La consulta popular del 16 de noviembre: anatomía de un país que se prepara para reescribir el Estado Ecuatoriano
Después del 16 de noviembre los resultados determinarán el rumbo político: un “sí” parcial dilataría el proceso o abriría reformas intermedias; un “no” sorprendente frenaría la refundación pero no cerraría la discusión sobre el tipo de Estado que se quiere construir para las próximas décadas
Ecuador tiene una larga historia de cambios constitucionales. Desde el siglo diecinueve el país ha aprobado más de una docena de constituciones. Foto: Archivo
El domingo 16 de noviembre de 2025 el pueblo ecuatoriano volverá a las urnas para pronunciarse sobre una consulta popular que, en apariencia, contiene apenas cuatro preguntas técnicas. Sin embargo, lo que se juega no es solo la aprobación o rechazo de políticas específicas. En el fondo, Ecuador está decidiendo si abre o no la puerta hacia un proceso que podría culminar en la redacción de una nueva Constitución y, con ello, en una reconfiguración profunda del Estado.
Ecuador tiene una larga historia de cambios constitucionales. Desde el siglo diecinueve el país ha aprobado más de una docena de constituciones, y si observamos los últimos cincuenta años se aprecia una tendencia clara: aproximadamente cada veinte o veintiún años el país vuelve a discutir su pacto constitucional. Así ocurrió con las constituciones de 1967, 1978, 1998 y 2008.
Mientras democracias estables reforman sus constituciones mediante enmiendas puntuales, América Latina ha seguido una tradición distinta. Cada liderazgo fuerte ha sentido la tentación de reescribirlo todo, como Hugo Chávez en Venezuela en 1999 o Rafael Correa en Ecuador en 2008. Esta tendencia reaparece ahora, en un momento marcado por la crisis de seguridad, el desgaste institucional y un ambiente político que mira la refundación del Estado como solución estructural.
La consulta de 2025 debe entenderse en ese marco. Es la antesala de algo mayor. Aunque se presenta como un paquete de preguntas, su verdadero propósito es medir la legitimidad política necesaria para avanzar hacia una Asamblea Constituyente. Cada pregunta toca una parte del andamiaje estatal, pero juntas funcionan como una llave para abrir el ciclo constituyente.
En los últimos meses, la inseguridad ha sido el eje dominante del debate nacional. Los homicidios, las disputas entre bandas y la consolidación del crimen organizado han colocado a la ciudadanía en un estado de alerta permanente. La idea de un Estado fuerte, capaz de retomar el control, ha calado profundamente. La narrativa del gobierno se ha apoyado en imágenes simbólicas como la cárcel del encuentro, en operativos mediáticos, y en la exposición pública de figuras vinculadas a casos de corrupción, como Jorge Glas o Pablo Muentes. Aunque estos procesos judiciales no están directamente relacionados con el contenido de la consulta, sí han reforzado la percepción de que el gobierno está dispuesto a “limpiar la casa” y enfrentar a estructuras históricas de poder.
La mayoría de fuerzas políticas se han alineado con el “sí”. Defender el “no” en este momento puede interpretarse como estancamiento o afinidad con el pasado, especialmente con el correísmo, lo que disuade a muchos actores. Este ambiente ha permitido que la campaña oficial gane terreno con facilidad.
Las cuatro preguntas, aunque distintas, están conectadas entre sí. La que permite la instalación de facilidades extranjeras con fines de seguridad abre la posibilidad de modificar la política exterior y los esquemas de cooperación militar. La eliminación del financiamiento público a partidos reconfigura el sistema político, ya que solo las organizaciones con recursos significativos podrán competir con fuerza. Este debate adquiere aún más relevancia considerando que hace pocos meses se reformó el Código de la Democracia, sustituyendo el método de Webster por el método de D’Hondt, lo que ya había favorecido a estructuras políticas de mayor tamaño sobre movimientos pequeños o independientes. La pregunta sobre la reducción del número de asambleístas profundiza esa tendencia, concentrando la representación y reduciendo la diversidad política en la Asamblea Nacional
.La cuarta pregunta, sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, es la verdadera clave del proceso. Su aprobación implicaría iniciar una fase de elección de constituyentes y posteriormente la redacción de una nueva Constitución en un plazo limitado, con posibilidad de prórroga. Esto no es un ajuste menor. Es la apertura a un rediseño completo del Estado.
Reforma constitucional ecuatoriana: transformación profunda del Estado y la seguridad
Cambiar la Constitución implica cambiarlo todo. No es una reforma aislada. Es el punto de partida para revisar todas las leyes orgánicas, códigos, reglamentos e instituciones existentes. Cada competencia, cada entidad pública y cada proceso administrativo deberá adaptarse al nuevo texto. Lo que hoy se conoce como Estado ecuatoriano puede transformarse profundamente en los próximos años.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado en 2008 y convertido en uno de los puntos de mayor conflicto institucional, está en el centro de esta discusión. Los concursos fallidos, las pugnas internas y la politización lo han convertido en un foco de inestabilidad. Para muchos sectores, eliminar esta función y regresar a un modelo con tres poderes tradicionales, complementado con un Consejo Nacional Electoral autónomo, sería una forma de reorganizar el equilibrio del Estado. La Constituyente decidiría finalmente si Ecuador mantiene cinco funciones, reduce a cuatro o retorna al esquema clásico de tres.
Frente a este escenario, el país debe mirar con atención lo que puede cambiar en materia de seguridad. Con una nueva Constitución pueden redefinirse las atribuciones de las Fuerzas Armadas, los márgenes de actuación de la Policía Nacional y la arquitectura del sistema penitenciario. La narrativa de mano dura puede traducirse en un Estado con poderes ampliados, pero también con menos contrapesos democráticos. Lo que se apruebe no solo condicionará cómo se combate el crimen, sino qué límites tendrá ese combate.
En el ámbito de las políticas públicas, abrir el capítulo constitucional significa abrir el debate sobre todas las leyes orgánicas. La experiencia reciente lo demuestra. La Ley Orgánica de Movilidad Humana, que fue un referente regional, terminó sufriendo retrocesos impulsados por cambios políticos y narrativas de crisis. Lo mismo puede ocurrir con la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Orgánica de Salud, el régimen de empresas públicas o el sistema de control estatal. Nada está blindado. Una nueva Constitución no solo reorganiza el Estado, también reorganiza quién tiene fuerza y quién la pierde.
Un capítulo crucial será el de las alianzas público privadas. El país avanza hacia un modelo mixto en sectores como salud, donde la participación privada está adquiriendo protagonismo. Si esta orientación queda incorporada en la nueva Constitución, Ecuador podría reestructurar su sistema sanitario hacia una mayor dependencia del sector privado. Esto no es necesariamente negativo, pero sí implica un giro profundo que afectará el acceso y la calidad de los servicios públicos. Los logros de décadas, como el acceso universal a salud y educación, pueden ponerse en riesgo si la Constitución no establece con claridad los mínimos irrenunciables.
Después del 16 de noviembre pueden abrirse varios caminos. Si el “sí” gana ampliamente, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones para asambleístas constituyentes y el país podría tener un nuevo texto constitucional entre 2026 y 2027. Si el “sí” triunfa solo en parte, el proceso podría dilatarse o abrir espacios para reformas intermedias. Si el “no” sorprende, se generará un escenario de negociación política que frena la refundación, pero no elimina la discusión.
En cualquier caso, Ecuador ya ingresó a un nuevo ciclo político. Lo que está en juego no es únicamente cómo se combate el crimen o cómo se financian los partidos. Lo que se discute es el tipo de Estado que el país quiere construir para las próximas décadas. De la vigilancia ciudadana dependerá si la refundación se convierte en una oportunidad de modernización o en un retroceso disfrazado de cambio.
Consulta popular
Es claro que hablar de las consultas populares automáticamente el objetivo principal es medir fuerzas con el fin de saber más allá del resultado cuál es el real número con él que cuenta el gobierno de turno. Presentando varios temas como proyectos de ley y a su vez saber que tanta aceptación tienen, es necesario destacar que Ecuador prima por ser un país que pese a que un si sea el resultado no garantiza la estabilidad o mide métricas para que un gobierno tenga la absoluta confianza de permanencia en el poder, pues cada implicación profunda impulsa cambios estructurales y dichos cambios sostienen el rol de la democracia puesto que no todo es lineal en la política es decir si existe la forma de expresar por medio del voto que el sistema puede mejorar según el criterio del gobierno entonces tendríamos años repitiendo un patrón político que claramente puede ser refrescado con nuevas normativas no se trata de una tendencia política sino de encontrar maximización social generando beneficios y marcando el rumbo político del país generando así mecanismos de democracia directa.
Puesto que el evento da para ampliar y entender horizontes sin embargo los ciudadanos deben preguntarse si los recursos de ganar el “Si” van para proyecciones sociales. Si la Asamblea será realmente más eficaz y menos onerosa. Si verdaderamente el control ciudadano tendrá lugar en estos nuevos espacios generados para la cooperación de la misma. Pues se ha hablado que dichos privilegios serán removidos y distribuidos para que el estado pueda dar garantías de protección y pueda ejecutar las reglas consultadas, entendiendo esto como un nuevo horizonte para el desarrollo estructural del país.
