Los tres votos de la Corte Suprema de EE UU
SONIA SOTOMAYOR, ELENA KAGAN y KETANJI BROWN JACKSON
La mayoría conservadora del máximo poder judicial de Estados Unidos decidió, 6 a 3, retirar la protección temporal a más de 300.000 venezolanos, que ahora están en riesgo de deportación. Es decir, le dio la razón al Departamento de Seguridad Nacional que en febrero pasado anunció su intención de eliminar la prórroga de 18 meses de protecciones a venezolanos aprobada durante el gobierno de Joe Biden.
La Corte lo que hizo ahora fue ratificar su decisión de mayo cuando bloqueó la orden de mantener las protecciones emitida por el juez Edward M. Chen, del Tribunal del Distrito Norte de California. Chen, sin embargo, desafió al Tribunal Supremo con otro auto tras aportar nuevas pruebas y argumentar, además, que la decisión de mayo carecía de un análisis específico. Los funcionarios de la administración Trump argumentan que es insostenible que una instancia inferior desoiga a la Corte en un procedimiento de urgencia.
Todo parece una batalla legal, pero en el fondo hay sustancia política. Cuando se presentaron situaciones similares en el gobierno anterior, la Corte entonces dio luz verde a los tribunales inferiores para bloquear políticas favorables a los migrantes.
Contra la decisión reciente se opusieron tres de sus integrantes. Tres de las cuatro mujeres que integran el máximo tribunal: Sonia Sotomayor, la primera hispana en tales funciones; Elena Kagan; y Ketanji Brown Jackson, la primera mujer negra en la Corte. Las dos primeras fueron propuestas por Barack Obama, y la otra por Joe Biden. La cuarta mujer, la más joven (53 años) de todos los jueces del Supremo, nominada por Trump en su primer período presidencial, es Amy Coney Barret, quien se desempeñó como profesora en la Universidad de Notre Dame, partidaria de la política dura contra la inmigración.
El Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) fue convertido en ley durante la administración del republicano George H. W. Bush para ayudar a inmigrantes de naciones severamente afectadas por desastres naturales, conflictos armados y otras inestabilidades extraordinarias -como la nuestra-, que podían obtener permisos para vivir y trabajar legalmente en el país. No es la única contradicción en esta historia, porque el mismo presidente, también republicano, que intenta revertir la protección a los venezolanos, es el mismo que cerca militar -y políticamente- al régimen de Nicolás Maduro. La única explicación es que el interés de Estados Unidos va primero.
