Un día como hoy, 23 de Diciembre de 1962, sentado de espalda a la reja de entrada de la celda donde estábamos más de 200 prisioneros de guerra de la invasión de Bahía de Cochinos se nos anunció que seríamos liberados al día siguiente. Así fue, y el 24 de diciembre, cerca de la madrugada del 25, llegábamos a Miami a comenzar una nueva vida y continuar la lucha por otros medios. Y hoy, desde esta publicación que ha podido llegar mensualmente a más de 100.000 lectores continuamos nuestra lucha por Cuba y por todos los países que, como Venezuela y Nicaragua, padecen un sistema que solo les da miseria, represión y corrupción.
Arribamos así a la última Bitácora del año. Y el primer tema que resalta es la conclusión del debate oficial sobre el proyecto de Reforma Constitucional que revisaría la constitución de 1976. Con tal fin, el Comité Central del único partido político legal en Cuba, el Partido Comunista, revisó un borrador que supuestamente incluiría lo discutido en la consulta popular realizada entre agosto y noviembre pasados.
Raúl Castro presidió dicha reunión; obviamente, lo que allí se decidió es santa palabra, ya que pensar que bajo el castrismo hay una auténtica “democracia participativa” es una ilusión más de un régimen diseñado para simplemente fingir una realidad en palabras que no tiene que ver en absoluto con los hechos. No debe olvidarse que entre los primeros cultores y propagadores de las “fake news” están los regímenes comunistas. Mentira y comunismo se han dado la mano siempre.
Castro informó que en la consulta participaron casi 9 millones de ciudadanos; en Bitácoras anteriores reprodujimos las experiencias de diversos analistas que intentaron hacer oír su voz en sus respectivas residencias. ¿Conclusión? Como dice el viejo refrán, “Mucho ruido y pocas nueces”.
Siempre según Castro, se procesaron 659.527 propuestas, 560.003 modificaciones, 27.238 adiciones, 38.505 eliminaciones y 33.781 dudas (!!!). ¿Los temas más debatidos? Los vinculados al periodo de mandato presidencial, la posibilidad del matrimonio homosexual, la creación del cargo de Gobernador, la participación de los cubanos expatriados en las inversiones, y el llamado “trabajo privado”. Sería asimismo interesante si algún día informaran cuántas entre miles de propuestas, modificaciones, adiciones, eliminaciones y dudas fueron incorporadas al documento final.
La técnica de diseccionar el proyecto en aquellas partes que en el fondo no son las más sustantivas, pero que pueden ser útiles como propaganda, busca desviar el debate de lo primordial: toda la propuesta no es sino una gran operación de maquillaje para que asuntos en verdad fundamentales sean simplemente obviados, independientemente de la opinión de la ciudadanía. A ese respecto, según reseñaron la agencia de noticias EFE y 14ymedio, se realizó una encuesta en la Isla, por medios no gubernamentales, que arrojó entre sus resultados los siguientes:
-“Un 47% no quiere un sistema con partido único;
-Un 45,1% no acepta el carácter irrevocable del socialismo como sistema económico, social y político del país.
– El 45,5% de los que respondieron a la encuesta dijo no haber participado en el proceso de consultas públicas abierto por el Gobierno antes del plebiscito de la reforma y un 26,8% dijo que sí tuvo oportunidad de emitir sus opiniones o recomendaciones.
-En cuanto al modelo de partido único un 47% dijo que no garantiza la libertad política, un 14,6% piensa que solo la garantiza parcialmente, un 15,7% cree que sí puede garantizarse y un 21,9% no sabe cómo responder a esta pregunta.
En términos generales, un 42% de los encuestados está en desacuerdo con la concentración del poder.
A la pregunta “¿Consideras importante que se reconozca el derecho a la participación política?” en la Constitución reformada, un 70% respondió afirmativamente, el mismo porcentaje que los que creen que había que agregar a los motivos por los que un cubano no puede ser discriminado los de “conciencia, pensamiento, expresión y edad”.
El carácter irrevocable del socialismo como sistema económico, social y político, reconocido en el artículo 3 del nuevo texto constitucional, no es aceptado por el 45,1% de los encuestados. Un tercio no sabe cómo posicionarse, mientras que un 25,9 % está de acuerdo en mantener dicho carácter.
A la pregunta “¿cuán de acuerdo estás con que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales?”, un 10,8% están de acuerdo o muy de acuerdo, y un 48,7% lo contrario. El resto no sabe qué responder.
Un 52,1% está en contra de que la empresa estatal socialista sea el sujeto principal de la economía nacional por encima de cooperativas, empresas mixtas y empresas privadas, frente un 25,3% que está a favor.
Un 72,7% defiende que los cubanos que residen en el exterior disfruten de los mismos derechos que los que residen de manera permanente en Cuba.
Acerca del matrimonio igualitario, que está reconocido en la propuesta de reforma constitucional, un 52,9% está a favor de la unión entre personas del mismo sexo y un 35,2% lo rechaza.
La mayoría de los participantes en la encuesta son jóvenes, el 45,7 % tenía de 22 a 35 años y el 36,1 % de 36 a 55 años. La idea era hacer la encuesta en paralelo al proceso de consultas públicas que el Gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel realizó sobre el proyecto de reforma constitucional con el fin de incluir de propuestas de la ciudadanía en el texto final”.
El dato central es que, como siempre hemos señalado los opositores al régimen, un número importante y significativo de los encuestados favorece el pluralismo político y económico, la diversidad de opciones, la superación del partido único, del líder único, del sistema único. La lógica castrista, de una presumible supremacía del modelo comunista entre la población, hace muchos años que no es cierta.
Diversos articulistas, como Reinaldo Escobar (14ymedio), o Roberto Jesús Quiñones, en Cubanet, analizaron en profundidad las fallas más significativas del proyecto de Reforma. Una selección de sus notas más recientes:
Reinaldo Escobar (en 14ymedio):
“El partido único, una reliquia que (casi) nadie se atreve a denunciar en el debate constitucional”
“La reforma de la Constitución que se lleva a cabo actualmente en Cuba no está exenta de esas contradicciones al dar como si fueran “nuestros” varios puntos que han sido copiados a terceros.
Uno de los casos más emblemáticos de este mimetismo es el Artículo 5 del proyecto de Carta Magna donde el Partido Comunista de Cuba (PCC) queda descrito como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado“. Aunque éste ha sido uno de los puntos más rechazados desde la oposición política, pocos se han atrevido a cuestionarlo en los debates públicos.
Esta definición del suprapoder del PCC en la sociedad se introdujo en la primera versión del anteproyecto de la Constitución de 1976 que una comisión encargada de su redacción entregó a Fidel Castro el 24 de febrero de 1975. Aquel texto quedó aprobado por el Buró Político del Partido en abril de ese mismo año, en un contexto de gran aproximación a la Unión Soviética.
El fracaso de la zafra de los 10 millones, el descalabro de la economía nacional y la visita de Leonid Brezhnev a la Isla, en 1974, habían cerrado el abrazo del oso ruso alrededor del modelo cubano. Aquel acercamiento se tradujo en el envío de cuantiosos recursos pero con la obligación por parte de la nomenklatura isleña de crear estructuras, modelos de gestión y de administración claramente compatibles con la URSS.
Aquel “copia y pega” no era un secreto para nadie y, en un folleto de circulación interna para cuadros del Partido, publicado en edición limitada en abril de 1975, se ofrecen los elementos que permiten hacer un estudio comparativo entre los artículos propuestos en el anteproyecto cubano y otras constituciones de diversos países de lo que entonces se llamaba “el campo socialista”.
En el estudio comparativo que circuló entre los militantes se explicaban las afinidades entre la naciente Carta Magna cubana y sus primas cercanas de la Unión Soviética, Albania, Polonia, Vietnam, Mongolia, Checoslovaquia, Rumanía, República Democrática Alemana, Bulgaria, Hungría y Corea del Norte. En esa época China no era considerada en Cuba como un país socialista y no gozaba del favor de la Plaza de la Revolución, por lo que no fue incluida en el volumen.
La concordancia del artículo 5 de la Constitución de la Isla con las definiciones aparecidas en la ley de leyes de esos países refleja la similitud conceptual para expresar más o menos con las mismas palabras que el que manda en el país no es otro que el partido de los comunistas.
El modelo cubano entró así en un ajustado corsé, que contrastaba con los primeros 16 años posteriores a 1959, en que el país careció de una adecuada Constitución que lo rigiera. El Partido empezó a organizar su primer congreso y solo nueve meses después de la visita de Brezhnev a La Habana se creó la comisión encargada de redactar el anteproyecto de Constitución, presidida por Blas Roca, un hombre de confianza de Moscú. (…)
Las tradiciones criollas en temas constitucionales fueron reducidas a la nada y la tantas veces ponderada soberanía, disminuida a la condición de símbolo.
Hoy, el único país de la lista con el que Cuba mantiene concordancias constitucionales es Corea del Norte. El resto ha dejado en el pasado las pretensiones de liderazgo obligatorio del Partido Comunista. Los artículos que blindaban el sistema no sirvieron de mucho para detener el empuje democratizador que vivieron esas naciones. Cuando la Carta Magna quiso frenar la realidad fue -simplemente- derogada.
Sin embargo, la propuesta de reforma constitucional cubana en lugar de buscar similitudes con las leyes democráticas de países de América Latina, basadas en la competitividad de diferentes partidos políticos, se mantiene aferrada a la idea de imponer por ley la prevalencia de un único partido. Está atada a preceptos que ya demostraron su fracaso.
Las malas copias traen peores resultados y este caso no será la excepción.
Roberto Jesús Quiñones (en Cubanet):
“Cuba, los derechos civiles y la reforma constitucional”
GUANTÁNAMO, Cuba. – Este lunes 10 de diciembre se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Algunos de ellos también fueron regulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966 y puesto en vigor el 23 de marzo de 1976.
El gobierno cubano es parte de este importante instrumento jurídico internacional y, de conformidad con los compromisos contraídos con la ONU al ratificar dicho Pacto y con los acuerdos firmados con la Unión Europea, debió haber incorporado hace mucho tiempo su articulado a la legislación nacional, lo cual no ha hecho.
Se esperaba que en el Proyecto de Constitución que fue sometido a debate popular esos artículos quedaran incluidos para sentar las bases de la necesaria transformación política del país, algo que permitiría que esos derechos humanos estén al alcance de todos los cubanos. Sin embargo, una comparación entre ambos documentos demuestra que no ha sido así.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Proyecto de Constitución cubano
En el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —en lo adelante PIDCP— se reconoce que: “con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal de ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como sus derechos económicos, sociales y culturales”.
En Cuba no están creadas las condiciones a que alude el Preámbulo del PIDCP y eso queda demostrado con un simple cotejo de ese documento y el Proyecto de Constitución.
Aunque el Proyecto de Constitución supera —en cuanto a la ampliación de los derechos consignados en él— a la Carta Magna de 1976, eso no provocará una situación garantista de esos derechos si no se realizan profundas transformaciones de nuestro sistema político, algo que no está en las mentes de los gobernantes cubanos. Eso indica que tendremos una nueva Constitución, pero que seguirá siendo formal y vulnerada como hasta ahora ha ocurrido con la vigente, porque en Cuba no existen garantías para el cumplimiento de los derechos civiles y políticos.
El artículo I del PIDCP establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Ese principio del Derecho Internacional aparece en el art. 16, inciso (a), del Proyecto de Constitución, pero la dificultad estriba en que para que se haga realidad entre nosotros, el pueblo debe decidir mediante elecciones auténticas —léase democráticas y multipartidistas— el sistema político que desea, y eso jamás ha ocurrido en Cuba después de 1959, pues se nos ha impuesto un sistema de partido único sin que el Partido Comunista haya sido elegido por el pueblo para ocupar la posición auto asignada. En Cuba el pueblo solo elige a los delegados de cada circunscripción al Poder Popular, personas que carecen de poder real para resolver los problemas de la comunidad. Cuando a las asambleas de elección de candidatos se presentan personas que defienden un proyecto alternativo al castrismo estas son detenidas por la Seguridad del Estado. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) son impuestos por una comisión de candidatura que para nada tiene en cuenta las opiniones de los electores. Dichos diputados son mayoría con respecto a las personas elegidas en la base, casi todos militantes del partido y todos subordinados a él. En tales condiciones no puede hablarse de soberanía popular pues la ANPP está circunscrita a los límites impuestos por los comunistas, quienes han decidido que sea ella la que elija a los más importantes dirigentes del país y tome todas las decisiones trascendentales; es decir, los 605 diputados, que representan el 0.00027% del total de los electores, son los ejecutores de la soberanía nacional, mientras que el 99.99973 % restante no decide nada. ¿De qué libre determinación puede hablarse en Cuba?
El artículo 2 del PIDCP establece la obligación de cada Estado firmante del documento —Cuba lo es— de integrar a su legislación los derechos reconocidos en él. En el primer párrafo de dicho artículo se establece que el reconocimiento de esos derechos a todos los individuos, se hará sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social. En el Proyecto de Constitución no se menciona la discriminación política como lesiva a la dignidad humana pues eso impondría a los castristas la obligación de reconocer el multipartidismo. En tales condiciones resulta una falacia de los dirigentes cubanos proclamar que el Partido Comunista representa a todo el pueblo.
El artículo 3 del PIDCP establece que cada uno de los Estados partes se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo —ante los tribunales— aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. En el Proyecto de Constitución aparece en el art. 94 la posibilidad de reclamar ante los tribunales por esa causa, pero en Cuba el sistema judicial está subordinado al Partido Comunista y las personas son juzgadas según su posición política. Cuando el recurso se establece ante tribunales de esta naturaleza, contra la actuación de funcionarios del Estado, el ciudadano está en una posición desigual. Mientras esta realidad no se subvierta, el derecho a un recurso efectivo ante estos tribunales será otra simple expresión de marketing político.
En cuanto a la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos reconocida en el artículo 3 del documento internacional, aunque el art. 40 del Proyecto de Constitución establece el principio de igualdad y oportunidad de los ciudadanos, en Cuba sólo disfrutan plenamente sus derechos las personas reconocidas como defensoras del proyecto comunista. Todos los demás ciudadanos son discriminados de una forma u otra”.
Por último, un tema que ha sido destacado en los medios regionales e internacionales ha sido el cierre del Programa “Mais Medicos”, firmado entre el régimen cubano y el Gobierno del PT brasileño, y que fuera denunciado por el hoy nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, por decretar en la práctica la esclavitud de los profesionales de la salud cubanos, usados por el Régimen como objetos generadores de jugosos ingresos a las siempre alicaídas finanzas comunistas de la Isla, y como mecanismo de propaganda. Se produjo entonces el anuncio de la retirada general, por no aceptar la dictadura las muy razonables condiciones exigidas por la nueva administración brasileña: que los médicos recibieran directamente su sueldo, y no como sucede hoy, que el castrismo se queda con la mayor tajada; que los familiares de los profesionales pudieran acompañarlos en su estadía en el exterior; y que pudieran obtener la reválida de su título, según las leyes brasileñas.
Dimas Castellanos, en “Diario de Cuba”, (“Más Médicos: el descalabro de la retirada”) reseña con exactitud lo sucedido:
“Informaciones de la embajada de Brasil en La Habana sobre las negociaciones secretas entre La Habana y Brasilia, reveladas por DIARIO DE CUBA, evidencian la inconsistencia de la respuesta cubana y las verdaderas razones detrás de tal decisión.
El regreso demostró que los galenos cubanos no marchan voluntariamente al exterior, sino que son alquilados, que salvo excepciones no pueden viajar acompañados de sus familiares, que reciben una pequeña parte del dinero que pagan por ellos y que si abandonan el programa son castigados con la prohibición de entrar a su país por un período de ocho años: condiciones que califican como esclavitud moderna.
Si Bolsonaro emitió sus exigencias antes de asumir la presidencia de Brasil, el Gobierno cubano debió negociar antes de decidir unilateralmente la retirada.
En dos oportunidades anteriores el programa Más Médicos había estado a punto de ser clausurado. La primera ocurrió en 2016 —después de la destitución de Dilma Rousseff—, cuando Cuba retiró 1.200 médicos para presionar una renegociación del contrato. La segunda en 2017, durante el Gobierno de Michel Temer, cuando decenas de cubanos, al terminar la misión, decidieron quedarse en Brasil. En ambos casos las autoridades brasileras cedieron a las exigencias de Cuba.
La experiencia de la presión en esas dos oportunidades parece haber estado presente en los cálculos para la actual retirada. Para La Habana, partiendo de la importancia política que representa la atención médica, especialmente en las zonas más alejadas y de peores condiciones de Brasil, la retirada antes de que Bolsonaro asumiera la presidencia podría haber generado una crisis, al quedar desatendidos más de 29 millones de brasileños. Dicha crisis podría evitarse si Bolsonaro retiraba sus exigencias. En ambos casos el hecho brindaría un “triunfo al Gobierno de Cuba” contra el recién electo mandatario, pero no resultó así.
Para contrarrestar el impacto negativo de la retirada, Brasil puso a convocatoria 8.517 plazas. Primero para médicos brasileños y extranjeros con título revalidado y después para otros médicos, incluyendo a los cubanos que se beneficiarían sin antes tener la revalidación de sus títulos. Unos días después, el 27 de noviembre, el Ministerio de Salud de Brasil anunció que la mayoría de las plazas dejadas por los galenos cubanos habían sido ocupadas, por lo que —de ser así— quedó desactivada la potencial crisis. Las últimas informaciones daban cuenta que quedaban pendientes apenas 106 plazas en los municipios más remotos y pobres del país, en distritos indígenas y en municipios de la región Amazónica.
Por la parte cubana, a pesar de la sorpresiva y rápida evacuación, las fugas no pudieron evitarse. El 9 de diciembre, 5.853 médicos habían sido evacuados, lo que representaba algo más del 70% de los 8.332 que cumplían misión en aquel país. Hasta ese momento, las informaciones brindadas por DIARIO DE CUBA indicaban que un 22% de los médicos había decidido no obedecer la orden de retirada.
Según la prensa oficial, con el vuelo número 32 finalizó la evacuación. Varios cálculos arrojan las posibles siguientes cifras. Un especialista de aviación, publicado en DIARIO DE CUBA, estimó que “como promedio, cada avión debió transportar a unos 200 pasajeros”, por tanto, en 32 vuelos regresarían unos 6.400 médicos. Si se tiene en cuenta el 22% calculado por este periódico, habrían regresado unos 6.500 aproximadamente. Al mismo tiempo, la Organización Panamericana de la Salud había planteado en noviembre que unos 1.400 médicos cubanos podrían permanecer de forma legal en Brasil, es decir, que regresarían cerca de 6.932. En esos y en otros cálculos la cifra de los desertores oscila entre 1.400 y 1.900. Un golpe mayor si se tiene en cuenta que por cada uno que no regresó, otros lo pensaron, aunque por diversas razones decidieron regresar.
La magnitud de la fuga lo confirma el mutismo de las autoridades cubanas, que no dijeron una sola palabra acerca de los que se quedaron, tal como si no fueran cubanos o nunca hubieran existido, aunque seguirán salvando vidas en Brasil.
La razón de quedarse es sencilla. Con independencia de cualquier vocación humanitaria, la aceptación de marchar a cualquier país radica, fundamentalmente, en los bajos salarios que los médicos perciben en Cuba: unos 34 dólares mensuales como promedio. Por tanto, aunque el Gobierno se quede con el 75%, cada mes de salario en Brasil representa unos 18 meses de salario en Cuba, lo que permite a los galenos mejorar su situación y la de sus familias.
Por esos servicios —fundamentalmente médicos— el régimen cubano recibió el año 2017 11.379 millones de dólares (cifra que incluye los ingresos por turismo), lo que demuestra ser una actividad más lucrativa que las exportaciones de azúcar, níquel u otros productos.
Del alquiler de médicos el Estado cubano obtiene dos grandes dividendos: 1- suple en parte la ineficiencia del modelo estatizado y 2- vende al mundo la imagen de médicos dispuestos a salvar vidas en cualquier lugar del mundo.
Las consecuencias negativas de la retirada son muchas. Además de la pérdida en dinero, en lo adelante será difícil que otros países —excepto casos como el de Venezuela— acepten un trato como el que se estableció con Brasil. También sería extraño que, después de las acciones cívico-legales presentadas en Brasil contra los términos del programa Más Médicos, la OPS se vuelva a involucrar en algo parecido.
Lo ocurrido —junto a hechos como que asociaciones de juristas de Brasil estén ofreciendo asesoría gratis a los médicos cubanos que no regresaron, y que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, esté apoyando a varios cubanos en una “demanda millonaria” como compensación— influirá en la conducta de los médicos que trabajan en terceros países, o de esos que sean enviados en lo adelante.
Por todo lo anterior, el descalabro limita el alquiler de médicos y pone en posición de jaque mate al sistema cubano de esclavitud moderna”.
Mientras tanto, una nota en 14ymedio (“López Obrador y Cuba negocian un Mais Médicos mexicano”) anuncia una posible aprobación del nuevo Gobierno mexicano de un programa similar para ese país, al cual se dirigirían aproximadamente 3.000 profesionales sanitarios cubanos.
Según los diarios Estadão y Cubanet, las negociaciones se iniciaron en septiembre pasado, tras la victoria del mexicano, para crear un programa similar al brasileño en el país norteamericano y están dirigidas por Lázaro Cárdenas Batel, nuevo coordinador de asesores de la presidencia mexicana.
“Nadie mejor que Lázaro Cárdenas Batel para hacer la gestión necesaria entre los tres países”, ha afirmado una fuente citada en la exclusiva. El funcionario pertenece a una familia muy vinculada a la izquierda mexicana y tiene amistades con miembros del Partido de los Trabajadores brasileño.
Una vez más, la siempre fiel izquierda latinoamericana busca salir al rescate de la tiranía cubana (la misma izquierda que, hace pocos días, en Uruguay, expulsó a Luis Almagro de su membresía partidista, por su defensa de la libertad y la democracia para el pueblo venezolano). Pero el descalabro del programa brasileño, con las centenares de notas periodísticas que pusieron a la vista de todos la realidad de la explotación por la dictadura castrista de sus médicos, unido a la crisis, por razones obvias, de dicho programa en Venezuela, son traumas que le será difícil subsanar al castrismo.
Estimados amigos: siendo esta la última nota del año, me despido deseándoles a todos unos días navideños de paz y tranquilidad, y los mejores deseos de un 2019 pleno de dicha y logros personales y profesionales. Son muchos los retos que enfrentará Cuba en el nuevo año; ya al comienzo, en febrero, se someterá a votación el proyecto de Reforma Constitucional. Que Dios nos ilumine y nos guíe en esta nueva expresión de lucha por la libertad de nuestra patria.
Marcelino Miyares, Miami, 23 de diciembre de 2018.
