Las otras cuatro opciones que tiene EE.UU. para condenar a Nicolás Maduro
Los analistas Gissou Nia y Rodrigo Diamanti, de la organización Just Security, creen que aunque las acusaciones contra el régimen venezolano sobre corrupción, manipulación de procesos electorales y narcoterrorismo son importantes, no pueden dejar a un lado los atroces abusos contra los Derechos Humanos de Nicolás Maduro y su cúpula.
Las recientes acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. acusan a Maduro y a su círculo íntimo de robar miles de millones al pueblo venezolano para alimentar una empresa criminal narcotraficante destinada a inundar drogas en los Estados Unidos. Si bien poner fin al tráfico de narcóticos ilícitos del régimen de Maduro es un objetivo importante, la criminalidad de Maduro también se extiende a los crímenes contra la humanidad.
Los sobrevivientes de los abusos generalizados de Maduro quieren que rinda cuentas por la brutal represión de disidentes de su régimen a través de la detención arbitraria, la tortura, la violencia sexual, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Un análisis publicado por Just Security, ONG dedicada a los Derechos Humanos con sede en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, cree que atacar estas vías también beneficiaría a los Estados Unidos pues «podría demostrar su compromiso con la promoción de los Derechos Humanos en todo el mundo en un momento en que hay serias dudas, al tiempo que alienta una acción más audaz de la comunidad internacional para responsabilizar a Maduro».
En el texto, se proponen las 4 vías que tiene Estados Unidos para atacar el problema Maduro, desde vías judiciales apuntando a sus grandes excesos en el área de los Derechos Humanos contra los venezolanos, dentro y fuera del país.
La primera forma la tendrían los fiscales federales de los Estados Unidos. Haciendo uso de leyes estadounidenses como el estatuto federal de tortura extraterritorial, Sección 2340A del Título 18 del Código de los Estados Unidos, para acusar a Maduro y su círculo íntimo de maltrato al pueblo venezolano.
Fiscales podrían acudir al Estatuto Federal de Tortura Extraterritorial, para agregar crímenes al expediente del régimen madurista
Este estatuto de tortura requeriría que el autor sea ciudadano estadounidense o se encuentre «presente en» Estados Unidos, por lo que sería difícil acusar de tortura a través de una acusación separada.
Pero otro panorama sería sí existe un cambio de liderazgo en Venezuela, pues podría aplicarse la extradición desde allí o de otro estado en donde los perpetradores busquen refugio, entonces se podrían agregar cargos de tortura si el Estado extraditante estuviera dispuesto a renunciar al «principio de especialidad».
Una segunda ruta estaría en manos del Congreso y su aprobación de un estatuto de crímenes contra la humanidad que ha estado muy debatido y un estatuto penal federal sobre ejecuciones extrajudiciales, con aplicación retroactiva.
Si bien el estatuto federal de tortura podría aplicarse en el caso de que Maduro sea llevado a los Estados Unidos para ser juzgado, las nuevas leyes propuestas darían a los fiscales estadounidenses más herramientas para acusarlo por una gama más amplia de delitos.
El proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad, presentado en 2009, propuso convertir en delito ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil que implica asesinato, esclavitud, tortura, violación , detención arbitraria, exterminio, toma de rehenes o limpieza étnica. Este texto debe ser reintroducido y aprobado para proporcionar un vehículo de responsabilidad al régimen de Venezuela
Aunque el proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad no fue aprobado en anteriores ocasiones y que el proyecto de ley sobre ejecuciones extrajudiciales aún no se ha presentado, habría buena disposición por parte de la administración Trump y los miembros del Congreso, ambos partidos se han mostrado listos para tomar medidas legales extraterritoriales para enfrentar a gobiernos enemigos como el venezolano y el iraní.
En el informe, firmado por Gissou Nia, abogada de DD.HH. del Atlantic Council y Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG ‘Un mundo sin mordaza’, se invita a las autoridades de la administración Trump a fomentar un enfoque transversal entre los departamentos y autoridades que atienden los asuntos de Derechos Humanos, antiterrorismo y narcóticos, para evitar una fragmentación que ha dado como resultado que los combatientes de ISIS que son acusados bajo leyes federales de terrorismo, no son acusados por crímenes de guerra o contra los DD.HH, aún con toda la evidencia necesaria para hacerlo.
La idea es que los fiscales y el Congreso estadounidense aborden estos puntos para asegurarse de que Maduro y su clan también sean acusados por violaciones a los Derechos Humanos.
La tercera opción la tiene el gobierno incluyendo a Venezuela a la lista de patrocinadores del terrorismo. Agregar al régimen de Maduro en esta lista compuesta por Siria, Irán, Sudán y Corea del Norte, permitiría que ciudadanos estadounidenses puedan presentar demandas civiles por daños y perjuicios contra el Estado de Venezuela por actos criminales en forma de tortura, toma de rehenes y ejecuciones extrajudiciales.
Existen pruebas de que el régimen de Maduro -en la imagen saludando al guerrillero Iván Márquez-, es socio estratégico de las Organización Narcoterrorista de origen colombiano FARC
Esta tercera vía se sostendría pues las acusaciones de Estados Unidos incluyen el apoyo del régimen madurista a las FARC, organización declarada terrorista por el Departamento de Estado. Y sobre cómo afectaría a un inmediato gobierno de oposición en virtud de los juicios que tendría pendiente la nación, ya existen antecedentes de cómo se han eliminado de la lista países con acuerdos negociados cuando hubo un cambio de gobierno.
La cuarta y última ruta estaría en los Tribunales Internacionales. Estados Unidos emitió su acusación de narcotráfico, mientras que el fiscal principal de la Corte Penal Internacional (CPI) todavía está considerando si abrir una investigación oficial sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Maduro. No está claro por qué esta decisión no se ha finalizado 1 año y medio después de que seis países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) remitieron el caso al fiscal, el primero en la historia de la corte, y más de dos años desde que el fiscal abrió por primera vez un examen preliminar.
El régimen de Maduro autorremitió la situación en su territorio a la corte en febrero de 2020, alegando que Estados Unidos, con sus sanciones, ha causado sufrimiento al pueblo venezolano que constituye crímenes contra la humanidad.
La Corte Penal Internacional (CPI) todavía está considerando si abrir una investigación oficial sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Maduro
No es ningún secreto que la administración de Trump ha adoptado un enfoque particularmente desagradable con respecto a la CPI. No obstante, el tribunal sigue siendo un órgano vital para promover las normas de justicia globalmente aceptadas.
Tal vez la investigación sobre las violaciones contra los Derechos Humanos perpetradas por Maduro podría proporcionar un área de cooperación entre los Estados Unidos y la CPI, similar a cuando el presidente George W. Bush suavizó su hostilidad de larga data hacia la CPI y permitió que prosiguiera una remisión del Consejo de Seguridad, lo que resultó enla orden de arresto que emitió la Corte contra el presidente sudanés Omar al-Bashir por asesinatos en Darfur.
