Laberintos: La renuncia de Maduro

 “¡Maduro, renuncia!” Este clamor se extiende cada día con mayor intensidad por las calles de Venezuela, a medida que ha crecido la convicción ciudadana de que el cambio de gobierno es la única manera de frenar la vertiginosa carrera del país hacia una catástrofe social sin precedentes en su historia republicana.

Hace dos años, Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado hicieron este planteamiento con un documento que convocaba a los venezolanos a luchar por la “salida” inmediata de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República. El resto de los partidos políticos integrados en la Mesa de la Unidad Democrática, le negaron su respaldo a una iniciativa que consideraban “radical” y el gobierno se sintió con fuerza para encarcelar a López y a Ledezma, sofocar a sangre y fuego las manifestaciones que sacudieron al país durante varios meses, golpear brutalmente y en pleno hemiciclo parlamentario a Machado, la diputada más votada de aquella Asamblea Nacional, y luego arrebatarle su curul.

Los cambios en la cúpula de la MUD y la gravedad creciente de la crisis, sin embargo, hicieron que en julio del año pasado los dirigentes que no habían compartido 15 meses antes la tesis de la “salida”, firmaran un documento en el que se comprometían a propiciar desde la Asamblea Nacional la cesación constitucional, democrática y pacífica de Maduro en un plazo no mayor de seis meses. Luego, al asumir la presidencia de la Asamblea el 5 de enero, Henry Ramos Allup reiteró ese compromiso y añadió que tanto el cambio de gobierno como la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, cuya aprobación definitiva por la plenaria de la Asamblea tendrá lugar el próximo martes 23 de febrero, eran proposiciones “no transables”.

Las incoherentes medidas económicas anunciadas la semana pasada por Maduro, que incluyen el aumento del precio de la gasolina y una nueva y muy dura devaluación del bolívar, sumadas a la aprobación de esta ley no negociable de amnistía y que el gobierno se apresta a rechazar contra viento y marea con el argumento proclamado por Diosdado Cabello de que en Venezuela no habrá “amnistía, conciliación ni reconciliación”, en la práctica, precipita la crisis política y acelera las acciones de la oposición para decidir cuál es el mecanismo más adecuado para sustituir a Maduro en un plazo incluso menor que los seis meses previstos.

De acuerdo con la Constitución de 1999, existen cinco mecanismos posibles para alcanzar el objetivo de cambiar de gobierno, cuatro de ellos al alcance de la Asamblea Nacional, el referéndum revocatorio, la enmienda de la constitución, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y la declaración de ausencia total del presidente de la República, bien por razones físicas como por dejar de cumplir sus funciones, y una que sólo está en manos del propio presidente, su renuncia.

Esta última fórmula es la más rápida y menos traumática, pero la más difícil, pues depende exclusivamente de la voluntad del interesado. La más compleja y de más incierto desenlace es el referéndum revocatorio del mandato presidencial. Precisamente por lo engorroso del trámite y los riesgos que se corren a lo largo de todo el proceso, tal como ocurrió con el que se realizó en agosto de 2004, es el que preferiría el chavismo. En primer lugar, para convocarlo, la oposición tendría que recoger en apenas tres días la firma y las huellas de casi cuatro millones de solicitantes, que tendrán que ser revisadas y aceptadas por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, en la práctica órganos funcionales del Ejecutivo Nacional. En segundo lugar, una vez superado este obstáculo, tendría la oposición que obtener en las urnas más de los siete millones y medio de votos que consiguió Maduro en abril de 2013. En todo caso, gobierno tiene en la manga el as de la victoria si ante una eventual derrota demorara la celebración del referéndum hasta después de cumplir Maduro cuatro años en el cargo, con lo cual, de perder la votación, lo sustituiría su vicepresidente hasta febrero de 2020, cuando tome posesión de la Presidencia el candidato electo en los comicios de diciembre de 2019.

Por esta razón, en la Asamblea se analizan estos días las diversas alternativas y se espera que en los próximos días, a pesar de que Henrique Capriles anda recorriendo el país para impulsar inexplicablemente por su cuenta la fórmula del revocatorio, anuncie el mecanismo adoptado por consenso para hacer realidad, de la mejor y más rápida manera, el deseado cambio de gobierno y de modelo económico.

Hasta entonces no se sabrá qué camino se seguirá, ni que hará Capriles, pero todo permite suponer que la enmienda constitucional será el mecanismo seleccionado. El objetivo de las modificaciones al actual texto constitucional sería, por una parte, reducir el mandato presidencial de seis a cuatro años, y por la otra, eliminar la reelección inmediata. La ventaja operativa de este mecanismo es que para aplicarlo no se necesitan firmas, huellas ni el visto bueno del CNE y del TSJ, puede ser aprobada por la Asamblea con mayoría simple de los votos y aunque exige su aprobación en consulta popular, no se necesita superar los siete millones y medio de votos que obtuvo Maduro. La simplicidad del procedimiento permitiría elegir a un nuevo presidente este mismo año.

Ahora bien, a medida que la Asamblea Nacional pisa el acelerador para poner en marcha cuanto antes el mecanismo seleccionado, dos factores pueden alterar notablemente las previsiones parlamentarias. Una de ellas es la impaciencia de la población. Cada día el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y el colapso inminente del servicio eléctrico y el suministro de agua, en medio de una sequía absoluta de los dólares necesarios para importar, reparar y pagar la deuda externa de la República, colocan a Venezuela a un paso de disturbios sociales de magnitudes inimaginables, que requerirían, con todas las consecuencias que ello implica, la actuación de la Fuerza Armada Nacional para mantener el control sobre millones de venezolanos desesperados por la hambruna, la escasez de todo lo demás y las enfermedades sin opciones curativas.

Esto ha suscitado en el aparato partidista del régimen y en las gobernaciones en manos del oficialismo que comience a manejarse la opción de presionar a Maduro a renunciar para evitar males mayores, incluyendo una derrota total del chavismo en las elecciones regionales a celebrarse este año, siempre y cuando la eventual acción militar para frenar la irremediable explosión social no termine suprimiendo de facto los pocos procedimientos más o menos democráticos, como las consultas electorales, que aún existen en Venezuela.

Ante esta realidad, la renuncia de Maduro, acorralado por su rotundo fracaso de gobernante, por la indignación popular, por la resolución de la Asamblea Nacional y por la amenaza cierta de una masiva rebelión en la granja chavista, para la que ha terminado por convertirse en un lastre excesivamente pesado, pasa a ser el mal menor para quienes hasta ahora lo han acompañado. Se trata, por supuesto, de una encrucijada todavía indescifrable, pero ciertamente inmanejable para Maduro y compañía. En los días siguientes al 6D tenía la opción de negociar su permanencia en el Palacio de Miraflores hasta el fin de su mandato, pero no lo hizo, y en estas semanas difíciles de la transición en marcha, ya se le ha hecho demasiado tarde para intentarlo. Y hoy por hoy, sus alternativas son muy limitadas: o renuncia, como cada hora más militantes chavistas desean para no perderlo todo, o lo renuncian las acciones combinadas de la Asamblea, la indignación de los ciudadanos y el arbitraje militar. Como quiera que se mire, a esta dramática disyuntiva se reduce en estos momentos el futuro de la llamada revolución bonita.