Nicaragua llama a las urnas bajo el férreo control oficialista

A seis meses exactos de los comicios generales, el Poder Electoral, dominado completamente por Daniel Ortega, ha convocado oficialmente a votar. La fecha de las elecciones, el 6 de noviembre.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó con un año de anticipación los comicios generales en los que resultó reelecto Daniel Ortega, celebrados en noviembre de 2011, y también publicó doce meses antes el calendario electoral en La Gaceta. Siete meses antes de la cita electoral publicó la lista oficial de los candidatos a presidente y vicepresidente en el diario oficial y en los diarios de circulación nacional.

Sin embargo, esta vez Nicaragua enfrenta un anómalo año electoral, al convocar a elecciones el próximo 6 de noviembre, con un plazo de seis meses. Esto ha podido contribuir a alimentar el desinterés ciudadano.

Rosa Marina Zelaya, exmagistrada y expresidenta del CSE, señaló que según la Constitución Política y la Ley Electoral nicaragüense, las elecciones generales y al Parlamento Centroamericano deben realizarse el primer domingo de noviembre de este año 2016, es decir, el próximo 6 de noviembre.

El hecho de que en abril el CSE no hubiera convocado a elecciones «constituye un atraso injustificable en la organización, administración y vigilancia del proceso electoral, que puede redundar en perjuicio de la eficacia de estas elecciones, que deben conferir legitimidad a los electos», afirmó Zelaya a E&N.

La expresidenta del CSE insistió que si bien es cierto que la Ley Electoral no le establece al CSE una fecha perentoria para la convocatoria a las elecciones, sí señala diferentes etapas a cumplirse durante el proceso electoral, de tal manera que el CSE debe elaborar el calendario electoral, con base en la fecha de los comicios para atrás, hasta llegar a un sinnúmero de actividades entre las que están: la convocatoria, elaboración de propuesta de calendario electoral por consultarse a las organizaciones políticas participantes, que debe incluir entre otros, la inscripción de candidaturas, invitación a los observadores electorales, etc.

Además, agregó que el Poder Electoral debe realizar numerosos trabajos técnicos administrativos, de mucha importancia, como la elaboración de todos los materiales electorales, boletas electorales, elaboración y entrega de credenciales a los fiscales de los partidos políticos, de los observadores internacionales y nacionales y de los miembros de todas las JRV y demás organismos intermedios electorales, su capacitación electoral, campañas de educación cívica para los electores, partidos políticos, etc.

«De manera que a mi juicio hay evidente atraso en la convocatoria de estas importantes elecciones, que puede redundar en perjuicio de su eficiencia y que al enviar la invitación a los organismos internacionales de Observación Electoral, estos no cuenten con el tiempo y financiamiento para la organización de una misión electoral. Todo lo cual impacta en deterioro de la calidad organizativa del proceso, debilitamiento de la democracia y del sistema electoral en Nicaragua. Sumado a la suspicacia que ha levantado en el país tal situación, que podría redundar en una alta abstención, no deseable porque se está decidiendo en manos de quién se tendrán los altos cargos por elegirse», afirmó Zelaya.

Por su parte Dora María Téllez, legendaria ex comandante guerrillera en la lucha contra la dictadura somocista y hoy opositora a Daniel Ortega, valoró que el retraso en la convocatoria se debe a que existe un contexto nacional e internacional que no es favorable al mandatario nicaragüense.

«Si tomáramos en serio lo que Ortega dijo en un discurso público en Venezuela recientemente, habría que creer que el régimen está tentado de no convocar eleciones. Su argumento es que las elecciones no sirven a la ‘izquierda’ solo a los intereses de los Estados Unidos«, reflexionó Téllez.

No obstante, el pasado 11 de marzo, en breves declaraciones a los medios de comunicación nacionales, Roberto Rivas, actual presidente del CSE y un aliado incondicional de Ortega, desestimó las críticas públicas por no convocar aún oficialmente a los comicios 2016. «Aún hay tiempo para convocar a elecciones, estamos en tiempo y forma, no existe una fecha determinada en la ley que nos exija a llamar a elecciones en un día en específico», aseguró Rivas.

Control total del poder electoral

De acuerdo con los resultados de la primera Encuesta Electoral, realizada por la firma M&R Consultores, en febrero y marzo recién pasado, entre 1.991 entrevistados mayores de 16 años, 41,3% revela «mucha confianza» en que las elecciones próximas serán limpias, mientras 31,2% expresa «alguna confianza» y 24,3% «ninguna confianza».

Por otra parte, 83,2% de los encuestados se pronunció a favor de la observación electoral nacional y 77,5% por la observación electoral internacional. Al profundizar en ese clamor, entre 66 a 68% considera que debe haber transparencia, credibilidad y confianza en el proceso; mientras entre 21,8% y 24,5% estima que eso legitima el proceso.

«Ortega sabe que carece de mayoría. Y retarda la convocatoria electoral para evitar la observación internacional y ganar tiempo para tratar de montar mecanismos de fraude menos burdos que los de las elecciones de 2008, 2011 y 2012», afirmó Téllez.

El Consejo Supremo Electoral, el organismo rector de los comicios en Nicaragua, está integrado por diez magistrados, siete propietarios y tres suplentes. El régimen de Ortega tiene un control absoluto del Poder Electoral, ya que la gran mayoría son militantes del Frente Sandinista y el resto son aliados incondicionales, que resultaron reelectos en abril de 2014, con el voto de la bancada mayoritaria oficialista parlamentaria.

«El control total de Ortega sobre el CSE tiene como objetivo hacer fraudes sin testigos, sin miradas críticas, sin observación ni fiscalización. Por eso la totalidad de magistrados le obedecen absolutamente», agregó Téllez.

A juicio de la expresidenta del CSE, el sistema electoral nicaragüense entró en crisis desde el pacto político de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, en el 2000, que conllevó reformas constitucionales y a la Ley Electoral, parcializando totalmente el Poder Electoral, y perdiéndose la ruta profesional que tenía este.

«A esta fecha, desafortunadamente, el sistema electoral ha colapsado. Las sucesivas elecciones realizadas desde el 2000 han sido progresivamente descalificadas por los partidos políticos de oposición, con señalamientos de irregularidades y reclamos de fraudes en mayor o menor grado. Tampoco han sido tomadas en cuentas las 24 recomendaciones específicas de los observadores electorales internacionales de la Unión Europea, ni las 11 recomendaciones de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos. Que entre otras, señalan la necesidad de reformas a la Ley Electoral y de constituir el Poder Electoral con magistrados independientes», recordó Zelaya.

La expresidenta del Poder Electoral valoró que Nicaragua necesita y debe tener un Poder Electoral confiable, imparcial, eficiente, moderno y profesional. Sin embargo, en la realidad, señaló que la actual composición del CSE está altamente politizada y en la práctica con supremacía de magistrados procedentes del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.

En enero recién pasado, dos magistrados sandinistas renunciaron al CSE para dar cabida a una mayor representatividad femenina en el seno del Poder Electoral. Ortega presentó dos candidatas militantes provenientes de sus filas partidarias, mientras la oposición presentó a candidatos de ambos sexos, provenientes de sus filas y de la sociedad civil.

Sin embargo, el 18 de febrero del 2016, dos meses y once días después de la derrota política al régimen de Nicolás Maduro, en los comicios legislativos, el régimen de Ortega se negó a ceder uno de esos espacios en el Poder Electoral y la bancada mayoritaria oficialista eligió por mayoría de votos a las dos militantes del FSLN: Sandra Moreno y Mayra Salinas.

«El CSE está integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes, las decisiones se pueden tomar por mayoría simple con cuatro votos y determinadas decisiones con mayoría calificada de cinco votos, de manera que haber electo a dos magistrados independientes, hubiese permitido una apertura de independencia, pero no pérdida de ‘control’ del organismo. Por ello, es inexplicable por qué no lo hicieron», se preguntó Zelaya.

«Los organismos electorales de Argentina, Venezuela y Bolivia han respetado el voto popular como se ha visto en los resultados de las últimas elecciones realizadas en sus países respectivos. En Nicaragua el organismo electoral no ha cumplido obligaciones elementales, como dar a conocer los resultados electorales junta por junta receptora de votos, acreditar y respetar el trabajo de los fiscales de los partidos políticos participantes en las elecciones, y no acreditar a organizaciones de observadores electorales nacionales que desde 1996 habían servido como tales», indicó Zelaya.