Mientras los disidentes y opositores en Nicaragua son encarcelados, el gobierno ha ordenado el indulto de tres mil presos por delitos comunes en lo que va del año. Una medida no está exenta de polémica, y que según especialistas en temas de seguridad deja un peligroso mensaje de impunidad para la nación centroamericana que enfrenta una crisis sociopolítica desde hace tres años. Los últimos reos que fueron beneficiados con un régimen de convivencia familiar rozan el millar, y sus antecedentes e historial delictivo se desconocen.
La noticia fue dada este pasado viernes por la vicepresidenta Rosario Murillo, quien aseguró que la medida forma parte del «modelo de familia y comunidad» del gobierno sandinista. Sin embargo, muchos ven dicha política con recelo, debido al creciente clima represivo que impera en el país.Un día antes, la Policía Nacional detuvo a dos directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la patronal más importante de Nicaragua. La oleada de detenciones comenzó en junio, con el encarcelamiento de siete precandidatos de la oposición. Desde entonces, una treintena de disidentes y líderes opositores enfrentan juicios con tintes políticos.
Por ello, la falta de información detallada de estas liberaciones es vista con preocupación por investigadores de violencia como Elvira Cuadra, socióloga nicaragüense que se encarga de analizar las estrategias de represión en el país desde el estallido de las protestas en abril de 2018. «Existen muchos antecedentes de que estos indultos se dan sin cumplir los requisitos que manda la ley. También hay registros que varios de ellos se han integrado a las Unidades de Victorias Electorales (UVE)», explicó Cuadra, haciendo referencia a una agrupación partidaria que ha sido tachada de ejercer la vigilancia política en las zonas urbanas y rurales.
Un aparato de control social
Las UVE fueron anunciadas a finales de 2020 y son financiadas a través de recursos del Estado. Fuentes del partido han asegurado que su principal objetivo es garantizar el tendido electoral (sistema de defensa de voto), movilizar a simpatizantes y promover los planes del gobierno en los territorios donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quiere garantizar su permanencia. El temor entre la población surge por quiénes son los principales operadores detrás de estos grupos. Una investigación del ‘Confidencial’ reveló que la dirigencia de estos grupos recae en fieles operadores del gobierno, como Gustavo Porras, presidente del Parlamento; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Iván Acosta, ministro de Hacienda; y Óscar Mojica, un militar en retiro y actual ministro de Transporte e Infraestructura. En el caso de Porras y Moreno, ambos son acusados de coordinar la represión contra los manifestantes de las protestas de abril de 2018, en las que fueron asesinadas 327 personas según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por esta razón también fueron sancionados por EE.UU.
«En el caso de Porras y Moreno, ambos son acusados de coordinar la represión contra los manifestantes de las protestas de abril de 2018»
Según las investigaciones independientes de Cuadra, algunos de los reos indultados se han integrado a las UVE con el fin de tener una reserva operativa. «No son personas confiables políticamente para ellos (el gobierno), pero sí son recursos idóneos para lanzarlos como fuerzas de choque a las calles cuando sea necesario», perfiló la socióloga. La opacidad con la que se maneja dicha información ha hecho imposible conocer el grado de peligrosidad de los reos, pero algunas denuncias de organismos de derechos humanos afirman que muchos de ellos tienen penas de más de 20 años por asesinato.
Organizaciones feministas alertaron en mayo de 2020 -cuando otro grupo recibió el cambio de régimen carcelario-, que varios de ellos habían cometido feminicidio y que estaban en sus registros de denuncia. «Hay al menos cinco casos de hombres que tenían condenas de 15 o 20 años y solamente cumplieron tres años», informó en su momento la Red de Mujeres Contra la Violencia de Nicaragua.
Un mensaje de impunidad
Los informes de Cuadra arrojan que el país se está volviendo cada vez más violento. Durante el primer semestre de 2021, los asesinatos ascendieron un 25% con respecto a años anteriores. La mayoría de las muertes ocurrieron en el interior del país, bajo móviles no del todo definidos, pero que podrían estar vinculados con fines políticos. La socióloga también critica el actual papel de la Policía Nacional, uno de los pilares en los que el gobierno sostiene su represión. Para los críticos, dicha institución ha dejado de proteger a la ciudadanía y centra todos sus recursos en la persecución a opositores.
Según Cuadra, en el país impera una impunidad que puede ser el detonante de mayores problemas en seguridad pública. «Los indultos generan mayor inseguridad en la población, y un sentimiento de envalentonamiento de las personas que cometen algún tipo de actividad delictiva, porque la pena no se cumple totalmente. Sin duda, puede tener un efecto en el incremento de la criminalidad en los próximos años», agregó.
