Manual de instrucciones para romper un país

    Ilustración de Alejandra Svriz.

El Gobierno de Sánchez rompe la igualdad entre los españoles por su interés político. Da igual cuando lea esto. En esta ocasión el objeto del sacrificio es el sistema de financiación autonómica: una suerte de bote común con el que se financian las prioridades de las regiones, en función de sus necesidades. El Gobierno se ha abierto a negociar con Esquerra Republicana la salida de Cataluña de este sistema común con el fin de recabar su apoyo para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Sí, el Gobierno de la nación está negociando la investidura del gobierno de una comunidad autónoma. Los que se llenan la boca con la importancia del autogobierno de los supuestos numerosos pueblos y naciones de España, son los mismos que se entrometen en sus asuntos de gobierno, troceando, además, la soberanía nacional.

Para poder justificar esta nueva cesión al independentismo, lo que el presidente Sánchez califica de «financiación singular», el Gobierno ha puesto en marcha toda su maquinaria. La nueva misión es criticar la gestión fiscal de las comunidades autónomas malas, léase, las que están gobernadas por el Partido Popular, dando por bueno el histórico lema independentista de Espanya ens roba.

La ministra portavoz Pilar Alegría arremetió contra la Comunidad de Madrid por haber llevado a cabo una política de reducción de impuestos. Según la ministra, Madrid habría dejado de recaudar 1.400 millones de euros porque ha «suprimido impuestos a los ricos». Haciendo alarde de su habitual populismo, ha afirmado que ese dinero se podría haber usado para poner en marcha «700 escuelas infantiles nuevas, 250 colegios o 20 hospitales».

Este discurso no solo es peligroso, pues crea una crispación innecesaria entre comunidades autónomas y entre españoles, sino que también es engañoso. Es cierto, el Partido Popular de Madrid, ha aprobado una serie de rebajas fiscales, pero estas han contribuido a que, entre otras cosas, Madrid se convierta en la región española que más inversión extranjera recibe (54% del total). También ha permitido que los madrileños se ahorren 26.300 millones de euros en impuestos desde que gobierna la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, eso no impide que Madrid siga siendo la comunidad que más contribuye al sistema de financiación autonómico. Según datos de Fedea, Madrid aportó en 2021 más de 6.300 millones de euros al famoso bote común, curiosamente, más del triple que Cataluña (2.168 millones de euros). En efecto, la política fiscal que deciden llevar a cabo las comunidades autónomas con los tributos en los que tienen competencias, como por ejemplo el impuesto sobre la Renta, el de Sociedades o el de Patrimonio, poco tiene que ver con lo que le toca contribuir al sistema común a cada región.

«El problema de Cataluña no es el sistema de financiación autonómica, sino el gasto superfluo en quimeras políticas»

Para hacer una estimación de los ingresos tributarios que van a tener las comunidades autónomas en cada ejercicio, dato que luego sirve de base para fijar la contribución de cada una, no se tienen en cuenta las bonificaciones que hacen las Comunidades Autónomas con los tributos en los que tienen competencias. Por lo que, la decisión de la Comunidad de Madrid de bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, no afecta a su contribución al bote común.

Lo que sí que tendría un impacto nefasto sobre nuestro sistema de financiación autonómica es que la segunda Comunidad Autónoma que más contribuye a este sistema deje de hacerlo, es decir, precisamente lo que está dispuesto a aceptar el Gobierno de Pedro Sánchez. Y no, el problema que tiene Cataluña no es su participación en este sistema, sino el gasto superfluo en quimeras políticas. Buenos ejemplos de ello son el entramado diplomático de embajadas en el extranjero, cuyo gasto se ha disparado un 45% en dos años, o la inversión desmesurada en TV3, que triplica la media de las demás televisiones autonómicas.

Por si no fuera poco, según las últimas noticias que nos llegan de las negociaciones de investidura del señor Illa, el Gobierno se ha abierto a crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat. El objetivo de este consorcio es que Cataluña recaude el 100% de los impuestos, es decir, crear un cupo catalán y replicar el del concierto vasco y navarro, que ya de por sí representan una anomalía en el panorama internacional. Ningún otro Estado con estructura federal renuncia a su control fiscal en sus regiones como lo hace España.

«Impunidad masiva por siete votos, ruptura fiscal a cambio de una presidencia autonómica»

La Unión Europea está avanzando hacia una mayor armonización fiscal, precisamente porque las diferencias que tienen los sistemas tributarios de los 27 pueden dar pie a una competencia desleal entre empresas y tener un impacto negativo sobre el mercado único que compartimos. Crear fracturas fiscales dentro de un mismo país, como quiere hacer el Gobierno, es un sinsentido. Un sinsentido que además puede acarrear problemas con la justicia europea.

Cuando en los años 90 el Gobierno del País Vasco lanzó un programa de reducciones fiscales conocidas como «vacaciones fiscales vascas», con el fin de atraer inversión extranjera, la Comisión Europea las declaró ilegales por tratarse de ayudas estatales incompatibles con el mercado común. La decisión fue ratificada a posteriori por el Tribunal de Justicia de la UE. Además, el retraso en la devolución de las ayudas, exigida por la Comisión, dio lugar a una multa de la Comisión Europea de 30 millones de euros a España.

El riesgo que presenta la singularidad fiscal exigida por ERC es evidente, y el Gobierno es bien consciente de ello. Sin embargo, vivimos en tiempos raros en los que cualquier excusa es buena para alcanzar su objetivo político. Impunidad masiva por siete votos, ruptura fiscal a cambio de una presidencia autonómica. Desde luego, no dejan de sorprender.