Michael Penfold: La constituyente en el contexto internacional

El tema internacional es fundamental para el país. Es un elemento central para resolver una coyuntura histórica que se ha vuelto tremendamente compleja no solo por los niveles de conflictividad y crispación social que experimentamos sino también por la ausencia de instituciones creíbles que pueden funcionar de árbitros ante la demanda de un cambio democrático que la población reclama con ahínco. Ciertamente, la resolución del problema venezolano pasa por factores estrictamente nacionales, pero la legitimidad de cualquier solución que pueda surgir del conflicto político nacional –una pugna que en la medida que pase el tiempo probablemente se tornará cada vez más violenta y con ribetes autoritarios más profundos–, va a depender parcialmente de esa misma comunidad internacional que contempla con estupor la tragedia que vivimos. Esa violencia surge sobre todo porque una sociedad movilizada en la calle es vista por el gobierno, así como por ciertos componentes de la fuerza armada, como una amenaza insurgente a la cual se debe reprimir ferozmente y no como una ola de protesta ciudadana frente al bloqueo constitucional y electoral al que ha estado sometida la población desde la arbitraria suspensión del referéndum revocatorio y ahora a la aberrante imposición de una Asamblea Nacional Constituyente. Es por ello que una Constituyente sin un referéndum consultivo previo, con un sistema electoral violatorio de los principios constitucionales y sin un referéndum aprobatorio posterior, es un adefesio inaceptable tanto para los venezolano como para el resto del mundo. Y una negociación política sin una comunidad internacional que pueda facilitar y verificar cualquier acuerdo entre el chavismo y la oposición, precisamente ante el colapso institucional que experimentamos, es también una quimera.

Estos mismos factores internacionales serán fundamentales no solo en lo político sino también en lo económico e incluso en lo social. Ante la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos y el tamaño de la emergencia social, el país no puede retomar el crecimiento económico y aliviar la situación de indefensión que experimentan los sectores más excluidos, ante los problemas de escasez de alimentos y medicamentos, sin haber garantizado el apoyo de los organismos multilaterales y el financiamiento externo de diversas fuentes. Esta realidad va a ser cierta para cualquier gobierno transitorio (chavista, opositor o de algún tercero) por lo que todos los grupos políticos tendrán que prestarle particular atención a la relevancia de estos apoyos. El desastre económico y social que ha dejado el gobierno del Presidente Maduro es de tales proporciones –que equivale a los efectos de un conflicto armado como el vivido por los países Centroamericanos durante la década de los ochenta– al cual si bien en la práctica aún no hemos llegado en cuanto a su intensidad sí lo estamos viviendo en cuanto a su efecto negativo sobre el desarrollo económico, social e institucional. Durante nuestra generosa historia petrolera, Venezuela ha estado acostumbrada tradicionalmente, en momentos de bonanza, a financiar el resto del mundo, mientras que ahora en momentos de vacas flacas y en el contexto de un colapso institucional, debemos enfrentar la necesidad de utilizar este tipo de apoyo para reconstruir el país.

Afortunadamente, el mundo cada vez converge con mayor rapidez hacia una visión común en torno a la situación venezolana, que más allá de la descripción de sus causas y las etiquetas utilizadas para definirla, pareciera compartir la necesidad de apostar por una salida electoral como el único mecanismo que le permitirá al país estabilizarse políticamente y rescatar así su gobernabilidad democrática y el funcionamiento del estado de derecho. Tanto los gobiernos de izquierda –como los de Uruguay y Ecuador– así como los de derecha –como los de Argentina y Perú– ven en el mecanismo electoral la mejor vía para alcanzar este objetivo. El Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, ha dicho de una forma muy diáfana, que la realización de elecciones representa la única solución viable para el país. El Papa Francisco ha reconocido que una salida de este tipo va a requerir de unas condiciones previas que deberían incluir la liberación de los presos políticos. Rafael Correa, justo antes de finalizar su mandato presidencial, afirmó públicamente, que unos comicios de común acuerdo entre el chavismo y la oposición, es el camino más eficiente para restaurar la gobernabilidad política, económica y social de Venezuela. Juan Manuel Santos, quien hasta hace pocos meses había adoptado una política exterior un tanto instrumental hacia Venezuela, para favorecer el proceso de paz con las FARC por encima de cualquier otro tipo de consideraciones, también ha hecho esfuerzos importantes por buscar una vía diplomática que facilite este tipo de resultado. El Presidente Santos ha llegado incluso hasta el punto de retirar temporalmente su embajador y afirmar públicamente que comparte la idea de una transición democrática para Venezuela. Sorpresivamente, algunos países del Caribe, que antes era incondicionales del gobierno venezolano, comienzan a converger hacia esta misma visión.

El problema angular que confronta la comunidad internacional no es la idea de unas elecciones que surjan de potenciales acuerdos como el principal objetivo sino la forma como llegar a ellas. Este es un camino totalmente incierto ante la ruptura constitucional que vive el país. Semejante resultado depende ahora exclusivamente de un nuevo acuerdo político que parece muy distante sin que ocurra un cambio de gobierno, un cambio que idealmente debe surgir dentro del marco de la actual constitución. La iniciativa del gobierno nacional de imponer aceleradamente una Asamblea Nacional Constituyente, con unas bases comiciales que contravienen la carta magna, complica aún más el panorama. La Constituyente pasa a ser una muestra más de un gobierno reincidente que no quiere explorar ninguna salida democrática. Infelizmente para el gobierno, es difícil, por no decir imposible, que la comunidad internacional acepte los términos de esa convocatoria. En la práctica, las bases comiciales de la Constituyente lo único que garantizan es la formalización de un sistema autoritario por medio de una minoría electoral. La comunidad internacional percibe correctamente, no solo que la convocatoria es inoportuna, sino que además va a profundizar aún más el conflicto venezolano. El problema de gobernabilidad del país no se va a resolver con la Constituyente; por el contrario, se va a profundizar.

¿Cómo llegar entonces a unas elecciones libres con un gobierno que ha roto la constitucionalidad? ¿Cómo llegar a ellas con un chavismo que teme la competencia electoral y la idea de perder el poder? ¿Cómo llegar a una negociación con grupos tan heterogéneos tanto del lado del gobierno como de la oposición? Estas son las preguntas centrales que van a abordar los cancilleres el 31 de Mayo en la reunión convocada por la OEA. El gobierno venezolano va a tener que tomar la decisión de participar o no en la reunión. Sería sorprendente que lo haga sobre todo después de haber manifestado su decisión de salirse de la organización. Pero al mismo tiempo si Rex Tillerson asiste como representante de los Estados Unidos es también un buen foro para que el gobierno redoble su discurso antiimperial, su denuncia ante las sanciones y alerte sobre cómo es que Venezuela es víctima de una gran conspiración internacional. Sin embargo, más allá del espectáculo político, los cancilleres latinoamericanos abordarán el problema venezolano, a través de varias decisiones que serán tremendamente relevantes para el país. Todas son decisiones que se vienen cocinando diplomáticamente en un esfuerzo por generar consensos amplios entre gobiernos ideológicamente diversos y en los que probablemente también hayan estado participando el Vaticano.

El primer cambio es que serán los gobiernos y no los ex-presidentes (Zapatero et al) los que van a impulsar directamente la búsqueda de una solución a la crisis venezolana. Existe un consenso bastante amplio que cualquier esfuerzo de mediación es inconveniente delegarlo en terceros sobre todo luego del quiebre de las negociaciones en Octubre y Noviembre pasado pues esa experiencia estuvo técnica y políticamente muy mal gestionada. Segundo, pareciera que existe un acuerdo entre los países (sobre todo por petición de naciones como Colombia, Ecuador y Uruguay) que la mejor vía de impulsar la mediación para promover una salida negociada en Venezuela no va a ser a través de una activación formal de la Carta Democrática sino a través de la creación de un grupo de países amigos tal como ocurrió con el Grupo Contadora en Centroamérica. Esta decisión permitiría que países de izquierda como Ecuador, Uruguay y Chile se involucren formalmente en un ejercicio de “diplomacia pendular” sin tener que activar expresamente la Cláusula Democrática. Bajo esta perspectiva, la Secretaria General de la OEA, continuará jugando un papel cada vez más activo en la “diplomacia pública” con miras a impulsar a través de su vocería la protección de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, tal como lo ha hecho, pero no como una instancia políticamente aceptable para mediar en el proceso. Esta decisión también parece contar con el respaldo de República Dominicana que, hasta los momentos, se ha mantenido ambivalente frente al problema venezolano cada vez que se ha sido discutido el tema en el seno de la OEA. Esta decisión también permite reducir convenientemente la influencia política de Venezuela sobre el Caribe, algo que las islas también ven con buenos ojos ante la presión tan intensa que reciben desde Caracas. Esto va a implicar que el gobierno venezolano, en caso de aceptar esta iniciativa, va a tener que abandonar la mediación de los ex-presidentes y la oposición muy probablemente tendrá que darle el beneficio de la duda a esta nueva propuesta.

En tercer lugar, los cancilleres seguramente van a alertar los riesgos reales que tiene el país de seguir experimentando una escalada en los niveles de violencia, rechazarán la profundización del uso de la represión para frenar las protestas, repudiarán el uso inapropiado de instancias militares para procesar penalmente a civiles y recordarán la obligación internacional que tienen todos los órganos del Estado de garantizar la protección de los derechos humanos. Esta declaración será un complemento y un recordatorio a lo que ya ha dicho en el plano nacional la Fiscalía General de la República. Finalmente, los cancilleres probablemente exhortarán al gobierno nacional a suspender la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por considerarla inoportuna ante los altos grados de conflictividad en el país; argumentarán que esta iniciativa solo va a profundizar los problemas políticos y dirán que la falta de controles al proceso podría imponer riesgos aún mayores para el funcionamiento de la democracia.

Lamentablemente, el gobierno nacional no va a escuchar ninguna de estas peticiones. Retroceder con la Constituyente implica aceptar la negociación o la salida del poder. La intención del chavismo oficial será continuar acelerando la convocatoria aun si enfrentan resistencia interna y también social. El país probablemente entrará en una nueva ola de protestas y el gobierno tratará de reprimirlas infructuosamente. Quizás, al igual que con las sentencias 155 y 156 del TSJ, la Fiscal declare que las bases comiciales violan los principios constitucionales y que esta iniciativa del ejecutivo nacional implica otra nueva ruptura del orden constitucional. Hasta ahora la Fiscalía solo se ha pronunciado sobre su inconveniencia política pero una vez hechas públicas las bases comiciales no se pronunciado sobre su contenido. El chavismo disidente también se pronunciará más abiertamente sobre el costo político de insistir con este proceso. El mundo militar, al igual que los otros sectores del país, terminará resquebrajado. La crisis de gobernabilidad del país habrá llegado a su verdadero clímax. Tan sólo en ese momento quizás recordemos la pertinencia del camino que sugiere el mundo internacional. Por ahora, la profundización del conflicto parece inevitable.