Libertad revocable
La excarcelación de un preso político seguida, horas después, de su nueva detención no es un error ni un accidente. Tampoco es un hecho menor. Es un acto político cuyo significado va mucho más allá de la persona afectada: revela cómo funciona realmente el poder y qué tipo de orden, o desorden, está produciendo.
En sistemas donde el Estado mantiene capacidad normativa, la libertad, una vez concedida, se estabiliza como estatus. Puede estar vigilada, condicionada o limitada, pero conserva un umbral mínimo de irreversibilidad. Hay países en los que la libertad no es un derecho; es una concesión, y toda concesión es revocable.
Esa reversibilidad no es accidental, es constitutiva del sistema.
Las excarcelaciones de presos políticos rara vez nacen de la justicia. Son respuestas tácticas: presión internacional, necesidad de distensión, reacomodos internos del poder. Las condiciones impuestas no regulan conductas futuras de manera clara; funcionan como recordatorios de dependencia permanente. No son reglas, son señales de quién manda.
El argumento de incumplimiento de condiciones carece de densidad si no es transparente ni verificable. Su función no es legal, sino simbólica. La reaprehensión inmediata no corrige una conducta; desautoriza la idea misma de libertad plena. La ley deja de ser límite del poder y se convierte en su lenguaje.
Este acto revela algo más profundo: o el Estado no controla sus propias decisiones, o ha decidido que la imprevisibilidad sea su método de gobierno. Ambas posibilidades son graves. La previsibilidad no es un lujo; es la condición mínima para que exista orden.
Cuando el poder se vuelve errático, deja de gobernar por reglas y pasa a gobernar por excepciones.
En momentos de apertura o negociación, esta lógica es destructiva. Toda negociación política descansa en un supuesto básico: los compromisos generan costos si se rompen. La liberación seguida de reaprehensión destruye ese supuesto y, envía un mensaje claro a actores internos y externos: los acuerdos no producen obligaciones, solo oportunidades tácticas. La desconfianza se institucionaliza, la negociación se encarece, cualquier concesión futura requiere garantías externas cada vez más estrictas.
El destinatario principal de este mensaje no es el preso reaprehendido, sino la sociedad en su conjunto. Nadie es plenamente libre, nadie está fuera del alcance, nada es irreversible.
Esta enseñanza del poder no necesita violencia masiva. La incertidumbre funciona con más eficiencia: produce autocontrol, cálculo individual, fragmentación silenciosa.
En el plano internacional, el efecto es igualmente corrosivo. Refuerza la percepción de que un pais no es un actor predecible. No es cuestión de moral, sino de estrategia: los compromisos internos carecen de garantías, lo cual bloquea procesos de reinserción y consolida el aislamiento como condición estructural, no como castigo temporal.
Este patrón no es exclusivo de ningún país. Se repite en regímenes que han entrado en fase de desgaste avanzado. Europa del Este postsoviética, momentos del régimen cubano, dictaduras militares agotadas: en todos los casos, la arbitrariedad creció cuando el poder perdió legitimidad funcional y ya no pudo sostener el orden mediante reglas compartidas.
Para la oposición, el mensaje es doble y paralizante: participar no garantiza protección, moderarse no asegura seguridad. El resultado es fragmentación, repliegue, estrategias individuales de supervivencia.
Para cualquier transición futura, el daño es profundo: sin mínima confianza en la palabra del Estado, no hay salida negociada viable, solo hay prolongación del conflicto bajo otras formas.
