Montero quiere ir a la cárcel

Si destruimos la presunción de inocencia, respondiendo a los deseos de María Jesús Montero, quien califica este principio como «una vergüenza», cabe preguntarse por qué no están ya en la cárcel ella, su jefe de gabinete y otros muchos dirigentes socialistas sospechosos de haber incurrido en conductas tipificadas por el Código Penal. Más de un español respaldaría esa sustitución de los tribunales por la «justicia popular», concepto altamente demagógico y por ello de moda en estos días de polarización simplista, que encierra una peligrosa contradicción en los términos. Porque no hay Justicia digna de ese nombre si no se rige por la ley ni Estado de derecho posible en ausencia de garantías. Y la presunción de inocencia es una de las más importantes, siempre sujeta a la interpretación de los jueces. De no existir, la propia Montero sería víctima del linchamiento que propone.

Según denunció hace unos meses en el Supremo Víctor de Aldama, «nexo corruptor» de la trama sanchista de sobornos pagados a cambio de favores políticos, Carlos Moreno, el más estrecho colaborador de la ministra, recibió 25.000 euros en efectivo por mediar en el aplazamiento de la deuda que mantenía con Hacienda una de las empresas vinculadas a la red, e incluso llegó a pedir un piso a cambio de su intervención. Ella negó tajantemente cualquier relación entre Moreno y Aldama, hasta el punto de poner la mano en el fuego por él, antes de que la UCO demostrara con pruebas al menos cuatro conversaciones mantenidas entre ellos. ¿Hemos de suponer que la titular del ministerio más importante del Gobierno es una mentirosa y una prevaricadora? ¿Damos crédito a su acusador en detrimento de su palabra? Buena parte de la opinión pública ya lo hace, porque tiene motivos. ¿Recuerdan aquellas declaraciones suyas efectuadas en el Congreso en marzo de 2024, en las que reveló datos fiscales confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso horas antes de que esa información fuera publicada, previa filtración presuntamente ilegal actualmente sujeta a investigación judicial? ¿Basta la sospecha fundada de una revelación de secretos para condenarla? Habría más de un partidario, seguro. Otros creemos profundamente en un sistema de garantías llamado a proteger del mismo modo a todas las personas, sea cual sea su presunto crimen, su sexo o su filiación política. Porque tampoco hay democracia que valga sin igualdad ante la ley, que es lo que tratan de dinamitar la infausta ley del ‘sí es sí’ y otras aberraciones «de género», en muchos casos con éxito.

Ignoro si Dani Alves es inocente o no. Me atengo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo ha absuelto. Lo que rechazo de plano es que todo hombre sea culpable mientras no demuestre lo contrario si lo denuncia una mujer. Eso no es feminismo; es dar la vuelta a la tortilla a ver si pescan algún voto.