Néstor Suárez – PhD en Economía
¿Por qué las petroleras venezolanas no pueden funcionar con la eficiencia y rentabilidad de las inglesas, americanas e italianas? ¿Por qué no pueden tener cientos de miles de accionistas, nacionales y extranjeros, tanto directamente como a través de fondos de inversión? ¿Por qué PDVSA no se privatiza y así se desburocratiza? ¿Por qué nuestras empresas petroleras no compiten entre sí, afuera y también adentro de Venezuela, en los mercados de productos, de recursos humanos y proveedores? ¿Por qué los particulares no pueden ser propietarias de la riqueza del subsuelo? ¿Y qué tiene que hacer nuestro gobierno en la OPEP, todavía detrás del mito de unas supuestas “cuotas de producción” que los gobiernos son absolutamente incapaces de hacer respetar por las empresas, aún en los casos en que éstas son de su propiedad? Nosotros, los ciudadanos, podemos ser los accionistas de las empresas. Y si a nosotros nos convienen las sociedades con empresas extranjeras, las mismas deben participar en plano de igualdad como cualquier accionista. Los socios de las petroleras debemos ser nosotros, los ciudadanos, y no el Estado, que debe limitarse a recoger sus impuestos, mientras nosotros recogemos nuestros dividendos y vigilamos por la creciente valorización de nuestra propiedad. Los dueños de Exxon o BP no necesitan la tutela del Estado que los represente. ¿O acaso nosotros somos menores de edad, pródigos o incapacitados, que requerimos semejante curador?
Ante estas interrogantes, primero debemos diagnosticar al paciente para luego prescribir el tratamiento que solucione el problema.
La Herencia Cultural
Desde tiempos de la colonia española se ha regulado la propiedad y la explotación por concesión de las riquezas minerales. En sus Ordenanzas de Minería promulgadas en Aranjuez en 1783, Carlos III declara: “las minas son propias de mi Real Corona”. Esta visión personalista de los bienes que hoy llamamos del dominio público es muy propia del absolutismo europeo y la hereda el monarca español de su padre Felipe V, primer Borbón en el trono de España. Recordemos que Felipe V nace en Versalles y es nieto del Rey Sol, Luis XIV de Francia, mayor representante de las monarquías absolutas europeas y a quien se le atribuye la famosa frase “el Estado soy yo” (L`Etat c’est moi). La enorme influencia del abuelo sobre el nieto viene marcada por la sangre, pero aún más importante, por el apoyo total, tanto diplomático como militar, que permitió al Borbón acceder al trono español tras la Guerra de Sucesión (1701 a 1713). Como veremos a continuación, la visión respecto a la propiedad de los bienes minerales se mantiene al presente.
Nuestra Constitución de 1999, en su artículo 12, replica estos conceptos calcados de las monarquías absolutas: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.”
Junto con la propiedad, también heredamos la forma absolutista y personalista de administrar la riqueza mineral. Por ejemplo, tenemos: 1) las concesiones para la explotación de los yacimientos mineros por los particulares (“vasallos” en el lenguaje de las Ordenanzas de Minería); 2) las revocaciones unilaterales de las concesiones (“expropiaciones” en el lenguaje legal contemporáneo); y, 3) los despidos ejecutados por el administrador, jefe absoluto, sin causa justificada, que expulsa a los empleados como si no tuvieran derechos laborales.
Aquí tenemos una primera pista para el diagnóstico. Nos encontramos frente a una herencia cultural de larga tradición en la cual la propiedad de la riqueza mineral es del Estado; y se manifiesta claramente en nuestro ordenamiento legal y en la administración de la industria misma. Cabe preguntarnos entonces ¿Qué es el Estado? Y más importante aún, ¿quién ejerce el poder en nombre del Estado? ¿Un soberano sabio e ilustrado; o un autócrata personalista y absolutista?
Ingresos Directos para el Gobierno
Por otro lado, observamos que ningún país petrolero, con la excepción de Noruega, ha logrado traducir la riqueza de sus hidrocarburos en prosperidad y bienestar para la mayoría de sus ciudadanos. Algunos dirán que Arabia Saudita y los Emiratos del Golfo Pérsico han desarrollado exitosamente sus industrias de petróleo y gas, además de diversificar sus economías. Esa argumentación es correcta, han sabido crecer en términos económicos, diversificarse y desarrollar unas urbes impresionantes. Pero los habitantes de esos reinos, gobernados por monarcas absolutos, ¿realmente han logrado prosperidad y bienestar? En términos generales, podemos afirmar que en esas sociedades las mujeres son una clase inferior, con derechos limitados; ¡y esa es la mitad de la población! Adicionalmente, los habitantes de esos reinos no gozan de derechos políticos ni de libertad de expresión. Quien se atreva a criticar al emir, o las políticas de su gobierno, o pretenda organizar un partido político, lo hace a riesgo de su integridad.
En los casos de Rusia, Irán y Venezuela, el autor Thomas Friedman argumenta en su libro “The World is Flat” de 2005, que estos regímenes “petro-dictatoriales” utilizan los recursos recibidos para obstaculizar la globalización que beneficia a las inmensas mayorías, mantener el poder a través del control de la población e impedir reformas democráticas.
Aquí encontramos una segunda pista para nuestro diagnóstico. Cuando los gobiernos reciben directamente los ingresos del petróleo y el gas, sin la intermediación de particulares que pagan impuestos y exigen resultados, dichos recursos se utilizan en beneficio de la clase gobernante que busca perpetuarse en el poder. Consecuentemente, se perjudica a la mayoría y se llega incluso a utilizar ese dinero para oprimir a los propios ciudadanos. Si en cambio, el gobierno viviera de los impuestos que pagan los privados, se ocuparía de cuidarlos en vez de atacarlos.
El Caso Venezolano
Centrándonos ahora en nuestro país, nos preguntamos, ¿cómo se encuentra la industria de petróleo y gas venezolana? Una revisión somera nos permite concluir que la misma está quebrada tanto financiera como moralmente; operativamente disminuida, incluso anulada en algunos casos; descapitalizada; endeudada; demandada; y, como claramente ilustra el caso de CITGO en Estados Unidos, en proceso de ejecución. Un solo dato para ilustrar el gigantesco fracaso: en el año 1998 producíamos más de 3 millones de barriles día de petróleo crudo; al presente, esa cifra es inferior al millón. Y mejor no hablemos de los índices de bienestar social.
Aquí, sin duda, tenemos la más contundente de las pistas para llegar a un diagnóstico. Es evidente que una industria, cualquier industria, gerenciada directamente por un dueño incompetente, siempre va a fracasar. La historia nos enseña que los gobiernos pueden arrojar distintos resultados: buenos o malos, pero los gobiernos no están para hacer buenos ni malos negocios, sino para ocuparse de las funciones inherentes y propias del Estado. Si amarramos la fortuna de la principal industria del país y de toda la economía a los naturales altibajos políticos, estamos condenando a la inmensa mayoría a vivir en una eterna incertidumbre y con recursos muy magros.
El Diagnóstico
El común denominador de los países petroleros es que la riqueza mineral pertenece al Estado. Y los gobiernos, unos mejores, otros peores, ejercen directamente ese poder de propietario, administrador, gerente, contralor, auditor, etc. Ahí, precisamente, es donde se encuentra la raíz del problema: la propiedad de la riqueza mineral en manos del Estado.
El diagnóstico es inequívoco. La propiedad del petróleo y el gas en manos del Estado es el principal obstáculo para el progreso económico, la prosperidad y el bienestar de la amplia mayoría de los ciudadanos.
El Futuro
Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que reformar radicalmente el sistema anticuado e ineficiente de la propiedad de las riquezas minerales de nuestro subsuelo y de todas las industrias relacionadas. ¿Cómo? Privatizando por completo la industria de petróleo y gas.
En el próximo artículo se presentará la solución. Un plan estratégico para la privatización y cuyo único objetivo es el bienestar y la prosperidad de todos los venezolanos.
“Siempre debemos luchar por la vida libre, por la libertad, para poder vivir y pensar con libertad”
