Los oscuros negocios del chavismo con China
Un primo de un exministro de Venezuela ocultó en Andorra 49 millones procedentes de comisiones de empresas asiáticas
El empresario Diego Salazar tuvo un contacto de oro en el Gobierno de Venezuela: su primo Rafael Ramírez, hombre fuerte del Ejecutivo de Hugo Chávez que combinó los ministerios de Energía y Petróleo con la presidencia de la mayor compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Salazar consiguió contratos millonarios de empresas chinas que ejecutaron obras públicas en el país sudamericano mientras su familiar ocupaba cargos institucionales entre 2002-2014.
El empresario cobró 49,2 millones de dólares (40 millones de euros) en comisiones hasta septiembre de 2010 por servicios de consultoría e intermediación para que multinacionales asiáticas captaran adjudicaciones de infraestructuras del Ejecutivo de Venezuela, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
El primo del exministro Ramírez depositó sus beneficios en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde manejó 11 cuentas entre 2007 y 2014, según un informe confidencial de esta entidad. Andorra, de 78.000 habitantes, permaneció blindada por el secreto bancario hasta el año pasado.
Salazar cobró en la BPA sus comisiones, un 10 % de las obras públicas “firmadas y en fase de desarrollo”. Y barajó ingresar este porcentaje en el banco andorrano por gestionar infraestructuras por valor de 3.000 millones de dólares (2.432 de euros).
El expresidente de Venezuela Hugo Chávez con su entonces homólogo chino, Hu Jintao, en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, en abril de 2009. EFE
Entre los clientes de Salazar figuró la ingeniería china Sinohydro Corporation Limited, un gigante con 486 proyectos en 72 países. El empresario firmó un contrato para intermediar en la adjudicación de cinco obras públicas con esta compañía.
Sinohydro Corporation Limited participó en dos fases de la planta termoeléctrica La Cabrera en el Estado venezolano de Aragua. La infraestructura, inaugurada en 2014, costó 603 millones de dólares (491 millones de euros).
“El caso chino es cien por cien Diego Salazar. Él era un lobista de los chinos y la embajadora de Venezuela en el país asiático le ayudaba”, confiesa un exalto directivo de PDVSA.
El análisis de los movimientos de una de las 11 cuentas que manejó Salazar en el banco andorrano confirma que el primo del exministro Ramírez transfirió 7,3 millones de dólares (5,9 de euros) al ejecutivo de PDVSA Francisco Jiménez Villaroel. Y que este también manejó tres cuentas en la institución financiera que movieron nueve millones de dólares (7,2 de euros).
Salazar envió el dinero a Villaroel mediante un traspaso interno, un sistema que dificulta el rastreo de los fondos.
Para justificar su actividad e ingresos, Salazar aportó a la institución financiera de Andorra un contrato de “consultoría e intermediación” entre su empresa panameña Highland Assets Corporation y la ingeniería Sinohydro Corporation Limited.
Un 10 % de comisión
El documento acredita que el empresario percibió una comisión del 10 % “del importe neto cobrado en la negociación directa” de las infraestructuras.
“Se estipula un precio del contrato en 1.038.710.000 dólares para una planta termoeléctrica de 772 megavatios y 315.891.109 dólares para una nueva planta (La Cabrera) de 200 megavatios”, recoge la BPA en un informe sobre el primo del exministro Ramírez.
La inteligencia venezolana arrestó en diciembre al primo del exministro Ramírez
Salazar está siendo investigado en Andorra por blanqueo. Su causa judicial salpica también a una decena de empresarios, exviceministros de Venezuela, como Nervis Villalobos y Javier Alvarado (ambos de Energía), y testaferros de políticos del Ejecutivo de Hugo Chávez (1999-2013).
La organización percibió supuestamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de PDVSA, según reveló EL PAÍS.
La investigación judicial conecta los manejos de esta red con un acuerdo entre Venezuela y China por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares (16.219 millones de euros) del gigante asiático a cambio de petróleo.
En su declaración en 2015 ante la magistrada en Andorra que instruye el caso, Salazar indicó que el Gobierno de Venezuela no tenía influencia en estas licitaciones. Y añadió: “Nunca he tenido ninguna relación comercial con Ramírez”. El empresario calificó a su primo de “persona de carácter difícil”.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrestó el pasado diciembre a Salazar en Caracas por su supuesta implicación en esta trama de cobró comisiones a cambio de contratos de PDVSA. Y, desde entonces, el empresario permanece en prisión.
También el pasado diciembre, la Fiscalía de Venezuela anunció una investigación penal contra Ramírez, que hasta 2017 fue embajador del país sudamericano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las autoridades le atribuyen supuestas irregularidades durante la presidencia de la petrolera estatal.
Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de PDVSA y de Sinohydro Corporation Limited.
De 49 años y “técnico de seguros” de formación, Salazar llegó a manejar más 70 millones de euros a través de un entramado societario en Andorra. El empresario declaró en 2011 unos ingresos de más de cinco millones de dólares, entre fondos personales y de su consultora Inverdt Asesores de Negocios. Y anunció a la BPA su intención de adquirir una empresa reaseguradora, una casa de bolsa en Venezuela y un apartamento en Miami
Las autoridades andorranas intervinieron en marzo de 2015 la entidad elegida por Salazar para depositar sus fondos, la BPA, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los dueños del banco, que llegó a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones.
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SALAZAR: “LOS CHINOS TENÍAN EL PODER DE DECISIÓN”
“Los chinos tenían el poder de decidir qué empresas hacían los proyectos. Este era el acuerdo entre los dos Estados. Era la Comisión Nacional de Obra, Desarrollo y Reforma de China, un Ministerio, el organismo que decidía con que empresas se harían los proyectos”.
Diego Salazar se desmarcó en febrero de 2015 con este argumento de haber cometido un delito de tráfico de influencias en su declaración ante la juez de Andorra Canòlic Mingorance. La magistrada indaga el presunto blanqueo de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) mediante un engranaje de evasión que incluyó la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Las pesquisas de Mingorance abordan si la presunta trama cometió entre 2006 y 2012 los delitos de soborno, tráfico de influencias y corrupción.
Salazar reiteró a la jueza que prestó los trabajos en entredicho. “Mi holding tenía que salir a buscar a estas empresas, contratos de asesoramiento y ayuda técnica en ingeniería. Los chinos buscan ingenieros para obras, facilitan parte de los trabajadores aunque también hay venezolanos. Mi empresa hace un seguimiento de la obra desde el inicio hasta su finalización. También tengo la posibilidad de subcontratar otras empresas dada la importancia de los proyectos cuando no puedo prestar el servicio”.
Por otra parte, la jueza preguntó a Salazar si pagó un soborno a la Policía de Venezuela. Y le ofreció escuchar una transcripción telefónica. “Vinieron unos policías a la empresa a investigar unos presuntos movimientos de dinero. Estos, además, querían dinero a cambio. Es una situación habitual en Venezuela. Yo no estaba presente. La empresa no pagó, no lo haría nunca. Siempre he estado en contra de dar dinero. No quiero que mi imagen esté expuesta en estos temas. Tengo por norma no pagar hasta que se cansen”.
En la documentación que aportó a la BPA para abrir sus cuentas –llegó a tener 11-, Salazar acreditó mantener vínculos comerciales con las firmas China Calvic Engineering Co, China Machinery Engineering Corporation, China Camc Engineering Co y Yutong Hongkong Limited, entre otras, según un documento de este banco de Andorra.
