Maduro y Guyana
1) Haber dejado claro que, independientemente del litigio existente, Venezuela tiene una fachada marítima sobre el Océano Atlántico en la zona del delta del río Orinoco, no discutida por ningún país y cuya zona económica exclusiva y plataforma continental han sido delimitadas con Trinidad y Tobago mediante el tratado de delimitación de áreas marinas y submarinas del 18 de abril 1990. En Derecho Internacional Público, el silencio otorga, por tanto si no actuamos pública y formalmente estaríamos dando aquiescencia a los actos guyaneses, debilitando nuestros derechos, no sólo sobre la zona en reclamación y sus espacios acuáticos, sino también sobre la plataforma continental y la zona económica exclusiva, que genera el delta del Orinoco. En ese caso, podríamos perder plataforma continental y áreas marinas y submarinas, en las cuales existen enormes potenciales de hidrocarburos, relevante riqueza pesquera y nuestra salida libre al Atlántico.
2) Haber manifestado que, de acuerdo al Art. 5 del Acuerdo de Ginebra, Venezuela desconocerá toda actuación de transnacionales en áreas terrestres, marinas y submarinas que son por destino y por derecho venezolanas.
3) Haber aprovechado el interés de Guyana en ampliar su plataforma continental y atraer inversión extranjera en exploración y producción de petróleo costa afuera, para reactivar la negociación sobre la controversia, en el marco del Acuerdo de Ginebra. La voluntad política, al respecto, se demostraría con el inmediato nombramiento de un funcionario a dedicación exclusiva, con un pequeño equipo de apoyo, para que no sólo pueda negociar bilateralmente con Guyana, en el marco del proceso de los «buenos oficios» del secretario general de la ONU, sino también hacer el necesario «lobby» entre los miembros de la Comisión de Límites de la ONU en Nueva York y con otros miembros influyentes de la comunidad internacional.
En cambio, en el comunicado conjunto sólo se mencionó que el proceso de negociación seguía en el marco del Acuerdo de Ginebra y de los «buenos oficios». En su discurso Maduro aprovechó para acusar a los gobiernos democráticos anteriores al régimen actual de fomentar por décadas el «odio y el racismo» contra el pueblo de Guyana y que tenía pruebas que, en esa época, se preparaba una guerra contra Guyana. En realidad, los gobiernos de la República civil (1958-1999) cooperaron pacíficamente con Guyana y mantuvieron la negociación de la controversia en el marco del Acuerdo de Ginebra. Precisamente para cerrar sanamente entre dos pueblos vecinos y hermanos la herida que nos heredó el colonialismo, debe reanudarse la negociación prevista en el Acuerdo de Ginebra. Pero también, un gobierno responsable debe reafirmar y defender los derechos soberanos de Venezuela en la fachada atlántica del delta del Orinoco.
La ignorancia, la incompetencia y la ceguera ideológica del régimen comprometen gravemente derechos e intereses permanentes del Estado venezolano.
