Las elecciones serán un negocio de 17 millones de dólares para el FSLN

Las reformas electorales emprendidas por el orteguismo en abril pasado no solo vinieron a cimentar la falta de legitimidad de los comicios de noviembre de 2021, sino que abrieron las puertas a un millonario negocio que beneficiará principalmente al Frente Sandinista, y en menor escala, a los partidos colaboracionistas que el régimen permite participar en este atropellado proceso electoral.

La vía de este millonario negocio es el denominado rubro de financiamiento electoral para los partidos políticos que participan en las elecciones, que se financia con el uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República (PGR).

Estimaciones de analistas establecen que al menos para el Frente Sandinista, tomando en cuenta los porcentajes de votos que se han adjudicado por medio de los fraudes electorales, el financiamiento electoral podría significar para el partido del régimen más de 17 millones de dólares en ingresos frescos, luego de los comicios.

Este monto se logra tomando en cuenta el 1% de los ingresos ordinarios del PGR de 2021 (23.4 millones de dólares) con el porcentaje de votos que el Frente Sandinista se adjudicó en el proceso electoral de 2016, que fue un 72.4% de los votos, a razón de 1.8 millones de votos para el partido rojinegro.

Los 17 millones de dólares podrían aumentar si en un dado caso el Frente Sandinista decide aumentar esta asignación de votos que se adjudicó en 2016.

Cómo funciona el mecanismo de reembolso

La reforma electoral emprendida en abril por el orteguismo y sus aliados políticos en la Asamblea Nacional eliminó el candado de tener que conseguir al menos un 4% de los votos para ser beneficiario del reembolso por parte del Consejo Supremo Electoral. Esta vez, sin importar el porcentaje de votos que registren, todos los partidos en contienda podrán participar del reembolso de gastos electorales.

“El reembolso este año será de aproximadamente ocho dólares por cada voto que se consiga, esto es ‘a posteriori’”, explicó el analista político Eliseo Núñez Morales, quien fue jefe de campaña electoral para los comicios de 2001 del entonces candidato, el empresario radial Fabio Gadea Mantilla.

Antes del inicio de la campaña electoral, el Consejo Supremo Electoral (CSE) emite un aval para que los partidos políticos en contienda consigan un crédito bancario para los gastos de campaña electoral. Este crédito será subsanado posteriormente con el reembolso que haga el Poder Electoral, luego que se registren los resultados finales de los comicios.

“Aquí un punto importante es el rol de la Contraloría. Yo no recuerdo que haya quedado claramente establecido en las reformas electorales, pero bueno antes el reembolso se entregaba contra factura de gastos. Si lo removieron, quiere decir que lo van a reembolsar contra porcentaje de votos asignados y no contra factura; es decir la cantidad de votos que consigás, de acuerdo al monto que se le asignó a cada voto. Ese porcentaje de votos era el techo para tu reembolso, pero te podían dar menos si vos demostrabas con factura que gastaste menos”, explicó Núñez Morales.

Lo que la reforma electoral establece es que “el Estado destinará una asignación presupuestaria específica del uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General correspondiente, para reembolsar exclusivamente los gastos de la campaña electoral en que hayan incurrido los partidos políticos o alianzas de partidos que hubieren participado en las elecciones para presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, diputados y diputadas a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano”.

“Dicho reembolso se otorgará a las organizaciones políticas de acuerdo al porcentaje de los votos válidos que haya obtenido en la elección de presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta. Debiendo rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Supremo Electoral”, añade el artículo 99 de la Ley Electoral, luego de las reformas aprobadas en abril.

Asignaciones en base al porcentaje de votos

Tomando en cuenta lo establecido por la reforma al artículo 99 de la Ley Electoral, las proyecciones de lo que correspondería al Frente Sandinista en concepto de reembolso electoral para los comicios de 2021 pueden definirse, tomando como base los resultados finales del proceso electoral de 2016 aprobados por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Sin embargo, estos comicios se caracterizaron por ser unas votaciones sin ninguna transparencia, con el orteguismo controlando el conteo de votos y de paso eliminando de las votaciones a la principal fuerza opositora en ese momento, que era el Partido Liberal Independiente (PLI), dirigido por el líder opositor Eduardo Montealegre. Estos comicios han sido calificados por expertos electorales y analistas como el “circo electoral de 2016”.

Este proceso de destrucción gradual de la legitimidad y transparencia del CSE inició con los comicios municipales de 2008 y se ha agravado en cada proceso electoral, en los cuales el Frente Sandinista se ha ido adjudicando más votos que en el anterior.

Los resultados del CSE refieren que el partido rojinegro llegó al poder con un 38.07% de los votos en 2006. Luego en 2011, en otras votaciones plagadas de irregularidades se agenció un 62.4% por ciento del balotaje electoral y finalmente los resultados de 2016 le dieron el control absoluto de la Asamblea Nacional.

Los comicios de este año buscan convertirse en una reedición de lo ocurrido en 2016. Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva por medio de su octava candidatura consecutiva por el Frente Sandinista. Lo acompaña su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmula. Esta vez, el régimen encarceló a siete precandidatos presidenciales, entre estos aquellos que encabezaban los sondeos, y anuló la personería jurídica en la que participan la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadanos por la Libertad, las dos principales plataformas opositoras.

Una investigación de CONFIDENCIAL publicada en su sitio web el sábado 28 de agosto reveló como el sistema electoral, desde las Juntas Receptoras de Votos hasta los magistrados electorales, está controlado por el orteguismo con la cooperación de los partidos colaboracionistas. Todo esto implica que el oficialismo volverá a controlar el conteo en las urnas y por ende, decidir las asignaciones de porcentajes de votos, como ocurrió en 2016.

Las elecciones de noviembre de 2021 en Nicaragua no cuentan con un solo partido opositor creíble participando, debido a su pobre peso electoral y político. Foto: Confidencial | Archivo.

El misterio de las facturas por gastos electorales

El CSE puede ordenar la presentación de las facturas mediante una resolución, pero a la fecha el Poder Electoral no ha emitido ninguna ordenanza en ese sentido. La Contraloría General de la República (CGR), igual que el resto de estructuras del Estado, está bajo control del orteguismo, y no se ha pronunciado sobre esta situación.

La Ley Electoral y las respectivas reformas electorales tampoco establecen que la CGR haga pública la supuesta evaluación que hace de los gastos electorales, presentados por los partidos políticos y sus respectivas justificaciones. Esto es una práctica que se ha agravado desde que el ente fiscalizador pasó a ser controlado directamente por el orteguismo desde que el mismo alcanzó el poder en 2006.

“Se esperaría que el Consejo Supremo Electoral emita una resolución sobre los informes periódicos de gastos de campaña que tienen que hacer los partidos políticos y el mecanismo de validación de estos gastos, contra factura. Claro, insisto, en años anteriores funcionaba que a vos te reembolsaban no en base a tu techo de votos obtenidos, sino a lo que presentabas en facturas. Es lo que debería pasar”, añadió Núñez Morales.

La apertura al “zancudismo”

Un informe del Grupo Promotor de la Reformas Electorales (GPRE) publicado a raíz de la aprobación de las reformas electorales de abril pasado advirtió cómo las mismas, principalmente aquellas referidas a la anulación de los controles en el rubro de los gastos por reembolso electoral, se encaminaba a fomentar el denominado “zancudismo político” en los comicios de noviembre próximo.

El GPRE señala que esta maniobra de retribuir con financiamiento a los partidos que no hayan tenido siquiera el 4% de votos válidos, propicia el colaboracionismo de partidos políticos que no tienen ningún peso electoral entre los votantes y por ende, no son rivales de Ortega y el Frente Sandinista. “En las consideraciones del GPRE se promueve el surgimiento de elementos viciados en la administración y aplicación de la Ley Electoral”, añade el informe.

Otro punto clave en la reforma electoral fue la anulación de que los partidos políticos participantes puedan optar por financiamiento proveniente del exterior o incluso realizar colectas populares para recaudar fondos para gastos de campaña.

Esta medida busca entorpecer la búsqueda de fondos de aquellas fuerzas políticas opositoras que realmente buscaban ser un contrapeso del Frente Sandinista durante los comicios. Sin embargo, posteriormente Ortega liquidó toda competencia electoral al anular la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Una investigación publicada por CONFIDENCIAL el pasado 17 de marzo reveló que en los primeros doce años de Gobierno de Daniel Ortega, los ingresos anuales del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) crecieron 14 veces. El partido pasó de recibir 34.1 millones de córdobas en 2007 a 457.5 millones de córdobas en 2019, según los estados financieros de esa organización partidaria publicados en el diario oficial La Gaceta, Diario Oficial del Estado.

De acuerdo a los reportes publicados en La Gaceta, los ingresos del FSLN se dividieron, entre 2007 y 2019: en primer lugar, 2886 millones de córdobas de fuentes opacas (80.2%); 557.1 millones de córdobas en concepto de aporte de militantes (15.48%), y 43.37 millones de córdobas en aportes de cargos públicos (1.2%). y los reembolsos del Consejo Supremo Electoral reportados fueron el último rubro divulgado, sumando 89.3 millones de córdobas (2.48%), un poco más de 2.5 millones de dólares.