Los «pecados» sin lavar de los presidenciables

Según la tradición del catolicismo, todo Viernes Santo se conmemora la muerte de Jesús, quien murió para lavar los pecados de los hombres.

A propósito, hicimos este recuento de los “pecados” que más les mencionan a los candidatos más opcionados a la Presidencia.

El criterio que usamos es que se trate de asuntos que, incluso estando ya resueltos o sin corresponder necesariamente a una falta real, les sigan echando en cara sus opositores para atacarlos. Van desde procesos jurídicos o disciplinarios, la personalidad “tibia” o “agresiva”, hasta asuntos ya superados, como el pasado en la guerrilla de Petro.

Muchos de estos datos los sacamos del libro Los Presidenciables, que ya está disponible en librerías y en línea.

Gustavo Petro

Su pasado guerrillero: Aunque han pasado más de 30 años desde que dejó las armas, y desde entonces ha cumplido con el compromiso de no volverlas a empuñar, el pasado en la guerrilla del M-19 sigue siendo una de las principales faltas que más le cobran a Petro sus críticos y opositores.

Petro entró al eme en 1978, cuando tenía diecisiete años. Allí se hizo llamar “Aureliano” —un homenaje a García Márquez— y allí estuvo hasta 1990, cuando dejó las armas junto con los otros miembros.

En 1985, fue capturado por las Fuerzas Militares, tras el fin de la tregua del M-19 con el gobierno de Belisario Betancur y llevado a la Escuela de Caballería, donde fue torturado en las caballerizas y luego llevado a prisión hasta 1987. Desde la cárcel vio la toma al Palacio de Justicia.

El lío de las basuras en Bogotá: Con la iniciativa de meter a los recicladores en la recolección de basuras, Petro implementó, cuando fue alcalde de Bogotá, un nuevo modelo que pretendía que la recolección quedara a manos de la empresa pública Aguas de Bogotá, que al final no tuvo la capacidad para recoger la basura en toda la ciudad, y terminó operando solo en la mitad, lo que llevó a tres días de basuras sin recoger.

La Procuraduría de Alejandro Ordoñez, su opositor conservador, le cobró estas ineficiencias y tomó la decisión de sacarlo del cargo y sancionarlo con una inhabilidad por quince años, que significaba su muerte política. Petro respondió apalancándose en la movilización social y en una tutelatón para mantenerse en el poder.

La justicia finalmente suspendió la sanción mientras terminó su periodo, pero el episodio -sumado a otros también durante su alcaldía- sirvió para evidenciar la incapacidad de Petro para alcanzar consensos y sacar adelante sus iniciativas más revolucionarias, algo que le echan en cara algunos críticos. También le sirvió para alimentar la idea de que es un perseguido del sistema, que luego usó como estrategia de campaña en 2018.

Las compañías dudosas de clientelistas: en esta campaña a la presidencia, a diferencia de las anteriores, Petro ha bajado el tono contra “las mafias políticas” y, por el contrario, ha comenzado a sumar políticos tradicionales de prácticas clientelistas a su proyecto, comenzando por los icónicos senadores exuribistas y exsantistas de La U, Roy Barreras y Armando Benedetti, quien es investigado por la Corte Suprema por supuesto enriquecimiento ilícito, y hoy es su mano derecha, como hemos contado. Recientemente también nombró como jefe de debate a Alfonso Prada, quien fue punta de lanza de la coalición de Santos II.

Además le abrió las puertas del Pacto al controvertido exalcalde de Medellín, Luis Pérez, quien ahora va como candidato independiente a la Presidencia. Pérez aún hoy elogia la Operación Orión, en la que recuperó a sangre y fuego, y con la ayuda de los paramilitares, las comunas orientales de la ciudad cuando él era alcalde. Al Pacto también entró Alfredo Saade, el cristiano con posturas antiaborto, y Piedad Córdoba, que es acusada de retrasar la liberación de los secuestrados de las Farc y de vínculos con el empresario Álex Saab.

Petro ha justificado este giro frente a la política tradicional con el argumento de que el Pacto Histórico “se hace con los diferentes”, mientras todos estén de acuerdo con el cambio que él quiere hacer. Por ahora, ese argumento ha sido suficiente para que muchas de sus bases acepten y acojan a quienes antes insultaban en redes.

La bolsa con plata: A Petro también le siguen cobrando un video de 14 minutos, que apareció en 2018 revelado por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en el que aparecía recibiendo dinero de una ficha suya, Juan Carlos Montes, quien le entrega la plata en unas bolsas negras. En su momento, el abogado Abelardo de la Espriella dijo que era plata que le había entregado el narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera, aunque luego Barrera desmintió esa versión.

Petro ha asegurado que se trata de un préstamo personal que el arquitecto Simón Vélez le hizo llegar a través de Montes. Y, de hecho, el año pasado, la Corte Suprema de Justicia determinó que el video fue grabado en 2005, y que prescribía toda acción penal, pues dijo que el dinero recibido en efectivo tenía un orIgen lícito.

Sergio Fajardo

La investigación por vicios en un contrato: En 2021, la Fiscalía anunció que le imputaría cargos por vicios en un contrato de sustitución de deuda que hizo cuando era gobernador de Antioquia, por un préstamo en dólares de 2013 que suscribió con Corpbanca para pagar la deuda pública del departamento. Actualmente el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía lo acusó de haber hecho el contrato sin cumplir con los requisitos legales, pues argumentaba que la Gobernación no debió tramitar el préstamo bajo la modalidad de “sustitución de crédito”, como lo hizo, sino como un crédito nuevo. Alega que, como pasó de deber pesos a deber dólares, se volvió una deuda externa, y para eso debía pedir un aval al Ministerio de Hacienda.

La acusación es polémica, porque la ley no dice que, por cambiar de moneda entre dos préstamos, el nuevo deje de ser una sustitución de crédito. Tampoco dice que un crédito sea externo cuando se hace en otra moneda, sino cuando no es en pesos y quien presta no está en Colombia. Tampoco prueba que haya ninguna relación entre Fajardo y Corpbanca ni ningún indicio que explique por qué habría querido enriquecer al banco, pero aún así el proceso le da munición a sus críticos.

El retiro a ver ballenas: Después de la primera vuelta en las presidenciales de 2018, de las que salió derrotado por un pequeño margen de votos que le faltaron para pasar a segunda, Fajardo publicó una carta explicando por qué iba a votar en blanco en la segunda vuelta, y anunció en sus redes sociales que se iba al Pacífico a ver ballenas, “lejos del mundanal ruido”.

Esto le acarreó un sinnúmero de ataques por lo que muchos percibieron que abandonó al país en la polarización Petro-Uribe y a quienes creían en él durante el momento más crítico del año electoral. Y reforzó la percepción de que el candidato se rehúsa a fijar posiciones sobre temas clave de la vida nacional. O como más famosamente quedó: que es un “tibio”.

El proceso por Hidroituango: El otro proceso que ha perseguido a Fajardo es el que le abrió, también en 2021, la Contraloría, que lo encontró responsable, junto con otras dieciocho personas y nueve empresas, del detrimento patrimonial de 4,3 billones de pesos en el caso de Hidroituango, por sobrecostos en su construcción y la demora en entrar en operación por el colapso del túnel de desviación del río Cauca.

A Fajardo en concreto lo señaló de no supervisar, como era debido, a sus delegados en la junta de Hidroituango, y de no darles instrucciones para que detuvieran los cambios que hizo Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la obra a fin de poder comenzar a operar en 2018. Fajardo se defendió diciendo que él y los miembros de la junta de Hidroituango no son ingenieros expertos en hidroeléctricas, y su función no era tomar decisiones técnicas, sino supervisar el contrato en general.

A comienzos de este año, EPM pudo llegar a un acuerdo con la aseguradora Mapfre, a la que el fallo también responsabilizó, para que costeara el 90 por ciento del detrimento patrimonial que señaló la Contraloría, lo que puso fin a lo que era una amenaza real para la aspiración presidencial de Fajardo, pues lo dejaría en aprietos financieros para costear su campaña. Aunque aún se lo siguen mencionando.

La “donbernabilidad”: Muchos críticos han acusado a Fajardo, cuando fue alcalde de Medellín, de haber participado de un pacto con las mafias de la ciudad para bajar los homicidios y la criminalidad.

A finales de 2003, con la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Murillo, alias “Don Berna”, se dio lo que se conoce como la “donbernabilidad”, el pacto en el que todas las bandas y combos delincuenciales del Valle de Aburrá quedaron bajo el control de la Oficina de Envigado, con el compromiso de no ejercer violencia sin su autorización.

Para los expertos, este pacto tuvo un efecto en la reducción de los homicidios de la ciudad que benefició a la alcaldía de Fajardo — En 2003, la tasa de homicidios en Medellín era de 92,9 por cada 100 mil habitantes. Para 2007, último año de la alcaldía de Fajardo, fue de 34 por cada 100 mil—. Pero, como contamos, Fajardo no estuvo metido ni hizo parte del pacto y afirmó que los resultados fueron producto de su gestión, negando que existiera un control por parte de un grupo criminal de las rentas ilegales.

Federico Gutiérrez

El secretario condenado: cuando llegó como alcalde de Medellín, en 2016, Gutiérrez puso en el centro de su agenda la seguridad en la ciudad, y la tarea se la encargó a Gustavo Villegas, su primer secretario de Seguridad, que había estado al frente de la desmovilización de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara como director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Fajardo en 2004. Una desmovilización que fue cuestionada por algunas ONG que afirman que este proceso ayudó a consolidar el poder de alias “Don Berna” en Medellín.

Al poco tiempo de asumir como secretario de Seguridad de “Fico”, Villegas fue detenido, acusado de favorecer con información a bandas criminales y de una alianza con la Oficina de Envigado. Al final, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado pero no por eso, sino por no denunciar una extorsión de la que se enteró gracias a su cargo.

Desde entonces, “Fico” se ha intentado desmarcar de ese episodio, y cuando se le pregunta por este, como en uno de los debates de candidatos que hicimos junto a Caracol Televisión, responde que a Villegas lo condenaron por el delito menor de no denunciar una extorsión, pero no por una relación con estructuras criminales.

Ser la carta de Uribe: la principal narrativa de los opositores de Fico Gutiérrez hoy es que es la carta de Álvaro Uribe y representa el continuismo de Iván Duque. De hecho, en el petrismo se refieren a él como “Duque II”.

Aunque en su trayectoria política Gutiérrez ha acumulado un capital político propio, en esta campaña sí representa los mismos sectores e intereses que ha abanderado Uribe, quien lo apoya junto con la bancada de gobierno: el Centro Democrático, La U, una parte de Cambio Radical encabezado por el cuestionado clan Char, sectores cristianos, y el partido Conservador. Es decir, todos los partidos del Establecimiento, como dice esta historia.

Rodolfo Hernández

El episodio de Vitalogic: Como contamos esta semana, la Fiscalía tiene varias pruebas que apuntan a que Rodolfo hizo parte de un entramado en el que su hijo Luis Carlos Hernández aspiraba a recibir una coima de alrededor de 1,5 millones de dólares, de una unión temporal llamada Vitalogic, para intermediar en su favor en un multimillonario negocio de manejo de basuras de Bucaramanga, cuando el hoy candidato era alcalde de esa ciudad. El 18 de abril, a un mes de la primera vuelta, Rodolfo está citado en la Fiscalía a una audiencia preparatoria de juicio, que es el paso previo antes de un juicio formal. Ya está imputado y acusado.

En su segundo año como alcalde, Rodolfo sacó una licitación para contratar una tecnología novedosa de tratamiento de residuos, pero era tan ambiciosa que, de los dos únicos proponentes, solo uno —la Unión Temporal Vitalogic RSU— resultó habilitado. Rodolfo intentó adjudicar el contrato, a pesar de las críticas de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y de veedurías, lo que llevó a que la Procuraduría interviniera diciendo que el contrato podía ser lesivo para el municipio. Solo tras esa intervención de la Procuraduría, la administración de Hernández se echó para atrás.

Pero quedó la sensación de que Rodolfo tenía un interés personal en ese contrato. Primero, porque, a mediados de 2017, funcionarios de la Emab denunciaron ante la Fiscalía que Rodolfo había intentado direccionar la contratación de un consultor, Jorge Hernán Alarcón, para que formulara las condiciones técnicas de la licitación a la que se presentó Vitalogic. Rodolfo dice que es inocente y que es objeto de un “juego sucio y manipulación de la verdad” que intenta truncar sus aspiraciones.

Sus salidas de casillas: Rodolfo ha construido una reputación de pendenciero, como cuando a finales de su tercer año de gobierno golpeó a un concejal que llegó a su despacho, o cuando se filtró el audio de una conversación telefónica en la que discutía con un cliente, y lo amenazaba así: “Me hago deshuevar, hijueputa, si usted sigue jodiéndome. Le pego su tiro, malparido”.

Según él, ya tiene su temperamento controlado y episodios como el de la cachetada al concejal no se repetirían si llega a ser presidente. Para algunos críticos, lo que estas escenas muestran es un carácter volátil que le haría difícil trabajar en equipo o el trato a la oposición en su gobierno.

Pero incluso su figura política ha tratado de darle la vuelta a esos escándalos, convirtiéndolos a su favor para venderse como alguien que dice “las cosas como son” o, como él mismo dice, “que no se deja encaramar”.