México, el Estado cuarteado
El Gobierno mexicano recientemente ha anunciado uno de los mayores recortes del gasto público en su historia. Más grave aún, el director del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que la cirugía fiscal podría durar varios años por efecto de la caída del precio del petróleo. Esto se debe al hecho de que el Estado mexicano depende del oro negro por casi un tercio de sus ingresos ordinarios y refleja la enorme dificultad del Gobierno por liberarse de la adicción al petróleo debido al defectuoso sistema fiscal vigente.
La crisis hacendaria mexicana requiere una explicación profunda ya que representa un grave obstáculo para el futuro desarrollo de una nación de gran peso en el mundo hispanoamericano. Por ello resulta de especial interés la reciente publicación del libro del economista Tomás Piketty, El capital en el siglo XXI, que acaba de ser traducido al español por la editorial mexicana de Fondo de Cultura Económica y que está resultando un extraordinario éxito de ventas. Esta obra ofrece un gran panorama histórico de las reformas fiscales en el progreso o retroceso de las sociedades modernas. En una reciente visita a México, Piketty llenó auditorios de la academia y la banca en la ciudad de México y en la Feria del Libro de Guadalajara, y su obra promete convertirse en libro de cabecera de algunos cursos de economía a futuro.
Pero cabe preguntar por qué las tesis de Piketty son pertinentes para aclarar aspectos clave de la actual crisis en México. El autor argumenta que un sistema fiscal progresivo ha sido esencial a la prosperidad y equidad en las naciones avanzadas desde hace casi ochenta años. De ello depende el Estado de bienestar. Pero para que sea progresivo requieren sostenerse los impuestos sobre la renta, los cuales fueron seriamente debilitados en Estados Unidos y Gran Bretaña desde 1980 a raíz de las estrategias adoptadas por las administraciones conservadoras de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que han dejado un legado duradero. Hoy en día sigue la batalla en la política, la academia y los medios de comunicación entre aquellos que abogan por reducir aún más los impuestos a los ingresos de las mayores fortunas y aquellos que reclaman nuevas reformas fiscales progresistas.
El caso de México es uno de los más flagrantes ejemplos de inequidad fiscal. Las mayores fortunas y empresas pagan menos impuestos al Estado que en cualquier otro país de América Latina. Para suplir esta falta de fondos, el Gobierno ha recurrido tradicionalmente al petróleo pero también grava a los llamados contribuyentes cautivos, en su gran mayoría trabajadores de fábricas y comercios además de una gran masa de empleados estatales en todas las esferas de la administración, incluyendo a maestros de primaria y secundaria, enfermeras, médicos del seguro social, profesores universitarios y de institutos. Por otra parte, existen amplias franjas de la sociedad que viven de la economía informal y que suelen ser tan pobres que difícilmente pueden fiscalizarse.
A pesar de la apariencia de la fortaleza que suelen proyectar los discursos de altos mandos del gobierno mexicano, la verdad es que cada día es más perceptible su debilidad fiscal subyacente. Ello contribuye a la creciente preocupación por el futuro y da pie a considerar que estamos en presencia de un Estado cuarteado para usar una expresión menos despectiva que la de Estado fallido que utilizan los politólogos norteamericanos. La debilidad del Estado mexicano se refleja hoy en día en una extendida corrupción que ha socavado el sistema policial y judicial así como en la incapacidad por enfrentar con eficacia a los carteles de la droga, o por reducir la marginación de amplias capas sociales y el empobrecimiento de los sistemas educativos y de salud pública, especialmente en las zonas rurales pero también en muchos barrios pobres de las grandes ciudades.
El fracaso en llevar a cabo reformas fiscales ha sido el factor fundamental en generar fracturas sociales y económicas que han cuarteado el Leviatán mexicano, descrito por Octavio Paz en su polémico ensayo El ogro filantrópico, pero de manera más reciente y actualizada por Lorenzo Meyer en sus libros y ensayos que develan los laberintos del poder de un régimen que él caracteriza como la democracia autoritaria.
Salir del atolladero en el cual se encuentra el Estado mexicano requiere una serie de grandes cambios en lo referente al manejo fiscal, pero hoy en día son de muy difícil realización. Puede sugerirse que se han presentado dos momentos clave a lo largo del último medio siglo cuando se hubieran podido llevar a cabo reformas fiscales integrales. La primera se dio en 1962, en plena época dorada de la hegemonía del PRI, cuando el todopoderoso secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, aceptó considerar una propuesta de reforma impositiva profunda que había sido redactada por los distinguidos economistas Nicolás Kaldor y Victor Urquidi, pero el ministro finalmente resolvió hundirla. La idea de incrementar de manera gradual pero sostenida el impuesto sobre la renta, especialmente sobre los sectores acaudalados y las empresas, fue discutida y rechazada dentro de las oficinas de Hacienda y luego enterrada por el Congreso. La oportunidad era idónea para actuar debido a la prosperidad reinante y el monopolio del poder que ejercía el PRI. Este fracaso de reforma fiscal tuvo como consecuencia que en los años de 1970, el Gobierno se echase en brazos de los banqueros internacionales para obtener más de 60.000 millones de dólares en préstamos, al tiempo que se petrolizaban los ingresos ordinarios del Gobierno federal a raíz del auge del oro negro en el Golfo de México.
La segunda gran oportunidad para poder reformar el fisco se produjo en 2001, después de la elección a la presidencia de Vicente Fox, del PAN. El secretario de Hacienda, Francisco Gil, fracasó en llevar a cabo una reforma fiscal que había anunciado con bombos y platillos por un pésimo manejo político de las negociaciones. Las condiciones eran aptas para realizar una verdadera reforma de las finanzas públicas que acompañase a la transición política que había sido resultado del hundimiento del PRI en las urnas. Pero tanto la transición democrática como las reformas propuestas fueron malogradas. La falta de reformas implicó que, desde 2002, el Gobierno ha recurrido cada vez más al petróleo para suplir sus déficits. Mientras tanto, las grandes fortunas y las mayores corporaciones han disfrutado de un verdadero paraíso fiscal ¡en su propio país! En este sentido, puede sostenerse que el fracaso en México de llevar a cabo las reformas impositivas requeridas, como las que reclama Piketty, constituye uno de los secretos de fondo que explican tanto la enorme desigualdad de ingresos en el país como su actual y profunda crisis fiscal.
Carlos Marichal Salinas es profesor del Colegio de México.
