Laberintos: Escándalo electoral en Venezuela

   Hoy domingo es día de fiesta democrática en cuatro naciones de América Latina. En Haití, Guatemala y Argentina para elegir presidentes y en Colombia a sus próximas autoridades regionales, que asumirán el desafío de gobernar localmente al país, por fin en paz desde hace décadas. Mientras tanto, en Venezuela, donde apenas faltan 6 semanas para la decisiva renovación de todos los diputados a la Asamblea Nacional, 5 nuevos escándalos ensombrecen ominosamente el porvenir político del país y nos hacen temer lo peor.

   El más reciente de estos sobresaltos que embargan y paralizan a los venezolanos ha sido la aparición, en un video transmitido el viernes por la tarde en You Tube y reproducido reiteradamente desde entonces en las redes sociales, del fiscal Franklin Nieves, responsable de dirigir la acusación contra Leopoldo López y de promover la sentencia que lo condenó a más de 13 años de prisión. El contenido de su intervención televisiva de poco más de cuatro minutos ha resultado explosivo. “Decidí salir de Venezuela”, se confiesa el fiscal fugado el día anterior a Estados Unidos vía Aruba, “en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo nacional (léase, Nicolás Maduro) y mis superiores jerárquicos (o sea, la Fiscal General de la República) para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López.”

   En Venezuela nadie pone en tela de juicio que la norma constitucional que establece la independencia de todos poderes públicos es pura ficción. Sin embargo, escuchar por primera vez a uno de los protagonistas de esta grosera violación de la autonomía del poder judicial, ha producido un impacto demoledor. Tanto, que a estas alturas, mediodía del domingo 25 de octubre, ningún vocero del régimen le ha salido al paso a la denuncia. También debemos destacar que esta revelación, hecha al tiempo que en diversas cárceles venezolanos se encuentran encerrados casi un centenar de civiles y militares acusados de los más variados delitos políticos, pero a todas luces sólo culpables de no comulgar con las rojas piedras de molino antidemocrático del régimen, la denuncia del fiscal Nieves rasga irremediablemente los leves velos que desde 2004 han intentado disimular la naturaleza dictatorial del régimen con una leve capa de barniz democrático a partir de la supuesta legitimidad constitucional de su origen, hasta ahora controversial, pero desde este instante indiscutiblemente ilegítimo.

   El segundo escándalo, y que mucho tiene que ver con el empleo de una administración de justicia sometida exclusivamente al poder político, ha sido la acusación de traición a la patria lanzada por Maduro en cadena de radio y televisión contra el empresario Lorenzo Mendoza, quien al frente del Grupo Polar, el único grupo empresarial privado que sobrevive a medias a los estragos de la llamada revolución bolivariana, se ha ofrecido en diversas ocasiones a colaborar con Maduro para impulsar una rectificación del actual modelo socialista de la economía venezolana, y contra Ricardo Haussman, prestigioso economista que fue ministro de Planificación del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y que actualmente se desempeña en la Universidad de Harvard como director de su Center for International Development y como profesor de Desarrollo Económico en la muy prestigiosa Kennedy School of Government.

   El delito que le imputó Maduro a estas dos personalidades ajenas por completo al quehacer diario de la política es una conversación telefónica, grabada ilegalmente por los servicios de inteligencia del régimen y trasmitida también ilegalmente por el canal del Estado, en la que ambos analizan, tal como hace la inmensa mayoría de los venezolanos, la grave crisis económica que sufre Venezuela, las medidas que habría que aplicar para remediar la situación y, en este caso, la conveniencia de llegar a algún acuerdo concreto de asistencia con el Fondo Monetario Internacional, organismo del que el gobierno de Venezuela forma parte desde su creación en los años cuarenta del siglo pasado, para poder poner en marcha un gran programa de recuperación económica. Según Maduro, esa conversación pone en evidencia la conspiración de Mendoza y Haussman con el FMI contra la patria y le exigió al poder judicial actuar en consecuencia. El pasado viernes, el diputado oficialista Pedro Carreño, militar retirado que participó junto a Hugo Chávez en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, le presentó a la Fiscal General de la República una solicitud formal de actuar contra esa supuesta conspiración, firmada por los 101 diputados oficialistas a la Asamblea Nacional. Sin duda, dentro de pocos días ambos acusados serán citados a declarar y corren el riesgo, si se presenta al tribunal para escuchar los cargos de que son acusados, de pasar a ocupar dos de las mil celdas que dijo Maduro tener listas para quienes en lugar de hacer oposición decidan sumarse a las filas de la contrarrevolución.

   Para completar este cuadro de grotesca politización de la justicia en Venezuela, desde hace varias semanas ha estallado un ingrato debate en el seno del régimen, con motivo de que varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que de acuerdo con la constitución deben ser electos por la Asamblea Nacional y por un período fijo de tiempo, llegan el próximo año al fin de los suyos. Como el TSJ resulta imprescindible para limpiar de obstáculos legales el camino del Ejecutivo nacional, y como nadie puede presumir con certeza cuál será el resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Maduro los conminó a renunciar a sus cargos de inmediato, para que sea esta Asamblea Nacional, no la que resulte electa en diciembre, la que decida la identidad de los futuros magistrados. Los jueces salientes, aunque a regañadientes, ya renunciaron, pero ahora las diversas facciones que se dividen el poder en el seno del régimen no se ponen de acuerdo en cuanto a quienes serán los nuevos magistrados. Tal como están las cosas, el procedimiento ha pasado a ser un auténtico atolladero para un gobierno al que cada día se le hace más difícil vislumbrar una luz al final del túnel.

   El cuarto escándalo que amenaza gravemente al régimen es su creciente impopularidad. Todos los estudios de opinión que se realizan en el país coinciden en señalar que el oficialismo sufrirá en las urnas del 6 de diciembre una derrota aplastante. Pero el último sondeo conocido, elaborado hace pocos días por la empresa Análisis Político y Campaña Electoral (IVAD), una de las más antiguas y serias encuestadoras venezolanas, antes muy próxima al partido Acción Democrática, durante estos años al chavismo y ahora buscando una cierta neutralidad, registra números sencillamente devastadores: de celebrarse hoy esa consulta electoral, los candidatos del oficialismo obtendrían 23,2 por ciento de los votos emitidos y los de la oposición se alzarían con 66,9 por ciento del electorado, una brecha de más de 43 por ciento, absolutamente insalvable “electoralmente” a estas alturas del proceso.

   En el marco de esta dramática circunstancia electoral, Maduro ha reiterado su amenaza de estas últimas semanas, al advertir la semana pasada que la revolución ganará estas elecciones, “como sea.” No aclaró el tenebroso sentido de sus palabras, pero luego añadió, dirigiéndose a su gente, “ustedes saben de qué habló”, y terminó afirmando que a Venezuela sólo la pueden gobernar los revolucionarios” y que en el peor de los casos, si la oposición ganara estas elecciones, “él no estaba dispuesto a entregarle la revolución y el pueblo a sus enemigos.” Valga decir, a sus adversarios políticos y electorales.

   Para completar este cuadro de desmantelamiento del Estado, el pasado martes, The Wall Street Journal informó que Rafael Ramírez, miembro del llamado Alto Mando Político de la Revolución, poderoso ex ministro de Petróleo, ex presidente de la estatal PDVSA y actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, estaba siendo investigado en Estados Unidos por haber cometido numerosos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito en Venezuela, pero también en Estados Unidos, donde Venezuela es propietaria de la empresa Citgo, dueña de varias refinerías y de una vasta cadena de estaciones de servicio a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Según la información del periódico, las autoridades judiciales de Estados Unidos cuentan con los testimonios de 6 altos ex ejecutivos de PDVSA para llevar adelante una investigación que puede terminar siendo catastrófica para el gobierno de Venezuela.

   Se trata del peor momento que atraviesa el proceso político puesto en marcha por Hugo Chávez con su fracasado intento de conquistar el poder a cañonazos en 1992. En el 2003, tras los sobresaltos históricos del 2002, que incluyeron su derrocamiento pasajero y el paro petrolero, la popularidad de Chávez se había desplomado y todas las encuestas advertían que sería derrotado a mediados de ese año en el referéndum revocatorio de su mandato presidencial. Para escapar de este peligro, Chávez recurrió a diversas artimañas políticas, judiciales y tecnológicas, precisamente para eso servía y sirve el control absoluto del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Por una parte, el árbitro electoral, echándole mano a todas las triquiñuelas imaginables, fue posponiendo la fecha de la votación hasta el 15 de agosto de 2004, cuando la ofensiva propagandista del régimen naciente y la implementación a toda carrera de ambiciosos programas de beneficencia pública directa, más la decisión, según Chávez sugerida por Fidel Castro, de naturalizar a más de dos millones de colombianos, ecuatorianos y peruanos residentes legales o ilegales en Venezuela por razones de pura subsistencia, le permitieron alterar de manera significativa la correlación de fuerzas. Al llegar a este punto, el Tribunal Supremo de Justicia, con una ilegitima modificación constitucional, convirtió el referéndum en plebiscito y selló la suerte del voto opositor. Cualquier otro riesgo posible que surgiera sería atajado por la manipulación electrónica en las máquinas de votación y en el conteo de los votos.

   Lo cierto es que sólo en una ocasión, el 7 de diciembre de 2007, no pudo Chávez alterar el resultado electoral. Tras su reelección un año antes, su gobierno se propuso introducir en la Constitución aprobada en diciembre de 1999 reformas que permitieran transformar el régimen bolivariano en un régimen socialista, con una organización social basada en comunas inspiradas en la experiencia china. Chávez perdió esa consulta, porque a la inmensa mayoría de los electores no le hacía la menor gracia el proyecto de sociedad que Chávez deseaba para Venezuela, y cuando quiso violentar flagrantemente ese resultado, en el Alto Mando Militar surgieron hondas diferencias que finalmente obligaron a Chávez a reconocer la derrota, pero a su manera, por una diferencia que él aseguró era mínima, de la que el CNE nunca brindó cuentas, y que luego descalificó al llamarla una “victoria pírrica de la oposición.” Muy poco después, por la vía rápida de leyes habilitantes aprobadas en la Asamblea Nacional que le permitían legislar por decreto, Chávez pudo desconocer la voluntad de los ciudadanos y avanzar, “legalmente”, en la construcción de su soñado estado socialista y comunal.

   ¿Podrá hacer Maduro lo que hizo Chávez con el referéndum del 2004 o tendrá que ceder, como hizo Chávez cuando el del 2007? Francamente, ninguna de las dos variantes parece viable hoy por hoy. Sin el liderazgo carismático de Chávez y sin los recursos financieros que proporcionaba entonces el precio del petróleo, bastante más de 100 dólares por barril, con las estanterías de los supermercados y farmacias llenas de productos de consumo, con grandes reservas en divisas para desarrollar una economía de importaciones que facilitara la destrucción del aparato productivo privado y para financiar una amplia política social basada en la distribución gratuita de bienes, dinero y servicios, y ya sin suficiente capital político para imitar a su mentor, poco puede hacer Maduro. Desde esta perspectiva, y ante lo que puede llegar a ser un escándalo electoral sin precedentes, sólo cabe hacerse dos preguntas. Una, ¿qué hará la oposición, tragará los posibles excesos oficiales con su prudencia excesiva de siempre, se conformará con obtener una nutrida representación parlamentaria y nada más, y se dedicará a reagrupar sus fuerzas y prepararse para las elecciones presidenciales del 2019, o arrinconada por esta desmesura oficial no tendrá otro remedio que rasgarse las vestiduras y tomar las calles para denunciar la monumental trampa que necesitaría Maduro para mantenerse en el poder? Y dos, ¿qué harán las fuerzas civiles y militares del régimen, divididas y subdivididas por la falta de un líder indiscutible e indiscutido como lo fue Chávez? ¿Acompañarán a Maduro en la eventual aventura de aplicar grandes e inocultables artimañas, o aprovecharán la oportunidad para sustituir a Maduro como única alternativa para intentar salvar la costosa empresa revolucionaria? De las respuestas a estas interrogantes dependerá el desenlace de este gran drama latinoamericano.