La cancelación de la personería jurídica del partido político Ciudadanos de la Libertad (CxL) por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el Frente Sandinista, significó el golpe final del régimen orteguista en contra de la oposición que pretendía enfrentarlo en las urnas este 7 de noviembre.
Esto dejó encaminada a la fórmula presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo a un proceso electoral controlado directamente por sus personeros en el CSE y sin contendientes políticos, ya que el escenario de los comicios dejó al Frente Sandinista compitiendo solamente contra cinco partidos políticos con un largo historial de colaboracionismo con el partido rojinegro.
La cancelación de CxL se suma otros actos represivos del régimen en contra de la oposición, con el fin de sacarla del escenario electoral, como el arresto de siete precandidatos presidenciales, entre estos aquellos que encabezaban los sondeos de opinión, y la eliminación de otras personerías jurídicas, como la del Partido de Restauración Democrática (PRD), que albergaba las fuerzas políticas agrupadas en la Coalición Nacional, la otra plataforma opositora que buscaba incidir en el proceso electoral.
Sin embargo, analistas consultados estiman que la escalada represiva del régimen también fue facilitada por la falta de una sólida unidad opositora que encarara al orteguismo, igualmente fue alimentada por sectarismos ideológicos y ambiciones políticas de miembros agrupados en las fuerzas opositoras.
El retorno a la democracia no fue la prioridad
Fue evidente que “nunca se puso el retorno de la democracia a Nicaragua por encima de cualquier ambición política de los opositores”, reflexiona un analista político que solicitó omitir su identidad por temor a represalias.
Las fracturas entre las fuerzas se concentraron principalmente en aquellas organizaciones que surgieron a raíz de la Rebelión de Abril de 2018: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Coalición Nacional; y los partidos políticos que aparecieron como probables vehículos electorales: CxL y el PRD.
La fractura entre estas organizaciones conllevó a que la Alianza Cívica y CxL integraran la plataforma opositora Alianza Ciudadana y que la UNAB, otros partidos políticos y el Movimiento Campesino se mantuvieran en la Coalición Nacional, con la casilla del PRD como opción.
Sin embargo, todas estas organizaciones enfrentan críticas por ser incapaces de recoger y albergar el espíritu de las marchas masivas y las protestas ciudadanas de 2018, que demandaban la salida del poder del binomio de Ortega y Murillo.
Las tres grandes fracturas
De acuerdo con un analista político vinculado a la dirigencia de una de estas plataformas opositoras, que pidió el anonimato dado el ambiente de represión que hay en Nicaragua, si se tuviera que definir de forma simple la raíz del fracaso opositor, esta sería la incapacidad de lograr la unidad contra el régimen.
Para esto, define tres hechos concretos que desde su punto de vista registran la fractura política opositora: La salida de la Alianza Cívica de las organizaciones agrupadas en la UNAB y el Movimiento Campesino, el retiro de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional y finalmente la incapacidad del PRD y CxL de lograr un acuerdo de unidad electoral.
“Todavía cuando se separa la Alianza Cívica de la UNAB, si fue doloroso, pero al menos en ese momento se dijo que podía ser lo mejor que cada organización tuviera su propia identidad, pero francamente no esperaba que se dieran los graves problemas de unidad que vimos”, dijo el analista político.
Posteriormente, se creó la figura de la Coalición Nacional, una plataforma opositora que buscaba agrupar a todas aquellas fuerzas políticas y civiles que adversan al régimen para desarrollar un proyecto político y candidatura única para enfrentar al Frente Sandinista en las elecciones de noviembre. Sin embargo, este proyecto igual se desmoronó por las pugnas internas y el posterior descabezamiento del régimen.
“Cuando la Alianza Cívica decidió salirse de la Coalición Nacional, ese fue un segundo error, pero fue más grave. Es que si hubiésemos tenido una oposición bien unida, fortalecida, hubiese podido ser un muro de contención para todo lo que se vino después. Pero hubo muchos sectores en la Alianza Cívica que insistieron en que ya no querían nada con la Coalición, porque sencillamente preferían unirse a CxL”, añadió.
CxL siempre se negó a unirse a la Coalición, aduciendo argumentos ideológicos y sectarios, por la presencia de personalidades u organizaciones vinculadas con la izquierda o denominadas como “progresistas” en la plataforma opositora.
Otro de los argumentos fue que no necesitaban formar parte de la Coalición debido a que CxL tenía su propia personería jurídica y no estaban dispuestos a entregarla o compartirla con fuerzas políticas ajenas al partido.
La salida de la Alianza Cívica de la Coalición provocó el primer gran desangre de figuras y personalidades en la organización, principalmente del entonces coordinador general, el reconocido educador y exdiplomático, Carlos Tünnermann Bernheim.
Luego, la Alianza Cívica integró con CxL la Alianza Ciudadanos por la Libertad, contando con la casilla 15 de este partido político, mientras que la Coalición Nacional apostaba a la casilla 14 del PRD. Este escenario opositor dividido se agravó ante el fracaso de todas estas organizaciones en lograr la unidad electoral.
Confrontación y ataques recíprocos
“El último gran error fue cuando no se logró la unidad electoral y el principal grupo que obstaculiza la unidad fue CxL, principalmente doña Kitty Monterrey. Eso es indudable. Esto lo que generó fue una división, una confrontación de todo tipo, ataques recíprocos y todo esto fue aprovechado por el régimen”, opinó el analista.
Monterrey, ahora exiliada en Costa Rica, se vio forzada a marcharse del país ante las amenazas de ser encarcelada o deportada luego que el régimen prácticamente desapareciera todos los rastros documentales de su nacionalidad nicaragüense, dejándola como estadounidense.
La persecución legal en contra de Monterrey se dio paralelo a la cancelación de la personería jurídica de CxL. En la misma resolución en la que CSE anunció la salida del juego electoral de CxL, también se informó sobre la cancelación de la cédula de identidad nicaragüense de Monterrey.
Ya en Costa Rica, la presidenta de CxL dio una entrevista al programa Telenoticias de Canal 7, en la que se le preguntó sobre el fracaso de la unidad opositora. Alegó que el problema con la Coalición Nacional es que no tenía una base porque se construyó “de arriba hacia abajo”. Dijo que la negativa del partido a aceptar que fuera otra la casilla de la oposición, aparte de la casilla de CxL, fue porque “preferimos no meternos en un problema”.
“Este es el tercer partido que nos quitan. Hemos sido oposición desde hace 16 años con una base sólida y debidamente estructurada. Desgraciadamente cuando se forma la Coalición Nacional y las diferentes organizaciones, eran organizaciones de nivel nacional sin una estructura amplia, una base que pudiera realmente constituirse en una organización que le hace frente a una dictadura. (…) No es que no quisimos unidad, es que preferimos no meternos en un problema, que al final tuvimos la razón, se desbarató. Y nosotros tuvimos las puertas abiertas para que se integrarán en una alianza”.
La crisis de los partidos políticos en la Coalición Nacional
En el caso de la Coalición Nacional, la fractura a lo interno de esta plataforma opositora inició con la incorporación de partidos con un gris pasado político, como es el caso del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y su historial de pactos y sociedad política con el Frente Sandinista, o el mismo PRD, señalado en el pasado de ser un colaboracionista del orteguismo.
Las negociaciones para incluir o no a los partidos políticos en la Coalición Nacional mostraron las diferencias ideológicas entre las dos plataformas opositoras, así como los intereses políticos de algunos de sus dirigentes.
La conformación de la Coalición se inició a concretar en dos reuniones en El Salvador, en octubre y noviembre de 2019, respectivamente. En ellas participaron representantes de la UNAB y la Alianza, según dos integrantes de ambas comitivas, que hablaron bajo condición de anonimato.
“Previo a la reunión de octubre, dentro de la UNAB, se planteó la posibilidad de luchar por un partido nuevo, había gente y tiempo para hacerlo. Sin embargo, desde la Alianza se indicaba que ya había un partido, el CxL”, subrayó una de las fuentes.
Ante la posición de la Alianza, dentro de la UNAB se comenzó hablar del PRD, pero había suspicacias porque se “sospechaba” que era “colaborador” del FSLN. “Cada grupo tenía un partido político de predilección, incluso hubo grupos pequeños que pensaron también en el Partido Conservador, de Alfredo César”.
La otra fuente detalló que, en el último encuentro en El Salvador, se acordó consolidar un “núcleo fundacional”, antes de invitar a los partidos políticos, y hacerlo “paulatinamente y con sumo cuidado”.
“Sorpresivamente, regresando de El Salvador con ese acuerdo, la Alianza Cívica ya tenía concertadas y realizó citas unilateralmente con algunos partidos políticos, incluyendo el PLC. En la UNAB nos molestó mucho, pero decidimos no romper las pláticas y el esfuerzo de unidad, en vista de que sabíamos lo importante que era para el país”, comentó la fuente.
“Esa decisión de la Alianza, que nosotros finalmente aceptamos, nos creó unas dificultades, que la UNAB tuvo que enfrentar dentro de la Coalición, porque la Alianza Cívica se retiró muy pronto”, añadió.
La salida de la Alianza oficialmente se da por algunas diferencias con la integración del PLC a la Coalición. Sin embargo, las fuentes señalaron que estuvo impulsada por la negativa de CxL de “integrarse a la Coalición”.
“Desde el primer viaje a El Salvador, ya había un acercamiento entre la Alianza y el CxL; es por eso que la UNAB estaba en un pleito constante, porque temían que (desde la ACJD) ya estaban preparando el terreno para irse a CxL”, opinó uno de los participantes en esos encuentros.
Partidos políticos: Más problemas que beneficios
Para los opositores, la inclusión de los partidos trajo más problemas que beneficios, ya que su presencia “minó” la confianza entre ambos bloques opositores.
“El argumento de los que estaban a favor (de incluir a los partidos) era que (estos) no se inscribirían con reglas en cuya formación ellos no hubieran participado. Sin embargo, si hubiéramos tenido ya las reglas definidas en el grupo fundacional y un procedimiento de inclusión más pensado, encontrar uno o varios partidos políticos dispuestos a jugar esas reglas podría haber sido bueno”, explicó una de las fuentes.
“No tanto por el tema de la casilla, que al fin y al cabo todas están en el puño de Ortega, sino para aunar esfuerzos entre los que tuviéramos alguna estructura, ya sea política o social”, agregó.
Muchos precandidatos presidenciales
Otro analista político que pidió también el anonimato para resguardar su seguridad señaló que uno de los reflejos de la división política entre los opositores fue lo que denominó la “ola de candidatos presidenciales”.
Entre la Alianza Ciudadana, la Coalición Nacional y de manera independiente, se contabilizaron once precandidatos presidenciales, sin tomar en cuenta aquellos que inscribieron los cinco partidos políticos colaboracionistas del orteguismo ante el Consejo Supremo Electoral (CSE). Ocho de estos precandidatos se encuentran ahora encarcelados por el régimen.
“Todos tenían derecho a ser precandidatos presidenciales, pero eran demasiados. Además de verse políticamente mal, porque lo primero que se dice es que todos quieren ser presidente y anteponen sus aspiraciones por encima del retorno de la democracia, refleja precisamente la falta de consenso entre los opositores para lograr un candidato único opositor, que era lo mejor para enfrentar a Ortega. Y para lograr esto, era suficiente tomar como base a los cuatro candidatos que tenían mayor aceptación entre la población”, opinó.
El 12 de mayo se dio la inscripción electoral de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, sellando de esta manera el fracaso de la unidad opositora con el PRD y la Coalición Nacional. Una semana después, el régimen inició su ola represiva con el nuevo asalto al estudio de grabación de los programas Esta Semana, Esta Noche y Confidencial.
A la fecha, se registran más de 30 nuevos presos políticos, que incluyen precandidatos presidenciales, dirigentes opositores, periodistas, líderes estudiantiles y del Movimiento Campesino y empresarios producto de esta nueva ola represiva, mientras el orteguismo mantiene en marcha unos comicios carentes de legitimidad y competencia política.
