María Corina Machado da un giro estratégico y apuesta por nuevas elecciones

Teniendo como telón de fondo el inesperado giro político en Venezuela, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, la líder opositora María Corina Machado ha marcado un punto de inflexión en su estrategia. Desde EEUU, donde se encuentra temporalmente, la Premio Nobel de la Paz anunció el pasado 1 de marzo su regreso al país «en pocas semanas» para impulsar una transición democrática que priorice la realización de nuevas elecciones libres y justas.

Este viraje, ratificado hoy por su estrecho colaborador Henry Alviarez en su primera rueda de prensa tras ser liberado de prisión, representa un alejamiento del énfasis en el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde la oposición reivindicaba la victoria de Edmundo González Urrutia. Analistas internacionales, como los del Atlantic Council, ven en este cambio una alineación pragmática con posiciones de potencias regionales y globales, que podría catalizar la demanda electoral en un país aún bajo la sombra del autoritarismo.

«En pocas semanas, nos vemos en Venezuela«, afirmó Machado, subrayando la necesidad de «prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral».

Esta frase, parte de un mensaje que acumula millones de visualizaciones, marca un contraste con su discurso previo, centrado en la defensa de los resultados de 2024, donde González Urrutia obtuvo, según actas opositoras, alrededor del 67% de los votos. Este fin de semana, en el relanzamiento de la estrategia, María Corina Machado evitó menciones explícitas a González Urrutia como presidente electo, proyectándose implícitamente ella como figura central en futuras contiendas.

Su plan incluye tres etapas: fortalecer la unión opositora iniciada en las primarias de 2023, consolidar un Gran Acuerdo Nacional para la gobernabilidad y prepararse para elecciones que, según entrevistas previas, podrían realizarse en nueve o diez meses una vez iniciadas las reformas necesarias.

Este anuncio no surge en el vacío. Analistas como Walter Molina, politólogo venezolano, interpretan el mensaje como una narrativa que ordena los eventos recientes dentro de una estrategia acumulada: «Primero la derrota espiritual, luego la política, la electoral el 28 de julio de 2024, y finalmente la fase de fuerza».

Varios analistas ven en esto el hecho «más relevante» en la Venezuela actual, alineando a Machado con demandas externas (de Washington, y antes de Bogotá y Brasilia) que priorizan la estabilidad sobre la reivindicación inmediata de pasados comicios.

La ratificación por parte de Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela y liberado hace dos semanas tras casi dos años en El Helicoide, añade peso interno a este cambio. En su primera rueda de prensa, acompañado de decenas de militantes y dirigentes locales, Alviarez respondió a preguntas sobre si las nuevas elecciones desplazan el reclamo por 2024. Aunque Alviarez evitar restarle importancia a las demandas que han rodeado a los resultados del 2024, confirmó que la prioridad está puesta ahora en movilizaciones para una «nueva victoria electoral», alineándose con Machado.

«No descansaremos hasta llegar hasta el final. Y el final no es más que ser libres», había declarado previamente Alviarez, pero en esta ocasión conectó la libertad con un proceso electoral renovado, anunciando recorridos por el país a la espera del regreso de Machado para «volver a recorrer el país en su compañía».

Esta intervención, la primera pública después de su liberación, no solo valida el viraje, sino que lo hace operativo desde el terreno, donde Alviarez emerge como la figura de mayor peso de Vente Venezuela dentro del país, dado el alto número de líderes del partido y colaboradores de Machado que han debido exiliarse.

Este reenfoque estratégico se alinea notablemente con la posición de EEUU. El secretario de Estado Marco Rubio, en declaraciones durante la 50ª Reunión de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom el 27 de febrero, insistió en que «el siguiente paso indispensable para Venezuela es la realización de elecciones democráticas justas» .

Rubio vinculó explícitamente los comicios a la atracción de inversiones petroleras, argumentando que, sin legitimidad electoral, Venezuela no puede «desarrollar sus riquezas ni convertirse en un socio confiable». Enfatizó que miles de millones de dólares en el sector energético requieren «garantías políticas» y «certidumbre jurídica», posicionando las elecciones como clave para desbloquear créditos, inversiones y alivio de sanciones.

Esta visión resuena con la de Machado, quien en entrevistas como la concedida a Dasha Burns en Politico, mencionó que las elecciones podrían ocurrir «dentro de nueve o diez meses», una vez iniciado el proceso. Rubio, sin embargo, evitó fijar un cronograma para los comicios en Venezuela, en donde se prevé una contienda entre María Corina Machado y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien buscaría mantener un espacio político para el chavismo en un escenario que se pronostica favorable para la líder opositora.

Washington ha sido claro: no reconocerá los resultados de 2024 por falta de verificación, priorizando unos comicios nuevos para estabilizar el país post-Maduro. Colombia y Brasil, otrora aliados regionales del chavismo, han impulsado esta ruta desde 2024. Bogotá y Brasilia insistieron en nuevas elecciones para resolver la crisis post-electoral, y tras la captura de Maduro, han reforzado llamados a un proceso electoral inclusivo.

El Atlantic Council, en informes recientes, aboga por elecciones libres dentro de 18 meses, recomendando levantar inhabilitaciones a figuras como Machado y crear comisiones para un camino electoral transparente, con veeduría internacional.

En un memo dirigido al presidente Donald Trump, el think tank urge dar «pasos para asegurar una Venezuela próspera y alineada con EEUU«, y eso incluye el fin de restricciones a los políticos opositores y elecciones con autoridades que respeten los resultados.

El regreso de Machado a Venezuela podría ser el catalizador para que la demanda de elecciones cobre fuerza, según observadores. Sin fecha definida —el Gobierno interino de Rodríguez elude el tema—, su presencia en Venezuela impulsaría movilizaciones, como las anunciadas por Alviarez. En un país con más de 500 presos políticos pendientes de liberación, según Foro Penal, y una economía dependiente de inversiones petroleras que están en proceso de concretarse, las nuevas elecciones ofrecerían un marco de legitimidad.

Sin embargo, los riesgos persisten: el Atlantic Council advierte de un «régimen que no ha mutado en esencia», de un madurismo sin Maduro, que sigue controlando los resortes del poder y podría estar apostando a ganar tiempo sin comprometerse a fondo con una redemocratización del país.