Las cortinas de humo de la Tarea Ordenamiento

Antes de comenzar lo que hoy conocemos como Tarea Ordenamiento, el Gobierno procuró centrar la atención pública en la unificación monetaria. Mientras en secreto se preparaba un paquetazo que reestructuraría no ya la economía, sino la sociedad cubana toda, la gente de la Isla se mantenía tensa —situación que el Gobierno alimentaba con periódicas «bolas»—, sin saber si perderían o no dinero cuando desapareciera el CUC.

A finales del 2020 comenzó una sucesión de comparecencias televisivas donde funcionarios estatales iban presentando una serie de medidas económicas que se introdujeron como accesorias a la unificación monetaria. Esta última se presentaba como el objetivo imprescindible para organizar una economía que se había quedado monetariamente dispersa. El pueblo respiró aliviado cuando finalmente se esclareció que el tipo de cambio popular se quedaría en 1X24 y se otorgarían varios meses de plazo para cambiar los CUC que estuviesen en manos privadas.

Al poco tiempo, el torrente de medidas aparentemente inconexas comenzó a comprenderse dentro de un sistema que se terminó denominando Tarea Ordenamiento. De la unificación monetaria que acaparó la atención durante meses ya nadie hablaba, pues era algo realmente insustancial dentro de todo lo que se estaba anunciando. Fue solo el lubricante con que introdujeron el paquetazo, un mero distractor.

Ahora el debate —siempre dirigido desde la maquinaria mediática gubernamental— se intenta dirigir hacia la inflación, declarada el enemigo número uno de los cubanos, por encima incluso del «bloqueo» norteamericano. Sin embargo, tal como fue la unificación, se trata de una simple cortina de humo para que no se discuta lo verdaderamente trascendente.

El carácter engañoso de los peligros inflacionarios se comprende muy fácilmente si se entiende algo básico: la inflación que pueda producirse después de la Tarea Ordenamiento no puede ser mayor a la cantidad de dinero que el Gobierno lanzó a la calle con la subida generalizada de salarios y pensiones. Los precios solo pueden subir tanto —y eventualmente lo harán— como esa nueva masa monetaria lo permita. Lo que sucede es que el Gobierno quiere que los precios suban menos de lo que la nueva liquidez presiona en el mercado, intentando así que el pueblo note un fortalecimiento en su poder adquisitivo.

El dinero no se come, y de lo que sí se come, o se calza o se viste —los bienes y servicios reales— hay, después de la Tarea Ordenamiento, la misma cantidad que antes. Los cubanos siguen siendo igualmente pobres, solo que con más papel en el bolsillo. Lo esencial de la Tarea Ordenamiento, lo verdaderamente importante, es en qué bolsillos el Gobierno está metiendo más papel y de cuáles otros bolsillos lo está sacando. Y  de ello dependerá el peso de cada sector en el entramado social.

Dicho de otra manera, antes de la Tarea Ordenamiento los precios ya estaban muy altos para el nivel de ingreso de la población. Con la Tarea Ordenamiento, el Gobierno ha subido ese nivel de ingresos nominalmente —más salarios y pensiones— mientras intenta —mediante represión administrativa— que los precios no lo hagan a la par, pretendiendo así aumentar artificialmente el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, como no hay una reforma real de la estructura productiva, la escasez continuará; por lo que eventualmente el diferencial entre ingresos y precios volverá a ser el que era antes de la Tarea Ordenamiento. Todo ello debido a que las cosas terminan costando según la masa monetaria que circule en el país, ni más ni menos.

Por lo tanto es inútil esta lucha contra la inflación que ha desatado el castrismo. Son inútiles los controles de precios —algo que no es nuevo y nunca ha dado resultado a largo plazo— y son inútiles todas las Mesas Redondas en las que el vicepresidente y ministro de Economía o el señor Murillo, que lidera esta Tarea Ordenamiento, salen hablando del tema de los precios y maldicen y amenazan a los «acaparadores y especuladores». La economía tiene leyes tan inexorables como la física o la química. El Gobierno lo sabe, ¿entonces por qué hace tanto ahínco con esto?

Una nueva ingeniería social

Pues para que no se ponga el foco en el asunto verdaderamente importante: esa reestructuración de la sociedad que el Gobierno ha emprendido ajustando ad hoc la distribución del dinero circulante. Se trata de una nueva ingeniería social que intenta adecuar la Cuba actual a las necesidades e intereses de la casta política-militar que se está repartiendo el país, ahora que los Castros son cada vez más espantajo ideológico que poder real.

El aumento de salarios en el sector estatal, principalmente en el sector productivo que es donde más ha subido (además, se han dado facilidades a las empresas para repartir dividendos entre sus trabajadores), se ha hecho a costa de reducir los ingresos en el sector no estatal de la economía. El castrismo intenta recuperar el protagonismo económico que estaba perdiendo ante el empuje de los cubanos que no dependían directamente de él, fundamentalmente cuentapropistas y campesinos, los dos sectores más perjudicados con la Tarea Ordenamiento.

Los cuentapropistas están sufriendo una subida meteórica de sus costes, insumos cada vez más caros y difíciles de encontrar, mano de obra que aumenta de precio a la par que los salarios estatales y servicios básicos —electricidad, agua, gas— con tarifazos «neoliberales». Además, por muchas razones son los que más padecen la devaluación del peso frente al dólar en el mercado negro, que es donde único se puede adquirir esta moneda imprescindible hoy para conseguir cualquier cosa en ese propio mercado o en las tiendas estatales.

A los campesinos, el Gobierno —que es el proveedor monopólico de todo lo que necesitan— les ha subido los costes a niveles astronómicos. A la vez topa, ya sea de manera centralizada estatal, ya mediante los Gobiernos municipales, los precios a los que pueden vender; y solo se les garantiza que obtendrán «el mismo nivel de utilidades que antes». Es decir, seguirán obteniendo por sus producciones la misma cantidad nominal de dinero en una situación en que este se ha depreciado muchísimo.

Victimizando así al sector no estatal de la economía —aun cuando incluya a los productores de alimentos, lo que más necesita el pueblo—, la elite político-militar intenta fortalecer la «empresa estatal socialista» sin tener que cambiar a fondo la estructura de la economía nacional, que es donde descansa su control totalitario.

Pero este fortalecimiento de las empresas estatales no se hace solo a costa de los cubanos del sector económico privado, sino a costa de desarticular el sistema de reparto igualitario que era lo que distinguía al «socialismo cubano» y cuyos beneficios, aunque mínimos, llegaban a la población toda.

Para asegurarse la dependencia del pueblo al Estado, ya no como padre benefactor sino como propietario absoluto de los medios de producción, el Gobierno ha eliminado la red de reparto igualitario denostándola como «subsidios excesivos y gratuidades indebidas», cuando esa red no era más que el reparto de lo que se creaba con unos medios de producción que al menos teóricamente pertenecían al pueblo.

La teoría se acabó. Ahora está claro que la casta gobernante es la propietaria y va a usar lo que produzcan «sus» empresas para remunerar a «su» gente. El que quiera comer tiene que trabajar, ha afirmado varias veces el ministro de Economía; pero debió agregar: tiene que trabajar para nosotros.

Es sabido que en Cuba nunca hubo socialismo —al final nadie sabe que es esa cosa que no ha sido más que una justificación para los descalabros provocados por dictadores varios—, pero sí había una distribución socializada de la miseria que el improductivo sistema económico creaba. La Tarea Ordenamiento elimina ese modelo de distribución, con lo que se puede decir que en Cuba se acabó lo que hubo de socialismo y lo que queda es la dictadura totalitaria ya conocida,  ahora bajo un modelo de reparto según la utilidad individual que cada cubano brinde a los dueños del país.

De este reacomodo de la economía cubana que implica un cambio estructural de la sociedad no se discute. Incluso los medios de comunicación independientes se han centrado —no sin razón y con mucha utilidad— en los entresijos contradictorios de las políticas de la Tarea Ordenamiento, pero poco se ha hablado del cambio global en que esta consiste. Y esto es un logro del aparato mediático del PCC, obtenido gracias a agitar zanahorias como la unificación monetaria o la actual guerra contra la inflación.

Cada vez que un Gobierno declara una «guerra» contra algo se puede estar seguro de que es una cortina de humo. Lenin le declaró la guerra a «los blancos», Franco a la conspiración judeo-masónica, Mao a los intelectuales, Nixon al cáncer, con Reagan se hizo seria la guerra contra las drogas y los Castros han estado sobreviviendo 60 años de guerra en guerra, perdiéndolas todas pero ganando tiempo, una lección que sus herederos parece que han aprendido al dedillo.