Maxim Ross – Democracia en Venezuela: garantía de estabilidad a largo plazo
CARACAS (VENEZUELA), 09/04/2026.- Personas se enfrentan con integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) durante una manifestación de organizaciones sindicales, estudiantiles y gremiales que exigen aumentos salariales este pasado jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Hay tres discusiones que tienen a Venezuela en vilo y suspendida en una trama de la cual, parece ser, que en poco o nada, puede opinar e influir. El apoyo de los Estados Unidos para desentrabar el juego de poder de los últimos 27 años se ha convertido en un sistema similar al que se ha propuesto erradicar, no dejando margen para que los venezolanos puedan defender su propio destino. La realidad parece ser que estamos cambiando un gobierno autoritario por otro. Si el Gobierno de los Estados Unidos quiere ayudarnos, debe cambiar esa percepción y aplicar la misma fórmula que le permitió llegar al poder. Los venezolanos reclaman un tratamiento exactamente igual. La situación que describimos se fundamenta en tres temas que ocultan la verdad de los hechos.
En primer lugar, se afirma categóricamente que de no haber escogido la opción del interinato Venezuela habría entrado en una situación conflictiva y un caso social y económico que pondría la fase de “estabilidad” en peligro.
¿Estabilidad en peligro?
Es mucho lo que se ha escrito y defendido por nosotros para refutar sólidamente que la hipótesis del caos no tiene fundamento alguno, no solo por la aviesa comparación que se hace con los casos de Iraq, Vietnam u otros países en los que los Estados Unidos salieron atascados y muy comprometidos, pero ese no es nuestro caso porque en Venezuela no hay condiciones para una guerra civil y tampoco hay enfrentamientos religiosos.
A ese argumento se agrega que existe una gran polarización política que lo sustenta, tal como en otros países de América Latina, pero el resultado de la elección de julio de 2024 evidencia todo lo contrario, con una clara y mayoritaria mayoría de votos en contra del gobierno actual.
Finalmente, la estabilidad a corto plazo depende, y solo depende, del mantenimiento del aparato represivo concomitante al gobierno interino el cual es y será motivo de conflictividad e inestabilidad si los actores políticos y las organizaciones estudiantiles, sindicales, civiles no pueden ejercer las garantías constitucionales de manifestar pacíficamente. En realidad, el enemigo de la estabilidad está en una “falla de origen”: la escogencia del interinato. Una dictadura es más propensa a la inestabilidad que una democracia porque carece de los intermediarios políticos clásicos para atender y resolver conflictos (1).
En segundo lugar, se afirma que una recuperación económica, fundada en la explotación de nuestros recursos naturales, el petróleo y la minería, son condición necesaria para garantizar la estabilidad y para materializar la transición democrática en un llamado a elecciones libres.
- Como se acaba de demostrar recientemente el único recurso que le queda a la sociedad es la manifestación de calle y con probabilidades de ser reprimida.
Recuperación económica y estabilidad política
No cabe la menor duda de que si le damos “un vuelco” a la situación económica de la gran mayoría de venezolanos la estabilidad política estaría más que garantizada, porque un mejor salario, una pensión razonable y un mejor empleo la soportan. Sin embargo, como se ha defendido anteriormente la estabilidad política no proviene solo de la situación económica y menos si solo va a depender del ingreso petrolero y de las prometidas inversiones.
A este argumento se oponen dos consideraciones. La primera, la proximidad de llegada de las grandes compañías norteamericanas y, la segunda, evaluar en qué medida esa recuperación tiene otra fuente.
Factibilidad de las inversiones petroleras
La “pronta llegada” de las inversiones petroleras es el piso que va a sostener a la economía venezolana. Paradójicamente, después de aquella famosa reunión del presidente Trump con las grandes compañías de su país, solo queda el rastro de las clarísimas expresiones y declaraciones de los tres grandes, CONOCO, EXXON y, muy en particular, CHEVRON al invocar la necesidad de reglas claras del juego, seguridad jurídica y la legitimidad de las instituciones venezolanas para invertir “en grande” y pensar en el largo plazo. Si estos planteamientos son reales la proximidad de su presencia en Venezuela se aleja y el “enfoque petrolero Trump” debería ser reconsiderado y habilitar la coincidencia de esas compañías con la necesidad de legitimar las instituciones políticas venezolanas.
Una fuente no petrolera de recuperación económica
Existen evidencias claras y demostrables de que esa recuperación económica puede venir de otro lugar, del lado de la economía privada no petrolera la cual, no solo ha demostrado una conducta de sobrevivencia ante viejos y acostumbrados ataques del socialismo del siglo XXI, sino que, a pesar de que no se le liberan las ataduras impositivas o coercitivas, ha logrado motorizar la economía en los últimos años. También, si se quiere hablar de estabilidad en el corto plazo, mucho más fundamento tiene respaldarla con el sector que produce la comida de los venezolanos (el agro y la agroindustria), el que genera más y mejor empleo remunerado, el que desarrolla los servicios y que representa históricamente entre el 70 al 90% del PIB según sea el periodo.
En tercer lugar, se postula que quien nos está prestando ayuda externa ve en la continuidad del interinato una alianza de largo plazo, entre aquel país y el nuestro. Especialmente en las áreas petrolera y minera. En nuestra opinión ese propósito ignora completamente una buena parte de la historia de Venezuela que puede coadyubar a ponerlo en su sitio.
Democracia venezolana: la garantía de largo plazo.
Si algo muestra nuestra historia es que, por un lado, la coincidencia entre inestabilidad y dictadura es repetida y patentemente comprobable y, por otro, es que fue la democracia venezolana quien dio el mejor trato a la inversión extranjera en hidrocarburos y fue su mejor garantía de estabilidad y acuerdos de largo plazo.
Las dictaduras son inestables
Al menos en Venezuela ese hecho es cierto. Gómez tuvo que resistir la resistencia y las manifestaciones de desacuerdo de los incipientes movimientos y partidos políticos que defendió la generación del 28. Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Andrés Eloy Blanco y Miguel Otero Silva fueron sus principales protagonistas y, varios de ellos, fueron a parar a la cárcel en la Rotunda y en el Castillo de Puerto Cabello. Muere Gómez en 1935 y ya aparecen los vestigios de la necesidad democrática en los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, con algunas concesiones prodemocracia, pero no aceptadas y resistidas por el grupo que promueve la Revolución de Octubre, Betancourt y un grupo de militares (Pérez Jiménez, entre ellos), descontentos, entre otras cosas por la resistencia al voto universal de parte de aquel gobierno. Una vez más la dictadura, aunque “blanda” genera descontento e inestabilidad política. Sobreviene el golpe contra el Gobierno libremente elegido de Rómulo Gallegos, y toma el poder Pérez Jiménez, el cual prontamente debe enfrentar la resistencia civil. De nuevo la represión hace su papel y es derrocado en 1958.
Los acuerdos de largo plazo exigen legitimidad democrática
En esos dos periodos, ciertamente, se registra el nacimiento y el desarrollo de nuestra industria petrolera capitaneada por las grandes empresas norteamericanas y bajo contratos de largo plazo alcanzados por esos dos gobiernos. Se dan los principales acuerdos tributarios y de participación que lo permiten, pero el país no está satisfecho con ellos.
De 1928 a 1958 la industria registra sus mejores momentos, pero su base de instituciones políticas legitimas se agrieta progresivamente y ahora la dictadura no puede ofrecer una garantía de largo plazo, que no sea ratificada por la nación en pleno. La incipiente democracia surgida en 1958, bajo el amparo de gran acuerdo político, el Pacto de Puntofijo, es la base de sustentación requerida para un nuevo convenio petrolero de largo plazo, refrendado por la democracia venezolana. La “apertura petrolera” es el signo de esos tiempos. (Recordemos que la nacionalización de 1976 fue convenida con las grandes empresas y fueron indemnizadas).
Las compañías y los gobiernos llegan a acuerdos de su conveniencia hasta la ruptura que provoca la llegada del socialismo del siglo XXI con su política de expropiaciones y confiscaciones que hoy son reclamadas por aquellas empresas. De nuevo, un gobierno que se legitima en el poder con serios cuestionamiento internos y externos, con un desconocimiento flagrante de los resultados electorales, muy lejos está de poder ofrecer acuerdos y garantías de largo plazo a las empresas petroleras, porque se enfrenta al mismo tema y problema que hemos rescatado en nuestra historia.
La sociedad, más tarde o más temprano, va a reclamar sus derechos. Si no tiene las herramientas políticas para hacerlo, propias de las democracias, utilizará las que estén a la mano y se repetirá la respuesta esperada: la calle, como única vía, la represión y la inestabilidad política volverán irremediablemente hasta que se restaure el orden democrático. Puede no ser así, como es el caso de Cuba, pero allí difícilmente podría darse un acuerdo de largo plazo como lo esperan los Estados Unidos y sus compañías petroleras.
La paradoja es muy sencilla y clara como lo indica nuestra historia: con un gobierno ilegitimo un acuerdo de largo plazo requiere la legitimidad de una democracia, expresada en unas elecciones libres y aceptadas por todos. Toca al gobierno que nos tutela hacer una escogencia entre el corto plazo y el largo plazo, con la inmensa ventaja de que una democracia construida sobre unas elecciones, no solo les libera moralmente del compromiso histórico que asumieron de rescatar a Venezuela, sino que será el requisito esencial para que esas inversiones petroleras realmente lleguen a nuestro país.
