Matar al ecologista
El número de activistas ambientales asesinados por defender el planeta ha alcanzado un nivel sin precedentes, denuncia el INDEPENDENT londinense.
Rumania, que aloja la mitad de los restantes bosques primitivos de Europa y es por ello vital para la respiración del continente y refugio de densas poblaciones de lobos y osos pardos, ha devenido particularmente peligrosa para quienes se atreven a desafiar la voracidad de los promotores inmobiliarios y los industriales madereros, legales e ilegales.
La sección local de Greenpeace estima que tres hectáreas de bosques se pierden cada hora, por un valor estimado de un millardo de dólares anuales, y que el total en las pasadas dos décadas rebasa las 349 mil hectáreas, estimulando una acción de la Comisión Europea contra las autoridades de Bucarest, que con tanta displicencia atienden el patrimonio nacional y continental.
Raducu Gorgioaia y Liviu Pop, guardaparques, fueron asesinados a fines del 2019, aparentemente por los interesados en continuar esa práctica depredadora que, según la unión forestal, fue responsable de la muerte de otra pareja de funcionarios, más de 650 ataques físicos e intimidaciones en los últimos años e incluso de acciones que lindan con la más torcida ficción novelesca. Como la orquestada contra Gabriel Paun, víctima de un ciberataque que borró siete años de trabajo y datos personales de su computadora, y a quien se plantó una atractiva espía para atiborrar su residencia de cámaras y micrófonos.
Y el caso de la república balcánica es sólo uno en el panorama global que registró en 2019 una cifra record de 212 asesinatos, comparada con las 164 del año precedente – ¡cuatro semanales!- aparte de incontables intentos de organizaciones, industriales y gobiernos para impedir a las comunidades la protección de sus ecosistemas.
Entonces, Colombia disputó con 64 asesinatos el discutible palmarés a Filipinas, y Angelica Ortiz, activista de la Goajira, ha revelado que junto a otras compañeras de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu, ha sufrido permanente hostigamiento por parte de grupos paramilitares que controlan las zonas rurales.
Una de sus principales luchas ha tenido por escenario el proyecto minero El Cerrejón, para el cual se desvió el caudal de un río que es vital para los indígenas, originando sus protestas y la consiguiente respuesta con violencia de sectores económicos y políticos interesados en capitalizar esa riqueza.
Y, un detalle particularmente insidioso es que las mujeres son, conforme a la ONG Global Witness, más propensas a ese tipo de agresiones de los agronegociantes y mineros que, según se ha revelado, cuentan ahora con la impunidad que ofrecen las medidas de control del coronavirus.
En Colombia, seis activistas han sido asesinados desde la imposición de controles que dificultan la gestión de las protestas ante las instancias judiciales competentes; y en Rumania, la sorpresa del activista Paun al monitorear en helicóptero el bosque de Bucova, al suroeste del país, ha sido mayúscula, comprobando que el ritmo de destrucción se había multiplicado al cobijo de la pandemia.
Lo cual, sin embargo, lejos de disminuir ha redoblado el ardor del joven ecologista balcánico para salvaguardar el patrimonio natural del país del conde Drácula.
Varsovia, diciembre 2020