Legitimidad y democracia

Todo político anhela legitimidad como un sediento en medio del desierto. ¿Qué tienen en común Nicolás Maduro, Raúl Castro, Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Ollanta Humala y Michelle Bachelet? Que las encuestas más recientes en sus países los dejan muy mal parados, que cada uno de sus regímenes confronta graves dificultades, que están, por ende, perdiendo legitimidad.

Según la “Enciclopedia de la Política” (elaborada por el ex-presidente ecuatoriano Rodrigo Borja), la legitimidad en el campo de la política “es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad pública.” Por ello, necesariamente implica un determinado sistema de valores. La legitimidad es así “una credencial ética para mandar y ser obedecido.”

 La elección de un jefe de Estado o de gobierno por decisión del cuerpo electoral más amplio posible es la forma que la democracia ha adoptado para darle a los gobernantes una legitimidad que corrientemente se llama “de origen”, porque nace del resultado comicial. Tal legitimidad puede ser duradera en el tiempo, o puede terminarse debido a un mal desempeño del cargo. Esa es la razón por la cual se habla de que a la hora de juzgar la legitimidad de un régimen se debe tomar en cuenta no sólo su origen, su legitimidad inicial, sino además su versión inmediatamente siguiente, que es la legitimidad durante el desempeño. Una acción de gobierno plena de abusos de autoridad, de corrupción, de violación a la constitución, de incompetencia, pierde toda legitimidad de desempeño.

Algo que debe tener en cuenta la oposición venezolana: las legitimidades ni son automáticas, ni se producen porque mi rival pierda la suya. Si él es ilegítimo, ello no significa necesariamente que yo sí seré percibido como tal.

Un factor importante es sin duda alguna entender la diferencia entre lo legal y lo legítimo. No siempre un hecho legal es legítimo. Lo primero implica concordancia con la ley. Pero esta última puede ser cuestionada por razones diversas. La legitimidad implica la concordancia con valores, con principios éticos consensuados en una determinada sociedad.

Los regímenes mencionados al comienzo están perdiendo legitimidad (cada uno según las peculiares circunstancias históricas, culturales y políticas de su sociedad), porque según sus ciudadanos han violado la indispensable legitimidad de desempeño.

Cuando muchos de los actuales presidentes latinoamericanos, a la hora de evaluar al actual gobierno venezolano sólo se fijan en la legitimidad de origen, están sacrificando principios y valores. No están actuando éticamente, y están traicionando no sólo principios, sino arreglos institucionales específicos de la legislación de cada uno de sus países, ya que olvidan que en toda real democracia el ejercicio del liderazgo es forzosamente un acto institucional, no personal.

Un presidente democrático no es un individuo con un poder decisional sin límites temporales, jurídicos o éticos. La democracia, como la enseñaron y practicaron los atenienses, es precisamente lo contrario: su esencia está centrada en señalar cuáles son los límites al poder, a sus acciones, a sus decisiones.

 Los presidentes como Maduro, Correa, Ortega o la Kirchner, son hoy vistos como unos líderes descontrolados: han perdido durante su gestión una noción fundamental para la democracia: el líder democrático es un líder que debe mantenerse bajo control. Y ello es así porque una pregunta central que se hace una sociedad cuando crea el entramado institucional y constitucional que regirá la gestión de su gobierno es: ¿qué garantías tienen los ciudadanos de que el líder no intentará abusar del poder decisional que le han concedido?

Por ello, otra forma de abuso, de violación de valores, de deslegitimación y manipulación legal, es esa especie de peste negra que esta azotando a América Latina en la actualidad: la reelección presidencial. En ella, el descontrol se manifiesta al buscar que la voluntad continuista del Ejecutivo se imponga sobre los naturales controles constitucionales, legislativos y judiciales. Así, el control jurídico del poder es sacrificado en aras del control político del mismo.

Como dice el politólogo italiano Sergio Fabbrini: “en una democracia el poder de conceder el poder reside sólo en los ciudadanos.” Y un ciudadano es, a fin de cuentas, una persona que tiene un arma fundamental: el poder de expresar con palabras su opinión, la facultad de cuestionar, de interrogar, de analizar, de emitir juicios, en suma, de juzgar. Y no hay nadie más evaluable y juzgable en democracia que quien detenta el poder por cesión temporal del soberano, de la ciudadanía.

 ¿Cómo se controla y evalúa a un presidente que ha obtenido una legitimidad democrática en su origen, es decir, ha sido electo por el voto popular, durante el tiempo que transcurre de elección en elección? Existe, además del “control electoral” –la voluntad ciudadana expresada en el voto-, otros espacios intermedios de control, derivados del arreglo institucional del país. Porque las instituciones democráticas hacen posible el liderazgo, pero también lo limitan. Para ello existe, por ejemplo, la necesaria división de poderes. Y un gobierno ilegítimo es un gobierno con tendencia a convertirse en invasor de espacios de acción y usurpador de decisiones que no le corresponden.

Líderes totalitarios como los Castro, o Chávez y Maduro, destacarán siempre como fundamental la legitimidad carismática, antes que la jurídico-positiva. En el caso de Maduro, claro, la masa no está para bollos. Intentó mantener el contrato social con el pueblo logrado hace años vía las misiones, y la situación económica, la ineficiencia, la incapacidad y la corrupción están volviendo cenizas ese viejo contrato.

El hecho es que, como afirma Fernando Savater: “el conflicto político más significativo de nuestra época es la creciente incompatibilidad entre la legitimidad democrática del poder, con sus urgentes exigencias de participación efectiva y respeto escrupuloso de los derechos humanos en lo que tienen de anti-razón de Estado, y la viabilidad misma del Estado oligárquico, burocrático y militar que hasta ahora conocemos.”

 Ante la extrema ilegitimidad que afecta a Nicolás Maduro -considerado ilegítimo no sólo por su desempeño, sino incluso en su origen-, una pregunta que podemos hacernos los venezolanos es: ¿qué espera la oposición partidista para exigir su renuncia? ¿Qué más debe ocurrir para que lo consideren inequívocamente ilegítimo?