Michael Penfold: Los verdaderos dilemas de la negociación
Ante el sorpresivo anuncio de una nueva ronda de negociaciones en República Dominicana la pregunta más importante que surge es si el gobierno y la oposición venezolana de verdad tienen un interés real en acordar que haya elecciones competitivas. La pregunta no es retórica. Los múltiples fracasos de las negociaciones anteriores hace pensar que la probabilidad de otro fiasco que profundice aún más la crisis económica, política y social es muy alta.
En esta ocasión los incentivos parecen ser diferentes. El gobierno por primera vez en mucho tiempo tiene un interés concreto en realizar elecciones pues percibe que tiene capacidad de ganarlas ante una oposición dividida y sin liderazgo y un control institucional y clientelar cada vez más grande. Hasta hace poco, el Consejo Nacional Electoral (CNE) bloqueaba sistemáticamente el calendario electoral. Ahora, más bien, lo acelera.
El presidente Maduro sabe que solo será reconocido por la comunidad internacional para un nuevo periodo presidencial si las elecciones cuentan con el aval del resto del mundo. Esta legitimidad es particularmente importante en un momento en el que le urge acceder a los mercados internacionales para asegurar financiamiento. El gobierno además de legitimidad también necesita que le levanten las sanciones económicas. Lo segundo no va a pasar sin lo primero. Tampoco es claro si esas concesiones para mejorar las condiciones electorales serán lo suficientemente significativas como para que los comicios sean efectivamente competitivos, las inhabilitaciones queden definitivamente removidas y los presos políticos finalmente liberados.
Resulta más bien evidente que el gobierno, a pesar de las presiones externas, tan sólo aceptará un acuerdo que le permita asegurar elecciones semi-competitivas con inhabilitaciones incluidas. Las encuestas si bien muestran un liderazgo opositor que pierde terreno y una aprobación de la gestión oficial que no es deleznable, el presidente Maduro continua siendo claramente minoritario y el venezolano sigue buscando desesperadamente un cambio político. El hecho que el país haya entrado oficialmente en hiperinflación también complica el prospecto de un triunfo oficialista sin contar con una cancha relativamente inclinada a su favor que compense su amplia debilidad en la opinión pública. El prospecto de unas elecciones competitivas son ilusorias pero algunas concesiones deberán ser otorgadas para que la comunidad internacional pueda bendecir el proceso.
El impacto de las sanciones representa otro factor decisivo para que el gobierno quiera negociar. Ante la crisis de la deuda externa que ha contribuido al colapso del crecimiento económico, que en estos momentos tiene un peso de más de 150 por ciento del PIB y cuyo monto total representa 450 por ciento de las exportaciones petroleras anuales, el gobierno ha optado por recortar indiscriminadamente las importaciones y liquidar la mayor parte de sus activos financieros para continuar cumpliendo con sus compromisos externos. Sin embargo, es poco lo que puede continuar recortando el gobierno nacional en materia de importaciones. Asimismo, los mayores activos que quedan por liquidar son activos reales en el sector petrolero para lo cual los inversionistas extranjeros requieren de aprobaciones de una Asamblea Nacional que en la práctica, a pesar de la instalación de la Asamblea Constituyente, no han logrado controlar. Es así como bajo las sanciones económicas existentes es imposible para el ejecutivo nacional refinanciar e incluso reestructurar la deuda externa por más que diga que desea hacerlo. Sus únicas opciones reales son seguir pagando o repudiar la deuda. Si opta por repudiar entonces los riesgos legales, sobre todo para PDVSA, son enormes. Una acción de este tipo complicaría aún más el desfavorable escenario internacional para el chavismo y aceleraría el declive vertiginoso de la producción petrolera en un momento de recuperación de precios. Para refinanciar o reestructurar la deuda el gobierno debe lograr o que los Estados Unidos eliminen las sanciones económicas o llegar a un acuerdo político con la Asamblea Nacional.
La oposición, en cambio, tiene incentivos diametralmente opuestos. Esta vez la oposición llega a la negociación porque sin un cambio en las condiciones electorales no puede competir. La grave derrota sufrida durante las elecciones regionales del 15-O mostró a un chavismo dispuesto a utilizar todo su poder institucional, y a movilizar un aparato clientelar muy sofisticado tanto en logística, tecnología y en su capacidad de condicionamiento social del voto.
La oposición se sabe en desventaja. Las elecciones municipales del 10-D prometen dejar a la oposición aún más desmoralizada y dividida y a un paso de la desintegración. Tan solo una negociación, con una comunidad internacional desplegada para apoyar la integridad de este proceso, puede promover un cambio en las terribles condiciones electorales existentes. Esta negociación bajo la veeduría internacional es su única opción disponible y por lo tanto asiste a esta cita porque no tiene alternativas.
La negociación será inevitablemente compleja para todos los actores pero muy especialmente para la MUD. Las divisiones internas (la aparición aún incipiente de dos bloques entre AD, UNT y AP por un lado y de PJ y VP por el otro) van a inducir que el acuerdo potencial sea un proceso alcanzado a múltiples bandas con AD jugando como pivote central en cualquier potencial pacto con el chavismo. Si efectivamente los líderes de la oposición mantienen en funcionamiento estos polos, entonces la dinámica podría ser verdaderamente explosiva. Para comenzar, un acuerdo parcial en la mesa de negociación podría ser validado en la Asamblea Nacional por una mayoría simple de diputados pertenecientes a AD, UNT, AP votando con la bancada del PSUV. Este acuerdo dejaría por fuera a VP y PJ y sería inevitablemente validado por la comunidad internacional debido a que habría sido refrendado por la Asamblea Nacional.
El costo político de este tipo de acuerdo parcial (que no haya sido debidamente consensuado) sería altísimo y básicamente comprometería la capacidad de cualquier candidato de uno de los polos opositores (sea Ramos, Rosales o Falcón) de ganar la presidencia sin el apoyo del otro bloque que fue excluido del acuerdo (obligando a López y Capriles a buscar una tercera candidatura que no esté sometida a la inhabilitación). Resulta evidente que la única forma lógica que tiene la oposición de frenar esta dinámica tan perversa es delegar en un sólo negociador creíble el control de todo el proceso. El negociador tendría que consultar con todos los partidos políticos de la MUD la aprobación del acuerdo una vez que haya sido alcanzado una propuesta razonable con el chavismo: en latín “e pluribus unum” (de muchos uno). A pesar de este riesgo, los partidos opositores están aceptando ir cada uno con una representación propia de sus organizaciones, incrementando así las probabilidades que el proceso de negociación termine por dividirlos. Este es sin duda el mayor riesgo que enfrenta la coalición opositora.
Es innegable, que en principio, ambos bandos necesitan alcanzar un acuerdo pero que no lo van a lograr sin un tercero. El gobierno necesita legitimar su cuestionada reputación política internacionalmente para resolver su precaria viabilidad económica y financiera y así tener un mayor chance de prolongarse en el poder. Y la oposición, que se vuelca sobre este proceso en una posición de franca debilidad por sus absurdos conflictos internos, no tiene otra alternativa si quiere sobrevivir.
Lo que resulta aun mas evidente es que sin la comunidad internacional ninguno va a ganar. El papel de la comunidad internacional (y en especial de los cancilleres) es fundamental para darle seriedad a un proceso de negociación que se ha caracterizado por una gran informalidad “caribeña”. Adicionalmente, se necesita de un árbitro que garantice que los acuerdos se cumplan. Sin este acoplamiento político, la capacidad de obtener concesiones sustantivas por parte del gobierno, tanto en materia electoral como en los temas de las habilitaciones y la liberación de los presos políticos, se verá sensiblemente afectado.
Es por ello que en esta oportunidad es de esperar que el gobierno suspenda el proceso de negociación si percibe que esas restricciones internacionales son inamovibles y si la oposición logra en paralelo rescatar la unidad. El dilema de la negociación es profundo. Si el gobierno le otorga a la oposición lo que pide va a perder electoralmente. Si el gobierno no cede tampoco se legitima internacionalmente y las sanciones se vuelven “pegajosas”. El conflicto venezolano continúa siendo existencial.
