Laberintos/Armando Durán: Con hambre no hay diálogo que valga

   “¡Tenemos hambre, queremos comida!”, es el inaudito clamor que retumba a diario en las calles de toda Venezuela. Protestas que cada vez son más intensas y que muchas veces terminan en saqueos de supermercados, carnicerías, farmacias y hasta camiones de transporte de alimentos. Sólo el martes se contabilizó una docena de incidencias de violencia popular desesperada en 8 estados del país, reprimidos sin contemplaciones por las fuerzas militares y paramilitares del régimen. El lunes, por ejemplo, una madre de 42 años, Jenny Ortiz Gómez, murió durante una de estas protestas, víctima de un perdigón disparado por un policía a quemarropa, a las puertas de un supermercado en la ciudad andina de San Cristóbal, estado Táchira.

   Mientras tanto, como si aún no se hubiera percatado de la magnitud de una crisis global que ya se ha hecho muy dramática crisis humanitaria, el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y Enrique Samper, secretario general de Unasur, se han dedicado estos días a hacer un último y también desesperado esfuerzo para no quedarle mal del todo a Nicolás Maduro.

   En un primer momento la trampa montada hace casi dos semanas por Nicolás Maduro y Ernesto Samper con la mediación de Rodríguez Zapatero y otros dos ex presidentes, Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, se hizo insostenible cuando la escapada de representantes del gobierno y la oposición a un apacible paraje del Caribe dominicano se filtró a la prensa la noche del viernes 28 de mayo. Los partidos políticos agrupados en la alianza llamada Mesa de la Unidad Democrática trataron infructuosamente de controlar el daño de una maniobra cuya clandestinidad no podía tener otro propósito que el de silenciar ocultas intenciones, y poco después tuvieron que admitir la veracidad de la información. Quedaba claro, sin embargo, que la maniobra del oficialismo perseguía el turbio doble objetivo, por una parte, de dividir a la oposición sobre si aplicar antes de diciembre o no el derecho ciudadano consagrado en artículo 72 de la Constitución para revocarle a Maduro su mandato presidencial; por la otra, neutralizar la acción de Luis Almagro para provocar una condena regional del régimen venezolano en el marco de la OEA.

   Sin la menor duda, el objetivo de esta mediación propuesta por Maduro y aceptada inexplicablemente por la oposición no era iniciar de buena fe un diálogo gobierno-oposición que permitiera rescatar a Venezuela del abismo de la peor crisis de su historia, sino convencer a la oposición de renunciara a solicitar un referéndum revocatorio del mandato presidencial de Maduro y a desmotivar a los gobiernos de la región a condenar colectivamente al régimen “revolucionario” de Venezuela, pues si gobierno y oposición se sentaban a una misma mesa para resolver sus diferencias directamente y sin intermediarios internacionales, lo más sensato era posponer por ahora la opción de tomar, en Mercosur o en la OEA, alguna decisión extrema. De ahí que esos primeros contactos se hicieran de común acuerdo, en el mayor de los secretos.

   Ese fue el primer error de Rodríguez Zapatero y compañía. El hipotético remedio de un diálogo tramposo resultó peor que la enfermedad y el daño ha sido irreparable. Hasta el extremo de que la MUD se vio obligada a cancelar su asistencia a una segunda ronda de conversaciones con Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos, bajo la coordinación de Samper, prevista para el lunes 6 de junio. Si el oficialismo y sus mediadores internacionales deseaban avanzar por el espinoso camino del diálogo, la oposición le reiteró al régimen que Maduro tenía primero que satisfacer cuatro condiciones no negociables: anunciar una fecha fija para el referéndum revocatorio, no vetar la ley de amnistía que apruebe la Asamblea Nacional para todos los presos y perseguidos políticos, acatar la autoridad constitucional del Poder Legislativo, que desde el mismo día de su instalación ha sido sistemáticamente invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia, y la implementación inmediata de los 10 puntos del plan de recuperación económica debatido y aprobado por la Asamblea Nacional.

   A partir de ahí todo comenzó a irle mal a Maduro. Si bien el anuncio de esos primeros contactos en República Dominicana le permitieron a la mayoría de los gobiernos de la región desentenderse por el momento del informe de 132 páginas que le remitió Luis Almagro al presidente del Consejo Permanente de la OEA para discutirlo en una fecha próxima, entre el 10 y el 20 de junio, inacción regional que le dejó a la Argentina de Mauricio Macri un terreno propicio para presentar un proyecto de acuerdo al margen del plan Almagro en apoyo al diálogo que habían armado Unasur y los tres ex presidentes iberoamericanos, el acuerdo aprobado apenas fue una invitación continental a ambos “bandos” venezolanos a avanzar por el camino de un diálogo “abierto e incluyente.” Lenguaje diplomático que a fin de cuentas colocaba el caso Venezuela en suspenso, mientras proseguían, en Dominicana, en Panamá o en algún otro rincón del Caribe, las conversaciones que se habían iniciado en Punta Cana. Solución tan poco provechosa para los intereses políticos del gobierno Maduro, que el único país que no firmó la declaración fue Venezuela.

   Por otra parte, el régimen de la mal llamada “revolución bolivariana” pretendía aprovechar la VII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe que se celebró en La Habana el pasado fin de semana para obtener un sólido respaldo de los 25 gobiernos del Caribe al gobierno de Maduro, advertencia suficiente para hacerle ver a los otros gobiernos del continente, en minoría absoluta porque por pequeña e insignificante que sea cada una de estas naciones tiene un voto que pesa exactamente lo mismo que el de las naciones más importantes y poderosas, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil o Argentina. Sólo Raúl Castro, quien había aprovechado la complacencia del anterior secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, para limar todas las asperezas de la revolución cubana con el organismo que hace casi sesenta años la había expulsado de su seno, volvía ahora a denunciar la naturaleza intervencionista del organismo, en esta ocasión en los asuntos internos de Venezuela, y anunciaba a los cuatro vientos que jamás de los jamases regresaría Cuba a la OEA. A pesar de la presión que significa para las indefensas naciones caribeñas la asistencia material que le presta Venezuela por intermedio de Petrocaribe y a pesar también de la firmeza con que Castro se solidarizó con la causa venezolana, el comunicado que finalmente aprobó la plenaria de la Cumbre caribeña, brevísimo e incoloro, al igual que la propuesta argentina aprobada por el Consejo Permanente de la OEA, no toma partido por el gobierno Maduro ni por la oposición, y se limita a exhortar a unos y otros a resolver sus diferencias mediante negociaciones directas, en el marco de la Constitución.

   Llegados a este punto, Rodríguez Zapatero y Samper recurrieron a sus peores mañas. Por una parte, Samper “urgió” a la MUD a retomar el camino del diálogo, como única fórmula para garantizar el bienestar de los venezolanos. Por la suya, Rodríguez Zapatero tuvo la osadía de acudir a la prisión militar de Ramo Verde, donde cumple su condena de algo más de 14 años Leopoldo López, y a quien sólo pueden visitar sus familiares directos y sus abogados, y en conversación que duró más de dos horas, le ofreció al prisionero negociar su libertad si apoyaba la propuesta oficialista de abandonar la alternativa del revocatorio y comprometerse a impulsar un diálogo cuyo acuerdo final sea posponer la aspiración opositora de cambiar de gobierno hasta las elecciones generales previstas para diciembre de 2018.

   López, por supuesto, rechazó el indigno ofrecimiento de Rodríguez Zapatero. La libertad que estaba en juego no era la suya, le advirtió, sino la de Venezuela, y esa libertad no admite negociación alguna. Con la indignación de la población generando mini caracazos regionales en todo el país y con Henrique Capriles dirigiendo en las calles de Caracas el cumplimiento fiel del artículo 72 de la Constitución, la oposición, que hoy por hoy la integra la inmensa mayoría de una población desesperada, ratificó esta semana que sólo volvería a reunirse con los mediadores después que Maduro acepte sus cuatro condiciones.

   No sabemos que habrán hablado Rodríguez Zapatero y Maduro, pero en la noche del pasado martes, en su habitual cadena nacional de radio y televisión, Maduro, con la terquedad inconsciente de los condenados sin esperanza, cerró la última puerta que le quedaba para evitar males y circunstancias aún peores: “Venezuela no necesita un referéndum revocatorio.” Una sentencia que decreta la muerte definitiva e irremediable del diálogo. Y de la paz.