Negociaciones transparentes
Cuando se negocia con partidos que cuestionan la misma existencia del Estado, los ciudadanos tienen derecho a la máxima transparencia ya que la discreción se convierte en una trampa
ISABEL Díaz Ayuso, verbalizó ayer lo que muchos españoles sospechan que ha estado ocurriendo en las semanas transcurridas desde que se conociera el resultado de las elecciones del 23J: que antes de irse de vacaciones, el PSOE y Junts per Catalunya «lo han dejado todo cerrado», en referencia al apoyo de los de Carles Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez. Según la presidenta madrileña, el presidente «está negociando la soberanía de todos los españoles a espaldas de todos». Las acusaciones de Ayuso adquieren verosimilitud debido a la falta de transparencia de los protagonistas de la política española, sobre todo del Gobierno en funciones que trabaja denodadamente por su continuidad en el poder mientras es sostenido con el dinero de todos. El secretismo se justifica en la necesidad de «discreción» de las conversaciones y los acercamientos, como si se estuviera negociando la resolución de un secuestro o, lo que es peor, la comisión de un hecho irregular cuyo conocimiento no puede ser desvelado a la opinión pública porque ésta se fijaría más en cuestionar los medios que los fines.
No pasaría nada si las extensiones mediáticas del Gobierno en funciones no usaran arteramente el argumento de la discreción para favorecer la propagación de sus propios trascendidos y versiones. Los ciudadanos sienten con justa razón que apenas saben la mitad de la mitad de la mitad y asumen con resignación que se les presentarán unos hechos consumados cuyas consecuencias apenas pueden imaginar. La lista de demandas que Junts ha planteado a los socialistas supone un cuestionamiento existencial del Estado que los ciudadanos deben aquilatar: da igual que éstas sean un referéndum de autodeterminación o la amnistía general para Puigdemont, como se ha expresado, o la batería de medidas contempladas en su plan B (el programa electoral de Junts) que suponen la desaparición del Estado de Cataluña.
Es muy alarmante que los socios que el PSOE está eligiendo para negociar no cesan de plantear iniciativas de corte soberanista. Bildu le ha recordado a María Chivite –que precisamente fue reelegida presidenta ayer gracias a la abstención de los radicales– que su idea es promover que se plantee en Navarra qué tipo de relación «quiere tener con el Estado y el resto de los territorios vascos», aludiendo así a la disposición transitoria cuarta de la Constitución que permitiría la incorporación de Navarra al País Vasco por un acuerdo de su Parlamento ratificado en referéndum. Una herramienta similar a la que promueve Junts para Cataluña, pero que en su caso estaría fuera del marco constitucional.
Los secesionistas catalanes se han dedicado al juego de la confusión en las últimas horas, elucubrando con la posibilidad de una repetición electoral. Carles Puigdemont sabe que no se le va a presentar una ocasión mejor que la que el azar electoral ha colocado esta vez en sus manos y que no encontrará a un político con mejor disposición y menos escrúpulos que Pedro Sánchez para conseguir sus objetivos, como quedó demostrado con los indultos y la reforma del Código Penal para satisfacer a sus socios de ERC en la anterior legislatura. Los españoles no se merecen que se negocie a escondidas y sin poner todas las cartas sobre la mesa.
