Moscú, capital de Venezuela
(El Interín) Sobre la hora, tras ser declarada en default parcial por no haber pagado dos vencimientos de intereses de su deuda soberana, Venezuela arribó a un acuerdo con Rusia, uno de sus principales acreedores. El acuerdo consiste en reestructurar un crédito de 3.150 millones de dólares que Rusia le había otorgado en 2011 para la compra de armas rusas. De ese modo, mientras la población venezolana sigue sometida a la falta de alimentos y de medicinas y la Unión Europa resuelve un embargo de armas contra Venezuela, entre otras medidas restrictivas, Nicolás Maduro ha ganado con el guiño diplomático de China su bien más preciado: tiempo.
La deuda de Venezuela, acuciada por la caída del precio del petróleo desde 2014, ronda los 150.000 millones de dólares. Sus obligaciones con Rusia incluyen los 6.000 millones de dólares que le pagó la petrolera rusa Rosneft a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Nada extraño si Rosneft, ancla de la política exterior de Vladimir Putin con inversiones en Cuba, China, Egipto y Vietnam, no hubiera adquirido en 2016 el 49,9 por ciento de las acciones de Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos. Nada extraño, tampoco, si Donald Trump no hubiera sancionado a varios laderos de Maduro por socavar la democracia; violar los derechos humanos; inhibir la libertad de expresión y de reunión pacífica, e incurrir en actos de corrupción.
Los negocios, a veces, van a contramano de la política. O viceversa. Después de ser nombrado secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross conservó sus acciones en una compañía de navegación vinculada a Gennady Timchenko, oligarca ruso penado por Trump, y a Kirill Shamalov, yerno de Putin. La empresa transportadora de gas Navigator Holdings no sólo mantuvo sus negocios con el gigante de la energía rusa Sibur. Los aumentó mientras Estados Unidos y la Unión Europea sancionaban a Putin por la incursión de Rusia en Crimea. La compañía está radicada en las islas Marshall, paraíso fiscal del Pacífico.
Esta revelación, surgida de los archivos de la firma de abogados Appleby, ubicada en el Triángulo de las Bermudas, no parece incomodar a Trump ni a Putin ni a Maduro. Los datos, filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con el nombre de Paradise Papers, desnudan maniobras de evasión fiscal de ricos y famosos que pueden ser legales, pero están reñidas con la ética de aquellos que ejercen cargos públicos. En la práctica, al desviar su dinero a paraísos fiscales, los individuos y las empresas no pagan impuestos en los países en los cuales hacen negocios y privan de recursos a los estados.
Cuando Ross ocupó el cargo, en febrero de 2017, prometió ser “escrupuloso” ante cualquier conflicto de interés. Se deshizo de sus acciones en 80 empresas, pero retuvo las de nueve. Entre ellas, las de Navigator Holdings, con un 31,5 por ciento de participación. Esa firma cuenta entre sus clientes a Pdvsa, castigada por Trump. Lo paradójico es que Ross colaboró en la elaboración de las sanciones contra Venezuela. En el triángulo converge con Rusia y Venezuela, supuestamente antagónicos con su gobierno, más allá del generoso aporte de Maduro para el acto de asunción de Trump: medio millón de dólares.
No es el único caso en el cual los negocios van a contramano de la política. El yerno de Trump, Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca, habría recibido en 2015 una inversión de 850.000 dólares del magnate ruso Yuri Milner, vinculado a un banco público ruso también sancionado por Estados Unidos. El secretario de Estado, Rex Tillerson, tenía intereses en Yemen, donde árabes e iraníes se disputan el control de Medio Oriente, mientras dirigía las operaciones de Exxon Mobil. Gary Cohn, asesor económico de Trump, presidió compañías offshore en Bermudas cuando era ejecutivo de Goldman Sachs.
Si de un triángulo se tratara, los vínculos entre gobiernos aparentemente antagónicos tienen un cuarto vértice. El de los negocios. Trump, machaca la oposición demócrata en Estados Unidos, adeuda su propia declaración de impuestos. Lo justificó Donald Jr., su hijo: “Como tiene 12.000 páginas, cada persona del país se volvería un auditor financiero haciéndole preguntas que podrían quitarle valor al mensaje principal de mi padre”. Un mensaje ambiguo: haz lo que digo, no lo que hago.
