Moncloa se bunkeriza y cunde el pesimismo entre los barones socialistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios de comunicación a su salida del pleno

La declaración de Víctor de Aldama ha propiciado un cierre de filas en La Moncloa y en el Partido Socialista, que desde muy pronto empezaron ayer a desprestigiarle para tratar de anular sus acusaciones. «Es un agente del MI6, nadie en el partido cree a este señor», señalaron con sorna a ABC desde el Gobierno, ante la tormenta desatada por las acusaciones del comisionista a media docena de miembros del Ejecutivo, incluido el presidente, Pedro Sánchez, y también su esposa, Begoña Gómez. Se trata de una nueva vuelta de tuerca en la bunkerizacion que experimentan Moncloa y Ferraz a medida que van avanzando las sospechas de corrupción, llámese caso Koldo, Ábalos o Begoña Gómez. Al igual que con los ataques al juez instructor de la causa a la esposa de Sánchez, Juan Carlos Peinado, el PSOE anunció ayer una querella contra Aldama, que dio a conocer en declaraciones a los medios el propio secretario de Organización, Santos Cerdán, señalado por presuntamente haber recibido de su parte una mordida de 15.000 euros, que le habría entregado Koldo, siempre según la versión de Aldama.

Detrás de esta estrategia de ataque se esconde el interés por anular el efecto no sólo ante la opinión pública, sino en las propias filas socialistas. Fuentes del partido confesaron a este periódico que existe preocupación ante la posibilidad de que el fantasma de la corrupción genere desafección entre los dirigentes y militantes socialistas, sobre todo cuando estamos a una semana de que comience el 41 Congreso Federal del partido, el próximo viernes en Sevilla.

Entre las voces más críticas se apuesta por la prudencia. «Mucha mierda», admite un barón sorprendido por el alcance de la confesión, aunque expectante por el «efecto» que pueda tener. Desde otro territorio, se fía el alcance de la declaración de Aldama «a que pueda probar algo», pero sin restarle credibilidad.

Lo que se comenta en el partido es «que todo puede ser mentira, o algo sí y algo no. Y que esperemos no salgan whatsapps ni cosas así». En todo caso, añaden, «la cosa se pone fea porque ya va por arriba el tema».

La cúpula socialista, en cambio, cierra filas y niega, tanto en público como en privado, cualquier tipo de verosimilitud a lo declarado por Aldama. Curiosamente la misma reacción que tuvo ayer José Luis Ábalos, quien se ausentó de su escaño en el Grupo Mixto de la Cámara Baja, y que anunció idénticas acciones judiciales que sus excompañeros de partido (tiene abierto un expediente de expulsión del PSOE) contra Aldama, «dada la falsedad y gravedad de sus acusaciones».

Fuentes socialistas niegan tajantemente cualquier trato de Cerdán, quien fue número dos de Ábalos en el partido, con el comisionista. Incluso que el número tres del PSOE supiera de su existencia hasta que estalló el escándalo el pasado mes de febrero, cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, realizó las primeras detenciones. Entonces Ábalos también minimizó su trato con Aldama, antes de que se desvelase que, por ejemplo, el hermano del comisionista ejercía como escolta del entonces ministro de Transportes.

La idea que transmiten desde Ferraz es que el comisionista amigo de Koldo García y también del exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, para el que habría mediado en el rescate de Air Europa en 2020, ha iniciado con su declaración ante el juez una nueva estrategia de defensa, después de su estancia en prisión preventiva por su implicación en un frande masivo en hidrocarburos.

Los socialistas, incluso, ridiculizan las situaciones que describió Aldama. Por ejemplo la de que le entregase a Koldo en un bar enfrente de Ferraz el dinero en un sobre supuestamente destinado a Cerdán, algo que según dijo se podría comprobar con las cámaras de seguridad, «si nos las han borrado», afirmó. «Claro, como en esa calle no hay apenas policías…», ironizan sobre la ubicación de la sede central del PSOE, donde como en otras sedes de partidos es habitual la presencia de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, mucho más en los días donde se celebran reuniones del partido, como los comités federales.

Según esta versión, Aldama habría citado en su declaración a todo aquel que haya sonado o suene en los medios de comunicación, empezando obviamente por el propio presidente del Gobierno. Algo con el único objetivo de salpicar al Gobierno y al PSOE. Esta teoría choca en principio con algunas de las partes de la declaración de marras, singularmente en la que el imputado dentro de la trama Koldo afirmaba haber pagado una mordida de 25.000 euros en un sobre al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero. Se trata de Carlos Moreno, una persona absolutamente desconocida para la opinión publica en general, e incluso para los ciudadanos más informados. Su nombre apenas se ha podido leer en la prensa y su rostro no aparece en los informativos de televisión salvo, en todo caso, de refilón. Se trata de la clásica figura en la segunda línea de la política, que solo los iniciados pueden conocer.

Desde la cúpula socialista se considera también sospechosos los pocos detalles que, aseguran, ofreció ante el juez Aldama, o incluso la falta de pruebas aportadas, tal y como destacan.

La nueva vuelta de tuerca al escándalo, y el horizonte de colaboración entre Aldama con la Fiscalía Anticorrupción que se abre a partir de ahora, se produce a apenas una semana del Congreso Federal del PSOE en Sevilla, donde Sánchez deberá decidir el nuevo rumbo de su formación y también la nueva Ejecutiva Federal. Las acusaciones de Aldama señalan directamente a su número dos, la vicesecretaria general y también vicepresidenta María Jesús Montero, y a su número tres,.

Sánchez continúa hoy con su agenda, con la última de sus jornadas de reuniones con los líderes autonómicos. El presidente recibe en Moncloa a los presidentes de Cataluña y Castilla y León, Salvador Illa y Alfonso Fernández Mañueco, así como a los presidentes de Ceuta y Melilla. Al término de esos encuentros será el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien comparezca, cuando tendrá que volver a contestar preguntas sobre el escándalo Koldo, que el Gobierno sigue sin quitarse de encima.