El Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática plantea conceder amnistía a quienes hayan sido procesados o condenados por delitos políticos o conexos desde 1999 hasta 2026, en el contexto de episodios de violencia política claramente identificados. En términos formales, el texto excluye delitos graves como violaciones a los derechos humanos, homicidio intencional, narcotráfico y corrupción. Esa delimitación es importante, porque una amnistía no puede convertirse en sinónimo de impunidad.
Ahora bien, más allá de su estructura jurídica, el debate central es otro: ¿puede hablarse de convivencia democrática mientras existan venezolanos privados de libertad por razones políticas, muchos de ellos sometidos a procesos marcados por la violación del debido proceso, detenciones arbitrarias o interpretaciones extensivas de tipos penales? ¿Puede hablarse de reconciliación cuando cientos de ciudadanos tuvieron que abandonar el país por persecución política o por temor fundado a perder su libertad?
Si el propósito declarado es la paz, el fin en sí mismo debe ser claro: la liberación de todos aquellos que injustamente han estado presos y la garantía de retorno seguro para quienes salieron del país por razones políticas. Una amnistía no es un gesto simbólico; es un acto de rectificación institucional y de voluntad política.
Pero la paz no se decreta solo con una ley. Si se habla de convivencia, deben revisarse también las normas que han profundizado la polarización y restringido libertades fundamentales. No es coherente promover reconciliación mientras subsistan instrumentos legales que penalizan la disidencia o amplían de manera ambigua la persecución penal por razones políticas. La derogatoria o revisión de leyes que han servido para dividir y sancionar el pensamiento crítico como: La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sería un paso necesario en cualquier proceso serio de normalización democrática.
La amnistía, en consecuencia, debe ser parte de un paquete más amplio de correctivos institucionales: respeto estricto al debido proceso, fortalecimiento de la independencia judicial, garantías plenas para la libertad de expresión y seguridad jurídica para todos los ciudadanos, sin distinción ideológica.
No se trata de reabrir heridas ni de establecer vencedores y vencidos. Se trata de asumir que el país necesita reglas claras, justicia imparcial y un sistema político donde disentir no sea un delito. Si verdaderamente aspiramos a la convivencia democrática, la amnistía debe convertirse en un punto de partida para reconstruir la confianza pública y restablecer la vigencia plena de la Constitución. La paz verdadera no es silencio impuesto; es libertad con responsabilidad y justicia con equilibrio.
