Maduro estresado
Para nadie es un secreto que la economía venezolana atraviesa por uno de sus peores momentos, en medio de una situación que pasó de una “burbuja” de mejoría a comienzos de 2022 a una estrepitosa caída a partir de noviembre del pasado año. Las ventas de los comercios disminuyeron significativamente, empezaron a cerrar negocios que no podían siquiera pagar los abultados impuestos nacionales y regionales, y la inflación volvió a hacer de las suyas, socavando la ya débil capacidad adquisitiva de los consumidores venezolanos.
Nada hacía presagiar una situación tan negativa como la que se ha vivido en los últimos meses, pues la mayoría de los economistas proyectaban un escenario de crecimiento para este 2023 de por lo menos 5%, menor al 10% de 2022, pero crecimiento al fin. Sin embargo, la nueva realidad obliga a revisar esa cifra que probablemente baje a 2%. Pero ¿qué fue lo que generó el llamado “frenazo” de la economía?
Uno de los aspectos que ha incidido en la quebrantada economía nacional es el relacionado con el caso de corrupción en PDVSA, que involucra a quien fue ministro de Petróleo hasta mediados de marzo de este año cuando supuestamente “presentó su renuncia al cargo”, Tarek El Aissami, de quien poco se sabe. Como consecuencia de esta nueva trama de desfalco a la nación, dejó de ingresar al Fisco una cantidad desconocida que empezó en 3.000 millones de dólares, según cifras oficiales, y que hoy asciende a unos 23.000 millones de dólares, tomando en cuenta que el robo de la factura petrolera se habría iniciado en enero de 2020.
De no solventarse este tema, entre otros, el deterioro de la economía seguirá siendo una muy mala noticia no solo para los consumidores, sino para el gobierno y su perspectiva electoral. Más allá de que se trate de una autocracia electoral, estas limitaciones para gastar se convierten en un serio problema para llevar adelante una campaña electoral que no solo comprende el pago de publicidad, vallas, material POP, sino una inversión en beneficios para sectores de la población que tienen que ser motivados a votar por la tolda oficialista, y para mantener a sus aliados políticos, que obedecen a una lógica clientelar.
Por eso al gobierno le urge una revisión de las sanciones internacionales, que entre otras cosas son una limitante para el sector petrolero. Y es en este terreno en el que surge un dilema para el gobierno entre flexibilizar condiciones políticas y electorales, que podrían implicar el riesgo de perder el poder, o mantenerse en la posición actual para minimizar los riesgos al costo de no tener recursos para enfrentar la campaña por la elección presidencial.
Un volcán a punto de erupción
Hay que agregar otro elemento que está empezando a generar zozobra en la población: el sistema eléctrico. De hecho, ya hay estados que reportan estar sometidos a racionamiento permanente, como son los casos de Táchira, Carabobo y Zulia; mientras que, en el resto del país, incluido Caracas, aunque solo en determinadas zonas, los apagones son parte del día a día. Tomando en cuenta la frecuencia con que ocurren estos incidentes y el efecto que pudiera tener el fuerte incremento de la temperatura que se está sintiendo a partir de este mes de mayo y el fenómeno de El Niño, se revive en la memoria colectiva el temor de un nuevo apagón similar al de marzo de 2019, que afectó a todo el territorio nacional durante cinco días.
A ello se suman el reciente anuncio de Maduro sobre una crisis del gas, así como la falta de suministro de agua, de forma constante por tuberías, a la mayor parte de la población nacional. Claro está que estos son elementos que el gobierno también utiliza para alimentar su narrativa y presionar por el levantamiento de las sanciones, argumentando que necesita recursos para solventar problemas.
Todo esto configura un cuadro problemático para un gobierno que está en un año preelectoral y donde la escasez de combustible, el racionamiento eléctrico y de agua, así como la inflación en ascenso podría llevar a un incremento de las protestas, que se agregarían a las demandas por reivindicaciones salariales por parte de los trabajadores de la Administración Pública, de los sectores salud y educación, y de los jubilados y pensionados. De hecho, la decisión del gobierno de no aumentar el salario mínimo sino “mejorar” el ingreso a través de bonos que iban a ser indexados y ya no lo son, provocó un gran malestar entre los afectados. En ese sentido, podríamos decir que esta situación es un caldo de cultivo para una explosión social.
La Primaria
En medio de este complicado escenario, el país opositor espera por una primaria que le permitan escoger al candidato unitario que los representará en las elecciones presidenciales de 2024, contrarrestando la estrategia de Maduro que busca la división de la oposición y la fragmentación del voto. Sin embargo, el proceso encabezado por la Comisión Nacional de Primaria, como era de esperarse, no ha estado exento de obstáculos. Uno de ellos es el relacionado con la participación o no del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues hay quienes se muestran a favor por considerar que este organismo ofrece la infraestructura y el apoyo necesario para celebrar una elección que proporcione seguridad al elector y la garantía de que se respetará la condición de “un elector, un voto”. Pero, por otro lado, están quienes se oponen apelando al tema de la desconfianza en las máquinas captahuellas, pues se teme que se repita el terrible caso de la “lista Tascón”, y su efecto sobre la protección de la identidad del elector, lo que podría tener un impacto muy negativo sobre los niveles de participación.
Atenta también contra la primaria la poca disposición que el CNE ha demostrado tener para apoyarla, su negativa a mejorar la actualización del Registro Electoral, supuestamente por falta de recursos, así como la negativa a permitir el voto de los venezolanos en el exterior. Aunado a la dificultad para levantar recursos para financiar un proceso en el que participe el órgano electoral.
Con casi 7 millones de venezolanos fuera del país, lo que representa un 25% de la población, se configura una nueva demografía nacional, lo que tiene implicaciones múltiples, pues hay una agenda fuera y dentro de Venezuela y aportes indiscutibles de los que están lejos del país, por ejemplo, en el caso de las remesas. Todo esto conlleva una situación que está modificando la realidad social, política y ciudadana. La diáspora no se detiene, porque las condiciones que motivan su salida siguen estando presentes; y ello tiene consecuencias para el escenario político-electoral de 2024-2025.
En conclusión…
Cuando estamos finalizando el primer semestre, las dificultades económicas lucen cada vez más apremiantes para los venezolanos. Ya la narrativa de que “el país se arregló” ni siquiera es promovida por el régimen. No solo el pequeño respiro económico que se sentía durante la primera mitad del 2022 perdió oxígeno, sino que los problemas de abastecimiento de combustibles, el resurgimiento de los apagones eléctricos y la escasez de gas y agua, están de nuevo tomando la agenda pública.
Esto se agrega a los reclamos salariales de los trabajadores públicos y pensionados, nuevos motivos de protestas que se avizoran para el segundo semestre y comienzos del año próximo, lo que podría tener implicaciones políticas; pero también agregaría incentivos al proceso de emigración, que en la práctica no se ha detenido. Hay grandes inconvenientes para el gobierno, pero también un desafío para la oposición, que tiene en agenda la también complicada organización de la Primaria del 22 de octubre, de la que dependen, en buena medida, sus posibilidades de cara a la próxima elección presidencial.