Leonardo Vera: El Plan Rodríguez / Weisbrot tropieza con la estructura

Big Fish and the Perils of the Fishery, de Mark Wagner.

Hace apenas unos días, Mark Weisbrot y Francisco Rodríguez, dos conocidos economistas con estrechos contactos e influencia en los círculos gubernamentales, dieron a conocer públicamente, en ediciones separadas de dos diarios de circulación nacional, sus impresiones sobre la crisis económica que atraviesa Venezuela, avanzando un conjunto de ideas sobre cómo salirle al paso a los descomunales desafíos.

Hay tantas coincidencias en sus propuestas que podemos amalgamarlas y conocerlas como el Plan Rodríguez / Weisbrot. Pero antes de resumir, de manera muy breve, estas propuestas del Plan Rodríguez / Weisbrot, conviene precisar cuál es la “visión” que ambos autores comparten del problema económico que encaran Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro.

En primer lugar, ambos analistas son de la opinión que Venezuela atraviesa una crisis coyuntural. Rodríguez la califica como “un episodio temporal”, que en Weisbrot se resume en “al menos un año más para hacer que la economía revierta su rumbo”. En segundo término, tanto Weisbrot como Rodríguez plantean que la solución a la crisis se concreta en aguantar un tiempo más la dura carga que imponen los compromisos externos y poner en marcha un conjunto de medidas de naturaleza estrictamente macroeconómica.

En concreto, bajo la premisa de que “el país aún no está en la quiebra” (cualquiera sea el significado de aplicar tan extrañamente esta categoría a la economía de un país), el Plan Rodríguez / Weisbrot conviene en señalar que Venezuela tendría activos suficientes para cancelar los cerca de 30 mil millones de dólares por compromisos de deuda que tienen República y PDVSA, tanto con acreedores externos como con los bancos de la República Popular de China, en los próximos 24 meses. Según Rodríguez, Venezuela contaría con 50 mil millones de dólares para cubrir la brecha financiera externa, en tanto que Weisbrot cita a Rodríguez y señala que son más bien 60 mil millones.

¿Dónde están esos recursos? ¿Por qué el Gobierno no los ha utilizado para atender las gravísimas carencias que padecen hoy día la economía y el pueblo venezolano? Rodríguez da algunas pistas al respecto: entre otras cosas, destaca que Venezuela cuenta con “inversión extranjera directa del Estado venezolano en el exterior, tal como la inversión de PDVSA en las refinerías”.

Así, mientras el gobierno se dispone a empeñar activos y vender refinerías, el Plan Rodríguez / Weisbrot además propone ir corrigiendo el desequilibrio externo con un ajuste cambiario y corregir el desequilibrio interno con un ajuste fiscal. Y para contener algunos efectos no deseados de estos ajustes ortodoxos, Weisbrot plantea “establecer un sistema tipo bonos de alimentos que permita proteger a las personas de los aumentos de precio”. El gobierno de Maduro, pues, tiene en sus manos una receta minimalista “para ponerles fin a las crisis en la balanza de pagos y a la escasez crónica, junto con la recesión de los últimos dos años”.

Palabras más o palabras menos, el Plan Rodríguez / Weisbrot es lo que el presidente Nicolás Maduro anunció el día 17 de febrero: un aumento en los tickets de alimentación al que se le suman un ajuste cambiario y un plan de mayores impuestos.

Este plan es una receta cuyo único destino es el fracaso. Y explicaré muy brevemente por qué.

El punto clave está en comprender que la corrección de los desequilibrios macroeconómicos que la economía venezolana padece no sólo requiere políticas macro, sino además levantar las restricciones estructurales e institucionales que impiden que esas políticas, por muy bien formuladas e intencionadas que sean, trabajen y generen los resultados deseados.

Veamos algunos aspectos ilustrativos.

El Plan Rodríguez / Weisbrot supone que ajustando la paridad cambiaria a una tasa que el mismo Weisbrot establece entre 150 y 200 Bs/USD$ y promoviendo un ajuste fiscal (es decir: más impuestos y menos gastos), Venezuela resolvería su problema externo. Es decir: se desvanece el problema de la escasez de divisas, pero además el país rompe la espiral inflación-depreciación activada por la dinámica que ha adquirido el mercado paralelo. ¿Cómo es que ocurre este milagro? Presumiblemente, porque se cree que el ajuste fiscal desinflará las importaciones por la vía de la demanda, en tanto que el ajuste cambiario las encarecerá y promovería las exportaciones. Así la normalización o el balance en el flujo de oferta y demanda de divisas acabaría con el mercado paralelo y, contando con la cooperación de la política fiscal, el problema inflacionario estaría atajado.

El problema es que esta mecánica no funciona para el caso de Venezuela hoy. Y las razones son varias.

Por un lado, el ajuste fiscal y en la tasa de cambio no pueden generar efecto alguno sobre las importaciones porque esas importaciones ya están restringidas (y muy por debajo de la “demanda nacional”), como resultado del racionamiento de divisas. Por otro lado, la sensibilidad o el grado de respuesta de las exportaciones no petroleras a la devaluación real del tipo de cambio es prácticamente nulo, a razón de las restricciones estructurales que enfrenta el sector productivo después de años de acoso, deterioro y destrucción.

Mientras para las empresas un esfuerzo de internacionalización puede tomar años, para el Gobierno la tarea de destruir mercados puede durar una tarde de televisión.

Exportar supone de un esfuerzo de mercadeo, logística, calidad, competencia y acceso que, en el deplorable y desventajoso estado en que se encuentran las empresas localizadas en Venezuela, resulta una tarea cuando menos titánica. Las empresas venezolanas ni siquiera tienen inventarios para producir, pues una ley criminalizó su práctica. Hoy las empresas en Venezuela producen al 40% o 50% de su capacidad instalada, ya sea porque no tienen materias primas, porque no tienen energía o porque no tienen trabajadores. Ya los economistas estructuralistas en la década de los cincuenta descubrieron que estas carencias eran obstáculos al crecimiento y al comercio, típicos de los países atrasados.

Si no hay efectos significativos de las políticas macro sobre los flujos comerciales, entonces no hay posibilidad de cerrar la brecha externa, no hay posibilidad de derrumbar la dinámica del tipo de cambio paralelo y tampoco hay forma de atajar la inflación por esa vía.

Agotadas las reservas, a Venezuela sólo le queda recurrir al financiamiento externo, bien sea liquidando activos con descuentos descomunales (la vía Rodríguez / Weisbrot) o acudiendo a la comunidad financiera internacional.

Sin embargo, incluso si el ajuste fiscal y el ajuste cambiario generaran las divisas que las empresas requieren para importar los insumos, las materias primas y partes, y levantara la producción, la actividad productiva no se movería pues hay un severo déficit de energía.

Tomando los parámetros de un estudio de Barreira y Campos de 2012, hecho sobre la elasticidad del PIB al consumo de energía eléctrica en Venezuela, y considerando el déficit actual (que es de 1.100 Mw), para crecer apenas al 3% el país necesitaría incorporar a la red 5.400 Mw adicionales, algo que se traduce en un crecimiento de casi 30% en la oferta de energía.

Semejante desafío no es asunto de “episodios temporales”, sino un serio problema estructural.

Más aún. Supongamos que esa obra milagrosa del ajuste cambiario y fiscal propuesta por el Plan Rodríguez / Weisbrot se materializa y el país, en poco más de un año como dice Weisbrot, logra estabilizar sus cuentas externas. Pues bien: dada la estructura que gobierna la corriente de ingresos de divisas, nada garantiza que la restricción externa y productiva puedan ser levantadas.

El 50% de las divisas que hoy en día utiliza el país para importaciones se las traga el gobierno a través de tres empresas que importan alimentos y otros bienes de consumo final. Así que el modelo bien podría llamarse de sustitución de producción interna por importaciones (o “Prebisch de cabeza”).

No hay escenarios factibles donde estas políticas macroeconómicas de ajuste fiscal y cambiario puedan dar resultados provechosos si antes no hay una firme determinación de derrumbar las restricciones estructurales e institucionales que han dejado en el camino años de ignominia e improvisación en la gestión de los asuntos públicos.