Laberintos: Comienzan los cambios en Venezuela

A las 5 en punto de la tarde del viernes 15 de enero Nicolás Maduro llegó al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, para cumplir con la obligación constitucional de rendir cuentas de su gestión presidencial durante el año anterior. Cuatro horas más tarde, la esperanza de que la victoria aplastante de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre significaba poner en marcha cambios decisivos en la ruta impuesta a Venezuela desde febrero de 1999, cuandoHugo Chávez asumió la presidencia del país por primera vez, parecía que al fin comenzaba a hacerse realidad. Ahora, por primera vez en 17 años de chavismo, su jefe iba a rendirle cuentas a la oposición y por primera vez el presidente del Poder Legislativo ejercería su derecho democrático a la réplica, para mayor novedad, también por primera vez en todos estos años, con el adversario presente y en cadena nacional de radio y televisión.

   Por supuesto, sólo se trataba por el momento de cambios de estilo, pero era un primer paso necesario para producir cambios mucho más substanciales y no fue nada fácil lograrlo. Apenas unas horas antes, el rechazo amenazante del régimen a aceptar las consecuencias de su derrota electoral ponía en serio peligro el destino político inmediato de Venezuela. Las diversas y más o menos retóricas artimañas del oficialismo para neutralizar la victoria de la oposición se habían hecho amenaza muy concreta cuando el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea en desacato por juramentar a tres diputados cuya elección había sido impugnada por el oficialismo y en consecuencia sentenció que los actos del poder legislativo, a partir de ese instante crucial, carecían de validez. Diosdado Cabello anunció entonces que el TSJ, ante lo que los juristas del gobierno calificaron de “omisión constitucional” de la Asamblea, podría encargarse de sus funciones legislativas, y el Procurador General de la República consultó de inmediato a la Sala Constitucional del TSJ si el presidente Maduro podría presentar su “memoria y cuenta” del año 2015 ante ese tribunal. En pocas palabras, se presentía, y con razón, la inminencia de la guerra.

   Un acuerdo polémico

   El conflicto entre los poderes pasaba así, abruptamente, de ser grave tensión institucional pero nada más, a ser antesala de lo que bien podría haber terminado siendo una versión venezolana del autogolpe ejecutado por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 contra el Congreso peruano, en manos de sus adversarios políticos. Sobre todo, porque por boca de Henry Ramos Allup, secretario general del socialdemócrata partido Acción Democrática y nuevo presidente de la Asamblea, los otros 109 diputados de la llamada Mesa de la Unidad Democrática cerraban filas en torno a los tres diputados impugnados y rechazaban de plano la sentencia del TSJ.

Unos semana antes este choque de trenes se resolvió gracias a que la oposición informó que los tres diputados de la discordia estaban ausentes y, por lo tanto, no serían juramentados ese día. Puro eufemismo, y el conflicto estalló en la sesión del miércoles, cuando la directiva de la Asamblea, ejerciendo el control legal y político de la institución, juramentó a los tres diputados impugnados, lo cual a su vez provocó la sentencia del TSJ, de modo que ahora, para evitar que la sangre finalmente llegara al río, no tuvo la oposición otro remedio que llegar a un acuerdo, cuyos términos, por supuesto, se desconocen, con Aristóbulo Istúriz, designado nuevo Vicepresidente Ejecutivo de la República precisamente para proporcionarle a la oposición un interlocutor válido gracias a sus muchos años de experiencia política durante el régimen llamado por el chavismo de Cuarta República. Un hecho cierto o pura fantasía, nadie pone en duda que entre él y Ramos Allup negociaron la desincorporación de los tres diputados, a cambio de que a más tardar el jueves el TSJ dejara sin efecto su sentencia contra la Asamblea, una decisión que dejaba libre el camino para que Maduro pudiera presentar, “personalmente, ante la Asamblea Nacional”, su memoria y cuenta correspondiente al año 2015.

   En efecto, haber acatado la decisión del TSJ destrancó el juego al devolverle a la Asamblea su legitimidad formal, pero también dio lugar a que las tendencias menos moderadas de la oposición criticaran amargamente lo que ellos entendían como una rendición. Para ellos no tenía sentido alguno que después de la victoria del 6D los jefes de la oposición dieran marcha atrás y renunciaran a defender, como habían prometido, los derechos de los tres diputados y de los miles de venezolanos que los habían elegido.

   Ramos Allup reconocería en su discurso de réplica a Maduro este súbito rechazo de un sector de sus partidarios; pero sin mencionar el origen de su advertencia, recurrió al dictum de Mao Zedong sobre la flexibilidad de los juncos como recurso para resistir sin quebrarse los vientos más tormentosos. También aprovecharía la presencia en el hemiciclo parlamentario de las cúpulas de todos los poderes y del Alto Mando Militar para recordarles que la nueva Asamblea es autónoma y está resuelta a debatir, legislar y controlar con absoluta y democrática independencia.

   La emergencia económica

   Durante la mañana de ese viernes, se produjeron otros dos hechos de gran trascendencia. En primer lugar, el anuncio hecho por el Banco Central de Venezuela, tras muchos meses de silencio culpable, sobre los resultados económicos de Venezuela desde septiembre del año 2014 a septiembre de 2015. Una tasa de inflación que alcanzó la inaudita cima de 141 por ciento, la más alta del planeta, período en que la economía cayó 7,1 por ciento. Estos resultados económicos que Maduro calificó de inmediato como “catastróficos”, fueron el argumento esencial para anunciar que para superar este drama su gobierno había decidido decretar un estado de emergencia económica, en realidad un estado de excepción por razones económicas, que restringe las libertades económicas por un período de 60 días prorrogables por otros dos meses, única manera de derrotar la “guerra económica” iniciada hace dos años por el imperio y por la burguesía apátrida contra el pueblo.

   Tal como lo aclararía esa tarde en su discurso de algo más de tres horas, de ser el decreto aprobado por la Asamblea en un plazo de 8 días, el Ejecutivo podría legislar a su antojo en materia económica, tal como permiten las leyes habilitantes que Ramos Allup anunció que la nueva Asamblea Nacional no volvería a concederle a Maduro, pero incluye, además, desde la posibilidad de limitar el monto de las transacciones financieras (el tristemente célebre corralito neoliberal) hasta el aumento, controversial pero más que tardío, del ridículo precio de los combustibles en el mercado interno, pasando por el derecho a expropiar las empresas que a su gobierno le parecieran que no cumplen con su deber de producir y comercializar los bienes y servicios que se requieran para satisfacer las demandas de la población.

   Desde esta perspectiva resulta oportuno recordar que al asumir la presidencia de la Asamblea el pasado 5 de enero, Ramos Allup informó de dos proyectos de la agenda legislativa de este año 2016, que él calificó, de manera muy tajante, como “compromisos no transables.” Una, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que en su discurso del viernes Maduro volvió a rechazar, con la oferta de crear en cambio una Comisión de Justicia y Verdad para analizar, caso por caso, los 43 asesinatos cometidos durante las protestas callejeras, “guarimbas”, en el lenguaje oficial, que se iniciaron en febrero del año pasado. La otra, la necesidad de rectificar los errores implícitos del modelo económico socialista, y la decisión de buscar, si el gobierno se resiste a rectificar, dentro de los próximos 6 meses, el cambio del gobierno por medios “constitucionales, democráticos y pacíficos.”

   Estos serán los dos frentes de batalla parlamentaria donde las fuerzas del gobierno y la oposición se enfrentarán en lo que puede llegar a ser un cambio real de sistema político y modelo económico, o una radicalización insensata del proceso revolucionario socialista. Según se cansó de repetir Maduro en su mensaje del viernes, la responsabilidad de su gobierno en la crisis que hoy asola a la sociedad venezolana es no haber sido suficientemente revolucionario y socialista como para prevenir y actuar a tiempo contra los promotores de la “guerra económica.” En su versión de la crisis, la indignación de los venezolanos como reacción natural al desabastecimiento, la inflación y la pérdida de valor del bolívar, fue la causa de una confusión del pueblo que a su vez condujo a la victoria de la oposición en la jornada electoral del 6D. De acuerdo con este argumento, para darle un vuelco positivo a los resultados “catastróficos” de los dos últimos años es preciso, primero, derrotar al imperio, causante según Maduro de la caída vertiginosa de los precios internacionales del petróleo, a los empresarios privados declarados en “huelga de producción”, a los acaparadores y contrabandistas, y por supuesto a quienes desde entonces le han declarado la guerra a muerte al valor del bolívar.

   En ningún momento de su discurso admitió Maduro la menor culpa del chavismo en la magnitud sin precedentes de la crisis actual. Nada de lo que hizo y dejó de hacer Chávez y él mismo han sido causas de la catástrofe que por fin comenzó a develar el Banco Central de Venezuela. Ya veremos qué pasa cuando dentro de pocos días se debata sobre la pertinencia del decreto de emergencia con la forzosa interpelación de altos funcionarios del gobierno que esta vez sí tendrán que acudir a la Asamblea Nacional para explicar, números en mano, la dimensión y el origen de esta gran catástrofe nacional.

   Diálogo y confrontación

   Al terminar Maduro su intervención, los venezolanos que seguían desde sus casas el razonamiento de Maduro para describir una vez más las bondades del socialismo y las siniestras consecuencias de las políticas liberales de la derecha, se habían asombrado del respeto protocolar de lo que podría calificarse de nueva realidad política venezolana, sin los insultos y agravios habituales dirigidos a los “otros”, comenzando por el cordial estrechón de manos con que Maduro saludó a Ramos Allup, a quien informó conocer desde los tiempos más bien remotos del antiguo Congreso de la República, en 1999, en el que ambos eran diputados, hasta las sonrisas y gestos de complicidad con que ambos intentaron dar la impresión de que ahora el gobierno y la oposición comenzaban finalmente a reconocerse. Sólo cuando Maduro anunció que bajo ningún concepto su gobierno aceptaría la ley propuesta por Julio Borges, jefe del partido liberal Primero Justicia, dirigida a entregarle el título de propiedad al millón de familias beneficiadas en los últimos cinco años por la Gran Misión Vivienda, momento en que la bancada opositora, también con gran vehemencia, se puso de pie para responderle con un novedoso grito de combate, “¡Propiedad! ¡Propiedad!, perdió la Asamblea su compostura.

   A este asombro colectivo de la posible cohabitación lo siguió muy pronto el asombro mayor de ver y escuchar en cadena de radio y televisión al nuevo presidente de la Asamblea Nacional replicar punto por punto la argumentación de Maduro. Si acudir y rendir cuenta de su gestión presidencial a un auditorio parlamentario de aplastante mayoría opositora constituía un hecho inaudito, ver a Maduro escuchar con paciencia franciscana el sarcasmo, la crítica y los dardos envenenados con que Ramos Allup adorno los 31 minutos de su discurso dejó al país sencillamente estupefacto.

   En primer lugar Ramos Allup defendió su decisión personal de sacar la imagen falsa de un Simón Bolívar sospechosamente parecido a Chávez y su sustitución por reproducciones del cuadro del pintor peruano José Gil de Castro, que el propio Bolívar consideró que era la imagen que más se le parecía. En cuanto a la proliferación de fotografías, pinturas y gigantografías de Chávez que colmaban las paredes y pasillos del Palacio Federal Legislativo, resaltó el presidente del parlamento que lo hizo porque Chávez es el único presidente, desde 1811, cuya imagen ha adornado los espacios del Capitolio nacional.

   En segundo lugar, desmintió a Maduro al señalar que la verdadera y única culpa de la catástrofe económica actual era la aplicación, a lo largo de 17 años, de un anacrónico modelo económico, y que la única solución posible de la crisis era cambiando de modelo. Añadió que si bien la Asamblea analizaría con mucha atención el decreto de emergencia económica que tres horas antes le entregó Maduro y que la Asamblea daría su veredicto en el plazo previsto de 8 días, le adelantaba a Maduro que persistir en el error de estos años, como pretende hacerse con el decreto, sencillamente haría mayores los grandes errores cometidos hasta ahora.

   En tercer lugar les advirtió a los presidentes de los poderes públicos de que los únicos funcionarios en Venezuela con legitimidad de origen eran el Presidente de la República y la Asamblea Nacional, y que los demás poderes, incluyendo al TSJ, eran poderes derivados y sometidos constitucionalmente al control de la Asamblea Nacional.

   Por último señaló, mirando directamente a los miembros del Alto Mando Militar, que de acuerdo con la Constitución la Fuerza Armada de Venezuela era Nacional, sin ningún otro adjetivo, borrando de este modo el vocablo Bolivariana que el régimen le ha añadido. También les indicó que esa misma constitución define a la FAN como un cuerpo profesional, al servicio de todos los venezolanos y le prohíbe a sus miembros tomar partido a favor de alguna parcialidad política. En ese momento el general Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, dio la impresión de estar a punto de interrumpir a Ramos Allup, quien de inmediato lo detuvo con un gesto amable pero firme. “General…”, le dijo al ministro para dejar bien sentada la relación jerárquica entre el poder civil y militar.

   El final de su discurso lo empleó Ramos Allup para plantearle a Maduro una compleja disyuntiva política y existencial. A lo largo de su intervención Maduro le había pedido a los venezolanos solidaridad, diálogo y paz. Ahora Ramos Allup le respondió expresándole la disposición de la Asamblea a dialogar para enfrentar juntos la actual crisis económica, pero que para hacerlo era imprescindible tener en cuenta sus resultados. Y que para alcanzar este objetivo que los venezolanos esperan de sus dirigentes, resultaba imprescindible el gobierno tenía primero que rectificar. El político opositor concluyó que las decisiones económicas eran consecuencia de decisiones políticas, pero no creyó necesario recordar lo que ocurriría si el régimen no le fijaba a sus políticas económicas un nuevo y deseable rumbo, es decir, si no propiciaba un cambio político previo. En definitiva, los venezolanos no han olvidado el expreso compromiso opositor “no transable” de cambiar en ese caso al gobierno de acuerdo con la constitución, en paz y en democracia. En otras palabras parece que Ramos Allup le quiso hacer saber a Maduro que “o el régimen corre o se encarama”.