Mucho ruido y pocas nueces

El ocaso de la Concertación y la fugaz irrupción de la Nueva Mayoría marcaron un cambio generacional en la conducción de la izquierda y un giro ideológico profundo: el abandono de los consensos que sustentaron la transición democrática. Así, el proyecto político que había articulado la modernización institucional, la gobernabilidad y el crecimiento con equidad se erosionó. Las reformas impulsadas por el segundo gobierno de Michelle Bachelet -educacional, tributaria y electoral- operaron como catalizadores de esa ruptura. No lograron sus objetivos y socavaron pilares fundamentales del pacto social.

Luego vino el intento insurreccional de octubre de 2019, con su anomia, ataques al Estado de Derecho y una retórica deslegitimadora que golpeó severamente la estabilidad del país; y el prolongado y estéril ciclo de reemplazo constitucional. El resultado: un estancamiento estructural y persistente.

Pese al tono esperanzador del Presidente en su última Cuenta Pública-donde describió un país que avanza en paz hacia el crecimiento-, y a pesar de las propuestas de los candidatos de la primaria oficialista, no se advierte capacidad en esa coalición de ofrecer una salida. La falta de autocrítica, la ambigüedad doctrinaria -sobre todo frente a la violencia-, y la carencia de voluntad para enmendar el rumbo auguran continuidad más que rectificación.

La debilidad del sistema político requiere una reforma profunda que recomponga las reglas del juego democrático. Senadores de Chile Vamos y del Socialismo Democrático propusieron un umbral del 5% de los votos para acceder a representación parlamentaria. El Gobierno desahució la idea, optando por mantener el actual sistema que desincentiva la convergencia, estimula la fragmentación e induce una gobernabilidad precaria. Esta semana, el Senado aprobó el umbral -a pesar de la oposición pertinaz del Ejecutivo, el Frente Amplio y el PC- gracias a la insistencia de esos senadores.

En seguridad, los resultados son elocuentes. Lejos de contener la escalada delictual, los niveles de criminalidad se mantienen altos. Las familias han cambiado sus hábitos y estilo de vida, porque la preocupación prioritaria es llegar a salvo a sus casas; ya no organizan sus rutinas en función de sus necesidades, sino del temor. La causa principal de este deterioro es la crisis de autoridad que la coalición que nos gobierna -durante años hostil a las instituciones de orden- ayudó a incubar.

En el ámbito educativo, se ha producido un retroceso inquietante. Pese a haber sido el emblema del Frente Amplio, la educación ha estado marcada por la parálisis. Los liceos emblemáticos están en decadencia; la implementación de los SLEP fue caótica; la tómbola vulnera el derecho de los padres de elegir el proyecto educativo para sus hijos; y la convivencia escolar ha empeorado. La promesa de una educación pública de calidad se esfumó entre la impericia administrativa y la rigidez ideológica.

En salud pública, la situación es aún peor. Las listas de espera han alcanzado cifras alarmantes: millones de usuarios esperan atención y miles han fallecido sin recibirla. El próximo gobierno heredará un problema colosal que pone en duda el acceso efectivo a la salud.

En lo económico, Chile arrastra más de una década de bajo crecimiento, muy alejado del dinamismo existente hasta el año 2012. Ni el Banco Central ni los organismos internacionales prevén cambios significativos. La inercia se ha hecho costumbre. No hay señales de un nuevo impulso productivo ni de reformas que puedan devolver el país a una trayectoria de expansión sostenida.

La integridad política ha alcanzado niveles críticos. El fraude masivo de licencias médicas y los casos Procultura y Democracia Viva, consolidaron la percepción de un Estado mediocre que refugia la impunidad. El Gobierno ha normalizado lo que prometió erradicar, por la distancia entre lo que dice y lo que hace. Frente a un Estado ineficaz, anacrónico y permeado por malas prácticas, es urgente transformar el aparato estatal, asegurar la responsabilidad y controles efectivos, sanciones ejemplares, y una genuina cultura de probidad que recupere la confianza ciudadana.

Las expectativas eran elevadas: se hablaba de una nueva izquierda con ímpetu renovador. Pero no hubo capacidad de gestión, impronta ética, ni propuestas concretas que respondieran al descontento. Tampoco hubo sentido de urgencia. Bien lo saben los vecinos de Viña del Mar que perdieron todo en los incendios, abandonados a su suerte mientras se improvisaba desde la capital. La restauración de la credibilidad política se diluyó entre la retórica nostálgica y la corrupción. De poema en poema, o parafraseando a Allende, nada cambió en estos cuatro años. El relato se marchitó y las promesas se desvanecieron, y el próximo gobierno tendrá que reconstruir sobre las ruinas simbólicas de una generación convencida que bastaban sus consignas para gobernar.