el canal que debía ser un canal de Estado? ¿Qué harán con sus denigraciones, con sus ataques, con las 94 palabras que usa para destruir la convivencia y para poner en marcha las peores prácticas del poder? ¿Qué dicen los promotores de la zanahoria electoral? ¿Qué papel le atribuirán al teniente, al dinamitero oficial del régimen?

Miguel Henrique Otero es presidente editor del diario venezolano  El Nacional.