Laurence Debray: ¿Están los políticos por encima de la ley?

Ilustración de Alejandra Svriz

Recientemente, una sacudida política estremeció la escena francesa. Marine Le Pen, que ya se veía en el Elíseo, fue declarada inelegible durante cinco años por el tribunal correccional de París, condenada a cuatro años de prisión –dos de ellos firmes, a cumplir con brazalete electrónico– y a una multa de dos millones de euros. Ni siquiera se quedó en la sala para escuchar la lectura de la sentencia, respaldada por un expediente de 152 páginas. La pena es de aplicación inmediata debido al riesgo de reincidencia. ¿De qué se le acusa? De haber causado un perjuicio estimado en 4,1 millones de euros por desvío de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios de los eurodiputados del Reagrupamiento Nacional durante once años. Los jueces consideran que la dirigente del partido de extrema derecha estaba en el centro de una trama organizada y optimizada por su padre, que ella mantuvo con determinación. Desde el inicio de la investigación en 2017, ha hecho todo lo posible por retrasar el proceso, negándose a presentarse a las citaciones judiciales o a responder a las preguntas de los jueces.

Algunos gritan al escándalo, como Putin, Orbán, Bolsonaro o Trump: todos aquellos que Emmanuel Macron ha calificado como parte de la «internacional reaccionaria». Incluso políticos franceses de otros partidos han alzado la voz indignados. Sin embargo, los jueces no han hecho más que aplicar la ley conocida como «de moralización de la vida pública», aprobada por unanimidad en 2016. Sí, los jueces se atrevieron a hacer su trabajo y ahora se les toma como chivos expiatorios. Pero si esta decisión está jurídicamente fundamentada, desde un punto de vista democrático plantea preguntas. Marine Le Pen ha presentado recurso. Como gesto de apaciguamiento, la justicia ha anunciado que acelerará su procedimiento habitual para dictar sentencia definitiva en el verano de 2026. Un privilegio, sin duda, para alguien que denuncia la persecución de «la república de los jueces». Al final, la justicia no parece tan igual para todos.

Si antes se presentaba como defensora de la moral pública, ahora se muestra como víctima de un complot del «Sistema» para eliminar a quien concentra en torno al 30 % de intención de voto. «Nos robaron las legislativas, pero no dejaremos que nos roben las presidenciales». ¿Está amenazando con tomar el Elíseo como Trump tomó el Capitolio? «Jamás la oligarquía ha aceptado que el pueblo decida o vote», asegura. Marine Le Pen, que intentó durante años blanquear su imagen con un discurso más moderado, muestra ahora su verdadero rostro. Su actitud es agresiva, pero no especialmente convincente. «¿Debía el mayordomo de Jean-Marie Le Pen ser pagado por los contribuyentes franceses?», le preguntó —supuestamente con ingenuidad— el presentador del informativo de TF1, Gilles Bouleau. Y añadió: «Se le está aplicando a usted lo mismo que usted pedía para los demás».

Según los últimos sondeos, los franceses se muestran más comedidos que muchos dirigentes políticos que han manifestado su desconfianza hacia esta decisión judicial. Un 65 % de los encuestados dice no sentirse «conmocionado». Una ligera mayoría (54 %) incluso opina que Le Pen ha sido «tratada como cualquier ciudadano ante la ley» y que esta decisión «demuestra que nuestra democracia funciona bien». Sin sorpresa, más de 8 de cada 10 votantes del Reagrupamiento Nacional opinan lo contrario y tienen previsto expresar su enfado en una manifestación este domingo por las calles de París.

Si su candidatura a las presidenciales de 2027 está comprometida, no lo está la de su partido. Pero Marine Le Pen ya ha descartado oficialmente ser reemplazada por su número dos. El plan B, es decir, Bardella, presenta debilidades. El joven no tiene la experiencia de su mentora, doble finalista en la carrera al Elíseo. Aunque arrasa en TikTok y ha vendido decenas de miles de libros, aún tiene mucho que aprender. A menudo se le pilla en errores por ignorancia. ¿Están los franceses dispuestos a confiar el poder a un joven con aspecto de yerno ideal pero sin título ni competencia, que en 2027 apenas tendrá 32 años, justo cuando acechan las amenazas de una guerra y de un Trump fortalecido? El hartazgo generalizado y la frustración de una población que se siente olvidada, incluso humillada, podrían alimentar el ascenso del RN, especialmente si ningún candidato sólido emerge desde los partidos tradicionales, ya sea de derechas o de izquierdas. ¿Estamos preparados en Europa para votar por un poder abiertamente iliberal, que se reclama de Trump y de Putin? Ahora que Estados Unidos, Israel, Turquía y Hungría ya han abierto esa vía. La operación verdad está en marcha.

«Podrán pasearse por los platós de televisión para quejarse de la justicia. Es el privilegio de los tramposos de guante blanco que se presentan como víctimas»

Y el caso no termina ahí, porque Jean-Luc Mélenchon, líder de la extrema izquierda y antiguo eurodiputado, también está siendo investigado desde 2017 por la oficina antifraude de Bruselas. Se le acusa de haber utilizado a sus colaboradores europeos para actividades políticas en Francia. El perjuicio estimado para el Parlamento Europeo asciende a 500.000 euros. El actual primer ministro, François Bayrou, que se declaró «perturbado» por la reciente condena de Le Pen, también está siendo investigado por hechos similares, por un valor estimado de 300.000 euros. Absuelto «por falta de pruebas» en primera instancia, será juzgado de nuevo en apelación. Pronto podrán pasearse por todos los platós de televisión para quejarse de la justicia. Es el privilegio de los tramposos de guante blanco que se presentan como víctimas. Y, por supuesto, nunca admiten sus errores. Se creen por encima de la ley y amenazan a los jueces. Piensan que todo les está permitido mientras puedan contar con un electorado fiel y ciego. En resumen, como dijo valientemente la humorista Sophia Aram: «Todos los que hoy lloran la inhabilitación de Marine Le Pen están defendiendo el derecho de los cargos electos a desviar fondos públicos». ¿Es demasiado pedir a nuestros dirigentes que tengan un mínimo de moralidad? Sin moral no hay justicia. Y si todos terminan condenados, ¿quién quedará para representarnos?