Laberintos: Venezuela, Estados de excepción

   Hace un par de semanas, en este mismo espacio, reflexionaba sobre los vientos de tormenta que soplan sobre América Latina y escribía que la indignación creciente de los ciudadanos con sus gobiernos de turno, sean de izquierda, de derecha o de todo lo contrario, crean una situación de gran desconcierto y confusión. “Como si a América Latina ya no hubiera quien la pueda gobernar.” Al menos en democracia.

   Esta situación se ha agravado muy considerablemente en Brasil y Venezuela. Entre otras razones, porque tanto Dilma Rousseff y sus partidarios como Nicolás Maduro y sus lugartenientes se niegan tercamente a reconocer el sentido exacto de las circunstancias políticas que condenan a ambos gobernantes a salir del escenario político anticipadamente y con mucha estridencia.

   Esta realidad se pone de manifiesto en la primera página del diario Granma en su edición del viernes 13 de mayo. De acuerdo con la visión unidimensional del Partido Comunista de Cuba, la votación del Senado brasileño que suspendió a Dilma Rousseff de su cargo hasta por 180 días y autorizó su enjuiciamiento político y posible destitución es “un artificio armado por sectores de la oligarquía en ese país, apoyado por la gran prensa reaccionaria y el imperialismo, con el propósito de revertir el proyecto del Partido de los Trabajadores, derrocar al gobierno legítimo y usurpar el poder que no han podido ganar con el voto electoral.”

   Ni corto ni perezoso, Nicolás Maduro asumió la posición cubana, pero fue más allá. Por una parte le ordenó a su embajador en Brasil regresar de inmediato a Venezuela; por la otra, firmó un decreto estableciendo un estado de excepción por tiempo indefinido en todo el país con el argumento de que “tras el golpe de Estado en Brasil, ahora vienen por Venezuela.”

   Último capítulo de esta telenovela bolivariana llena de atentados personales y golpes de Estado frustrados a la que en estos últimos tiempos Maduro acude con excesiva e infructuosa frecuencia para justificar su rotundo fracaso de gobernante, ha sido su anuncio de que ante la supuesta magnitud del peligro que corre la revolución venezolana, la Fuerza Armada Nacional hará grandes maniobras el próximo fin de semana con la finalidad de prepararse mejor para defender a Venezuela de una supuesta invasión militar enemiga. Mentira podrida, por supuesto. Lo que en verdad pretende Maduro es sacar a los militares a la calle para intimidar a sus adversarios y frenar las manifestaciones de protesta que ha planificado la oposición para seguir reclamando esta semana sus derechos políticos en el centro militar y paramilitarmente amurallado del centro de Caracas.

   En principio, los gobiernos de Cuba y Venezuela coinciden en calificar la decisión de las dos cámaras del Congreso brasileño y el referéndum revocatorio con que la oposición venezolana piensa salir de Maduro este mismo año, como sendos golpes de Estado. Discrepan, sin embargo, a la hora de ir al fondo de la cuestión. Según Granma, los sectores políticos y económicos derrotados por Rousseff en las elecciones generales del 5 de octubre de 2014 sencillamente han recurrido ahora a dispositivos jurídicos ilegales para invalidar el mandato de los 54 millones de electores que respaldaron aquel día la reelección de Rousseff. La situación venezolana, sin embargo, es otra muy distinta. En Venezuela, la oposición no fue derrotada en las últimas elecciones, sino todo lo contrario. Como todos sabemos, los adversarios políticos de Maduro obtuvieron en las elecciones del pasado 6 de diciembre una concluyente victoria, más de 60 por ciento de los votos, en gran medida porque su oferta electoral se centró en la activación de los mecanismos constitucionales que permitieran la salida anticipada de Maduro de la Presidencia de la República, un cambio de gobierno necesario para rescatar a Venezuela del abismo de una crisis sin precedentes en su historia republicana.

   En otras palabras, lo que Maduro califica de golpe de Estado en marcha, y contra el cual el poder político y militar de la revolución alerta a los venezolanos y los convoca a una suerte de gran cruzada nacional contra todos los perversos factores de poder que pretenden derrocarlo, en realidad es su forma de rechazar su aplastante derrota del 6D y su decisión autocrática de no someterse al juicio popular del referéndum revocatorio según lo establece el artículo 72 de la Constitución, redactada en 1999 por Hugo Chávez y sus asesores nacionales y extranjeros.

   En ningún caso, la legítima decisión política de la oposición de aprovechar su mayoría calificada en la Asamblea Nacional para devolverle al poder legislativo sus funciones constitucionales de aprobar leyes y controlar a los otros poderes públicos, puede confundirse con una supuesta conspiración contra Maduro. El golpe de Estado que sin lugar a la menor duda está en marcha es lo está armando el régimen para desmantelar lo poco que le queda de democrático al actual sistema político de Venezuela, y proporcionarle a Maduro y al llamado Alto Mando Cívico-Militar de la Revolución la opción desesperada de cerrarle a los venezolanos todos los caminos constitucionales y legales de tomar en sus manos el destino de Venezuela, e impedir como sea una transición pacífica hacia la democracia política y hacia la gestión y distribución racional de las grandes riquezas del país.

   En el curso de estos últimos cuatro meses, los hechos que han marcado la ruta política de Venezuela muestran la naturaleza devastadora del conflicto que hoy separa a una minoría que se niega categóricamente a jugar según las reglas que esa misma minoría consagró en la Constitución hace 16 años, y una mayoría abrumadora de venezolanos, colocados al cabo de estos años de “revolución bonita”, como la llamaba Chávez, en el callejón sin salida de la más extrema escasez de alimentos y medicamentos, de una hiperinflación sin freno ni medida y de un hampa común y paramilitar que impone su imperio, despiadadamente, a punta de pistola, fusiles automáticos y granadas de mano.

   En el marco de esta circunstancia catastrófica, se destacan tres acciones con que el gobierno Maduro amenaza muy seriamente la estabilidad de Venezuela como nación. La primera es la aplicación de un estado de excepción cuyo único propósito, al derogar a capricho del gobernante los derechos civiles consagrados en la Constitución, es impedir de una vez por todas que la oposición siga funcionando como tal. El pasado domingo, el propio Aristóbulo Istúriz, vicepresidente ejecutivo del gobierno, anunciaba a los cuatro vientos que el referéndum revocatorio del mandato presidencial de Maduro quedaba descartado del futuro político venezolano. Esa afirmación la han repetido desde entonces otros altos jefes chavistas. A Maduro, sostienen, no lo sacarán del Palacio de Miraflores con un referéndum revocatorio ni con ningún otro dispositivo constitucional, ni habrá cambio de gobierno. Esa es la consigna del oficialismo para enfrentar a la oposición. Y añaden que quien pretenda hacerlo, que se atenga a las consecuencias.

   La segunda e inadmisible acción que puede producirse en cualquier momento es la liquidación de la Asamblea Nacional, un madrugonazo en el mejor estilo de Alberto Fujimori que le arrebataría al régimen chavista los últimos velos que aún disimulan -aunque cada día sea más precariamente por cierto- las groseras costuras dictatoriales de un proyecto político que dice encarnar la voluntad y el protagonismo del un pueblo que gracias a su revolución en realidad es cada día más ostensiblemente pobre y desdichado.

   Por último, también en cualquier momento, el régimen parece estar resuelto a lanzar su asalto final al sector privado de la economía, cuya joya más emblemática, el poderoso Grupo Polar, ya está más que avisado. Con esta decisión Venezuela se hallaría en ese punto imposible de no retorno en que se encontraba Cuba hasta que sus gobernantes comprendieron que al margen de las condiciones políticas que reinaran en la isla, la revolución debía ceder los espacios de la producción y el comercio a empresarios privados, preferentemente extranjeros para no crear una nueva clase de ricos cubanos, su versión tropical del modelo chino de una nación y dos sistemas, exitosamente exportado a Vietnam.

   Así las cosas, Venezuela ingresa esta semana en territorio desconocido. Como en Brasil, emprende estos días un incierto camino de espinas. Con un agravante: tampoco en esta Venezuela de la excepcionalidad por decreto nadie sabe a ciencia cierta cuál será el desenlace de la irremediable confrontación.