Media Francia sin gasolina y una posible pinza entre extremistas: ¿Llega el final de Macron?

Uno de los artículos más comprados en Francia en las últimas semanas es un dispositivo para extraer combustible del coche ajeno, sin necesidad de recurrir al viejo sistema de absorber con un simple tubo de plástico blando y tragar gasolina. La penuria ha provocado también el aumento de los atracos a punta de fusil y pistola a vehículos recién cargados de gasoil. Las peleas y las colas kilométricas para obtener el preciado e indispensable producto ofrecen en las redes sociales una imagen de Francia que eriza el orgullo de un presidente en sus horas más bajas tras su reelección en mayo pasado.

Tras la crisis del Covid, el aumento de precio de los productos energéticos, la posterior guerra en Ucrania y la consiguiente subida del coste de la vida, la protesta iba a dispararse en cualquier momento

TotalEnergies, símbolo de las empresas que se han beneficiado del aumento de precios y del consumo de combustibles (18,7 mil millones de euros de resultados netos en el primer semestre de 2022), era uno de los objetivos más golosos para la protesta sindical. Desde inicios de septiembre, las alertas estaban encendidas, pero mientras los centros de refinado empezaban a cerra el grifo, más de medio gobierno (16 ministros y la jefa del gabinete) visitaban Argelia en misión de conciliación con su eterno «enemigo» y en busca de acuerdos gasísticos.

Protesta en la calle el domingo; jornada negra de huelgas, el martes.

Peor aún, el portavoz del ejecutivo, Olivier Veran, aseguraba que no habría penuria de gasolina cuando todos los sindicatos del ramo, y no solo los más radicales, preparaban el bloqueo de los depósitos. La ceguera gubernamental, similar a la demostrada con la aparición de los chalecos amarillos o a la respuesta inicial al Covid, volvía poner en apuros y en ridículo a un presidente que se autoerige en líder fuera del Hexágono.

La crisis del combustible ha servido, además, para alimentar la ira de una extrema izquierda liderada por ‘La Francia Insumisa’ (LFI) de Jean-Luc Melenchon, que anunciaba sin mucho eco hasta ese momento, el comienzo de la insurrección en las calles. No hay ejercicio físico y sicológico mejor que una huelga para calentar la manifestación que LFI había previsto desde hace semanas para este domingo, en protesta por «la vida cara».

De poco servirá que Total haya acordado con los sindicatos mayoritarios de la empresa («Confederación Francesa Democrática del Trabajo» y «Confederación de cuadros directivos») considerados «reformistas» un aumento de sueldo del 7% –casi dos puntos por encima de la inflación de 2022 y casi tres para la prevista en 2023– además de primas que van de 3000 a 6000 euros. La CGT (Confederación Nacional del Trabajo) y FO (Fuerza Obrera), consideradas radicales, que exigían un aumento de un 10%, van a encender otros focos de protesta. El efecto dominó que Macron y su gobierno temían y no habían previsto se reflejará en las calles el próximo martes, mediante una «huelga interprofesional» que paralizará transportes públicos, centrales nucleares, colegios y el funcionariado, entre otros sectores, en exigencia de subidas de salarios. Algunas voces llamaban ya a una «huelga general», como la «ecofeminista» Sandrine Rousseau, del Partido ‘Europa Ecología, Los Verdes’, integrado con LFI, socialistas y comunistas en la alianza parlamentaria NUPES (‘Nueva Unión Popular Ecológica y Social’), una coalición coyuntural en la que socialistas y comunistas juegan un papel de contención ante las soflamas revolucionarias de Melenchón y los ‘jemers verdes’.

La crisis del combustible se desarrolló en paralelo al debate público sobre el impuesto para las empresas que se han beneficiado de la situación coyuntural de crisis: petróleo, gas, electricidad, carbón… El gobierno dirigido por Elisabeth Borne y el grupo parlamentario que sostiene a Emmanuel Macron – ‘Renacimiento’- se oponían a generalizar el impuesto y acabaron aceptando una «contribución temporal de solidaridad» a los gigantes de la energía, dentro de los presupuestos para 2023. Tanto ‘La Francia Insumisa’, como ‘Reagrupación Nacional’, de Marine Le Pen -que recibe la mayoría del voto popular-  apoyan el superimpuesto.

Presupuestos con bazooka

Es el apartado del plan de finanzas para 2023 donde Macron y sus huestes están encontrando también un rechazo mayoritario, esta vez en la Asamblea Nacional. La mayoría relativa de la que disfruta el presidente es incapaz de vencer la resistencia de los grupos de oposición divergentes, pero unidos, cuando se trata de hacer tumbar las medidas prioritarias del gobierno.

Tras sus cinco años de mandato inicial, Macron descubre el sabor de la derrota parlamentaria en asuntos clave como los Presupuestos, rechazados por toda la izquierda y la derecha dura de Marine Le Pen, pasando por el centroderecha de ‘Los Republicanos‘, los únicos con los que, en teoría, el gobierno macronista podría contar por acercamiento ideológico. Multiplicar el ya elevado gasto de protección y estabilizar los déficits es la ecuación complicada que deben reflejar los Presupuestos de 2023.

Pero las oposiciones no van a entrar tanto en los detalles como en las posturas. Ni Marine Le Pen puede apoyar unos presupuestos de su principal rival -y menos ahora, que sueña con el ejemplo de Giorgia Meloni en Italia-, ni la izquierda, desde socialistas a Melenchon, pondrán su firma en el plan económico de su enemigo número uno, al que quieren derribar en las calles. «Los Republicanos», por su parte, tampoco quieren pasar por ser el bastón que sustente a Macron y argumentan que en el plan del gobierno «solo hay gastos», cuando se deberían ahorrar al menos 20.000 millones de euros.

Vistas las dificultades acumuladas y las que probablemente se añadirán, el presidente francés corre el peligro de sufrir una moción de censura en la Asamblea, aunque para ello deberían de ponerse de acuerdo melenchonistas y lepenistas, algo que hoy parece difícil

Eso llevará, si no hay milagro, a la aprobación de los presupuestos a través del «decretazo», esto es, la aplicación del artículo 49-3 de la Constitución, el bazooka constitucional que permite a un gobierno adoptar una ley sin pasar por la aprobación del Legislativo. Una medida que deja tocada la credibilidad del Ejecutivo, pero que en Francia han utilizado ya gobiernos de izquierda y derecha varias veces desde 1959. Para Emmanuel Macron, una medida legal, pero que evidencia la acumulación de dificultades y rechazos, como la requisición de trabajadores para desbloquear las refinerías. Otro golpe a su autoridad menguante.

El «invierno del descontento» de Shakespeare, concepto adaptado por la prensa británica a la crisis laborista de finales de los 70, se ha adelantado unos meses en la Francia de Macron. Y es en ese contexto desfavorable en el que el presidente quiere hacer adoptar su ley fetiche desde su primera elección en 2017, la reforma de las pensiones.

Un tabú francés, la reforma de las pensiones

Un totem convertido en tabú por todo el arco parlamentario, que se niega rotundamente a la idea de alargar la edad legal de jubilación desde los 62 años actuales, a los 65 propuestos por el jefe del Estado para ser aplicado en 2031. El intento de concertación empieza ahora y las negociaciones acabarán, según desea el gobierno, a finales de noviembre. Los sindicatos, tanto radicales como reformistas, se oponen ferozmente a la extensión a los 65 años. ‘La Francia Insumisa’ planea ya otras manifestaciones callejeras durante las próximas semanas. Por su parte, para el presidente del partido de Marine Le Pen, Jordan Bardella, «la jubilación no es un asunto de contabilidad, sino de elección de sociedad en la que se quiere vivir».

Incluso entre sus propios aliados, Emmanuel Macron encuentra rechazo a su plan para las pensiones. El centrista François Bayrou afirmó que «no se puede gobernar contra el pueblo», cuando temía que Macron impusiera a la fuerza su programa. Otra figura política dentro de la coalición parlamentaria que apoya a Macron, su primer jefe de gobierno, Philippe Edouard, propone extender la edad del retiro laboral a los 67 años.

Francia destina un 14% de su PIB a las pensiones, cuando la media europea es de 10%. Su déficit oficial en este apartado es de 10.000 millones. Pero los jubilados franceses no son los mejor tratados en la Unión Europea. Según la OCDE, en el llamado nivel de pensión percibida, Luxemburgo figura en primer lugar (90%), seguida de Austria y España (80%). Francia está lejos, con un 52%. Siete de cada diez franceses se oponen al plan de Macron.

Vistas las dificultades acumuladas y las que probablemente se añadirán, el presidente francés corre el peligro de sufrir una moción de censura en la Asamblea, aunque para ello deberían de ponerse de acuerdo melenchonistas y lepenistas, algo que hoy parece difícil. Pero unos y otros saben también que Emmanuel Macron puede en cualquier momento apretar el botón nuclear constitucional y disolver la Asamblea para convocar nuevas elecciones. Ni él ni sus opositores tienen muy claro hoy a quien beneficiaría esa decisión fatal. Pero el hecho de que esa idea se le haya pasado por la cabeza al presidente es otro síntoma más de su flaqueza política.