Los incendios avivan la polémica política en Bolivia
La gestión de la crisis se ha convertido en terreno de acusaciones cruzadas a un mes de las elecciones
La persistencia de los incendios desatados hace un mes en Bolivia ha esparcido la desesperación entre pobladores y autoridades, y también ha avivado la disputa política, a falta de poco más de un mes para las elecciones presidenciales. Los múltiples fuegos activos en Santa Cruz, en el Este del territorio boliviano, en la frontera con la Amazonia, han arrasado casi dos millones de hectáreas, el 30% zona forestal. El fuego ha afectado áreas protegidas ricas en flora y fauna.
Con enormes esfuerzos, y apoyados por tres aviones especializados que el Gobierno de Evo Morales envió para combatir la emergencia, los equipos de bomberos lograron apagar alguno de los incendios para enterarse, horas después, de que habían resurgido otros en lugares. Tres bomberos, dos de ellos voluntarios, han muerto en las últimas dos semanas durante las tareas de extinción en distintas zonas.
Los expertos internacionales han alertado a las autoridades bolivianas de que hay condiciones favorables —causadas por la extrema sequía y los fortísimos vientos— para que los incendios, que están generando “bolas de fuego”, se desplacen de un sitio a otro. Según han explicado, son incendios de “sexta generación”, por la velocidad a la que avanzan, unas 4.000 hectáreas por hora.
Este tipo de incendios, que en los dos últimos años se dieron en Chile y en California (EE UU), pueden poner en riesgo a los centros poblados. Este martes un fuego abrasó un grupo de viviendas en San Matías —población situada a unos 600 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz— que había sido evacuado.
Aunque la campaña electoral, suspendida durante una semana, tendría que continuar, los candidatos casi no se atreven a tocar otros asuntos que no sean la crisis ambiental. La opinión de la población sobre esta crisis, y sobre todo sobre sus causas, está completamente politizada. El punto de choque es la declaración de desastre nacional, que la oposición exige para atraer más ayuda internacional y que el Gobierno de Morales se niega a adoptar porque supondría admitir que carece de capacidad para enfrentar el problema.
Acusaciones cruzadas
Una asamblea de instituciones de Santa Cruz hizo una declaración ciudadana de desastre nacional y exigió que la Administración de Evo Morales abrogue una ley de 2015, que permite el “desmonte” (la deforestación) de hasta 20 hectáreas por parte de los pequeños propietarios. No pidió lo mismo, en cambio, para el decreto que permite la deforestación y las quemas controladas en esa ciudad y de la vecina región del Beni, en las zonas que hubieran sido catalogadas como de transición entre bosques y cultivos agropecuarios. Se trata de un decreto apoyado por los empresarios y que, recientemente, Amnistía Internacional pidió anular.
La reunión de instituciones cruceñas fue tumultuosa por la polémica entre quienes consideran a las poderosas organizaciones agropecuarias corresponsables de lo que está sucediendo, y quienes las defienden y culpan a los inmigrantes indígenas asentados por el Gobierno en el este del país, a los que achacan que no tienen el conocimiento necesario para trabajar en tierras con bosques.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, aprobó una pausa ecológica en el área afectada que incluye la suspensión de nuevos asentamientos. Los campesinos, cercanos al Movimiento al Socialismo, amenazaron con una marcha. Esta fractura se siente también en el trabajo de apagado de los incendios: los bomberos han denunciado que los incendios no solo se contagian de por sí, pues algunos agricultores, indiferentes a la conmoción general, siguen “chaqueando”, es decir, usando el fuego para preparar sus parcelas. Sin embargo, no ha quedado claro quiénes han sido los responsables de estas acciones.
De momento, los incendios no parecen haberle pasado factura política al presidente Evo Morales. La última encuesta de la televisora Unitel encontró que las tendencias electorales de antes y después de la crisis no cambiaron: Morales sigue en cabeza, con 36% de intención de voto, mientras que el expresidente Carlos Mesa obtiene el 25%.
