Montaner: Cuba busca «liquidar» al Gobierno colombiano y «generalizar el caos»

Las manifestaciones seguirán en Colombia tras el fracaso este lunes del diálogo convocado por el presidente Iván Duque con el Comité Nacional del Paro. La falta de acuerdo sigue, en medio de los disturbios y las víctimas mortales, mientras ambas partes hacen referencia a la supuesta injerencia exterior que la oposición considera un intento de deslegitimar la protesta pero desde el Gobierno dan por segura.

El periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner respalda estas posiciones y denuncia en una columna publicada por el diario chileno El Líbero que hay una estrategia en La Habana que persigue «liquidar» al Gobierno de Duque con el fin de que el opositor Gustavo Petro se alce con el poder en las presidenciales del próximo año. A su juicio, el petróleo colombiano y la capacidad del país para producir alimentos es objeto de deseo de Cuba, que puede encontrar allí lo que ha perdido en Venezuela y «saquear» Colombia.

Montaner cree que ha sido un error que las conversaciones con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Libneración Nacional (ELN) discurrieran en La Habana. «Era como poner a los ratones a cuidar el queso», sostiene.

Montaner cree que ha sido un error que las conversaciones con las guerrillas de las FARC y el ELN discurrieran en La Habana. «Era como poner a los ratones a cuidar el queso»

Tampoco exime de responsabilidad al Gobierno de Duque, por elevar los impuestos en un momento de crisis, lo que ha provocado el estallido de una revuelta que, pese a que la reforma se ha retirado, parece no tener vuelta atrás, empujada por la violencia contra los manifestantes, que preocupa a varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y la ONU o Gobiernos de varios países, que ayer pidieron el fin de los ataques.

Sin embargo, cree que es crucial apoyar al presidente colombiano para evitar el contagio regional. A su juicio, el Gobierno cubano piensa que se «generalizará el caos» y revivirá la hipótesis del dominó, según la cual lo que ocurre en un país puede ser replicado en otro de sus vecinos, y cita el caso de Chile.

«De Colombia acaban de echar a un diplomático cubano capturado con las manos en la masa. Si la inteligencia chilena vigilara a los diplomáticos cubanos también hallaría una clara colusión entre La Habana y los revoltosos chilenos», cree.

Ese diplomático al que se refiere el periodista es Omar Rafael García Lazo, expulsado por estar, presuntamente, «desarrollando en el país actividades incompatibles» a su labor. El funcionario ha sido incluido por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) en su lista de represores por difamación de los activistas del Movimiento San Isidro y por «conspirar para incitar a la violencia y el vandalismo».

La organización recuerda la publicación de un dossier en la revista colombiana Semana que sostenía que Cuba realizaba operaciones de espionaje en Colombia. Antes de ser destinado a Bogotá, García trabajaba en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y, según la FDHC, fue «reclutado por el servicio de inteligencia cubano e insertado en el Ministerio de Relaciones Exteriores para proveerlo de cobertura diplomática y poder enviarlo» al país sudamericano.

Según la FDHC, García fue «reclutado por el servicio de inteligencia cubano e insertado en el Ministerio de Relaciones Exteriores para proveerlo de cobertura diplomática y poder enviarlo» al país sudamericano

«A partir de noviembre de 2020, García Lazo arremetió públicamente contra los activistas del Movimiento San Isidro, que estuvieron casi diez días en huelga de hambre como protesta por la arbitraria encarcelación del rapero Denis Solís. La propia Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, salió a aplaudir sus palabras y compartirlas en su perfil de Facebook», denuncian.

Mientras, el nivel de las protestas en Colombia ha bajado, pero las conversaciones mantenidas entre el Comité Nacional del Paro y el presidente no lograron ningún acuerdo este lunes y, como consecuencia, el próximo miércoles se ha convocado una huelga nacional.

«El Gobierno en los dos temas centrales que se plantearon sobre las garantías de las protestas y sobre el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente (…) no dijo nada en concreto», dijo el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.

Los manifestantes, tras la retirada de la reforma fiscal, piden mejoras en oportunidades de trabajo, educación, que cese la brutalidad policial y que se retire del Congreso un intento de reformar la salud.

Duque estuvo ayer cuatro horas en Cali reunido con las autoridades locales, aunque le reprochan que no haya visitado las zonas más afectadas por las protestas.

Desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril en Colombia, al menos 27 personas han muerto durante las jornadas reivindicativas, según informó el viernes la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en un documento en el que aclara que de esos fallecimientos, 11 están ligados directamente con los hechos, 7 están «en verificación» y hay 9 que no tienen relación con las protestas.

El Gobierno colombiano ha rechazado la violencia, pero la Central Unitaria de Trabajadores considera que no hay empatía con las causas de las protestas ni con las víctimas

La ONG Temblores y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), sin embargo, han documentado 47 víctimas mortales (35 de ellas en Cali), 1.876 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 28 víctimas de agresión ocular, 278 heridos y 963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 12 personas.

El Gobierno colombiano ha rechazado la violencia, pero la Central Unitaria de Trabajadores considera que no hay empatía con las causas de las protestas ni con las víctimas.

«Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta», expresó su líder.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, coordinador del diálogo nacional, aseguró que «hay coincidencia en el rechazo a la violencia y en la cero tolerancia a cualquier conducta de la fuerza pública que vaya contra la Constitución y la ley, pero también una condena clara contra toda violación del derecho que tiene cualquier ciudadano a su integridad física y personal».