No hay astilla que más duele que la del mismo palo

En nuestros pueblos hay una máxima popular que dice: “NO HAY ASTILLA QUE MÁS DUELE QUE LA DEL MISMO PALO”, lo que significa que no hay peor enemigo que aquel que ha formado parte de tu círculo íntimo, porque ya sabe cómo hacerte daño, y duele aún más, cuando consideras que podría tratarse de una traición.

Pocas veces se cumple esa máxima de forma tan clara como ahora en Colombia, cuando el hijo mayor del presidente de ese país, quien hizo política con su padre y participó en la campaña electoral que lo llevó a ganar la presidencia de Colombia, dijo a la Fiscalía que declarará sobre los aportes de dinero que hicieron importantes empresarios, por debajo de la mesa, a la campaña electoral de su progenitor. Y como para que no quedara dudas de su compromiso con la justicia, también señaló: “no me voy a inmolar por mi padre”.

Nicolás Petro Burgos, hijo de Gustavo Petro, Presidente de Colombia, ante una investigación de la Fiscalía en su contra, decidió colaborar aun cuando ello incluyera crear dudas en cuanto a la forma en la que fue electo su padre. Admitió, que la campaña presidencial en la que él participó recibió dinero de forma ilegal. Lo que significa que el presidente Petro se enfrenta ahora a un caso judicial que una vez más toca tanto a su familia como a su círculo de amigos más cercanos, lo que puede definir su gestión de gobierno en los tres años que le quedan en la presidencia de Colombia.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación informó que Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente y exdiputado en el Atlántico, confirmó el compromiso adquirido por el acusado, quien también aseguró haber recibido dinero de personas acusadas de ser narcotraficantes, y que no solo recibió el dinero en efectivo, sino que lo usó, tanto para su propio beneficio como para la campaña, superando los topes de financiamiento permitidos por la ley electoral. Todo lo anterior a cambio de que le otorgaran prisión domiciliaria, la cual logró.

Vale señalar que la Fiscalía está dirigida por un opositor al presidente.

Al final, Gustavo Petro reaccionó con un discurso desde una asamblea campesina, negando haber dado órdenes de cometer delitos, e indicó: «Este gobierno se acaba por el mandato popular, por nadie más; no hay nadie que pueda terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo, y el mismo pueblo dio una orden por mayoría en las urnas: ¡nos vamos hasta el año 2026!«.

No se puede olvidar que Petro llegó al poder con la promesa de un cambio en las viejas usanzas del poder, pero ahora desde la presidencia, es impugnado por casos que parecen entrar en contradicción con toda su carrera política. 

Cabe recordar que en los primero 10 meses de su gestión de gobierno se le han endilgado 15 escándalos de corrupción, siendo uno de ellos la denuncia por la que está siendo investigado su hijo. Si la investigación es profunda es probable que se revelen nombres de más personas que participaron en el manejo ilegal de importantes cantidades de dinero, así como de fuentes no muy santas, por cierto, entre los que podría estar su tocayo Nicolás Maduro, así como de otros políticos colombianos que recibieron favores en dinero. Más aun, vuelven a flotar protagonistas de escándalos recientes como su ex jefe de Gabinete Laura Sarabia y el exembajador en Venezuela Armando Benedetti. 

La consecuencia obvia sería la deslegitimación pública del sistema, pero lo peligroso de eso es que la gente se equivoque, y en vez de rechazar al causante del problema condene a la democracia.

La financiación electoral ha sido un tema recurrente en Colombia. En junio del corriente año 2023, hace apenas mes y medio, la Fiscalía imputó a Óscar Iván Zuluaga, fallido candidato presidencial uribista en el 2014, por haber recibido dinero de Odebrecht. Hace poco menos de 30 años, el expresidente Ernesto Samper vio su cuatrienio convertido en una sombra entre lo prometido y lo deseado, porque la financiación ilegal del Cartel de Cali, a su campaña, lo convirtieron en un mandatario enfocado en defenderse para evitar su caída. Su caso, el llamado proceso 8.000, marcó a una generación y terminó con varios políticos en la cárcel, y sumió al país en una crisis política.

 Esta vez no ha sido la oposición de derecha la que ha desatado la mayor crisis del Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la Colombia contemporánea, sino su primogénito, su retoño, quien además era diputado por su partido político y encargado del movimiento en toda la costa del Caribe colombiano. Esa aparente traición familiar le da un giro inesperado a la gestión del gobierno y, en cualquier momento lo golpeará políticamente. De ahí el título del presente escrito: LA ASTILLA QUE MÁS DUELE ES LA DEL MISMO PALO.

Pero ¿Cómo terminará esto? 

Seguramente con el retoño entre rejas, después de largas e intensas investigaciones, lógicamente eso se produciría antes de la elección de un nuevo presidente del país. Se estima que por los cargos que admitió, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Nicolás Petro recibiría una condena de entre 10 y 30 años, dependiendo de la eficiencia de su colaboración y de la gravedad de los delitos probados.

Para el presidente Petro, por supuesto que habrá un costo político importante por ser el primer izquierdista en convertirse en presidente, de ese país, en 200 años de su historia, y que llegó al poder con la idea de cambiar la política y no lo ha hecho.

Y es que la gente comienza a pensar que el presidente no está actuando con sentido de beneficio público, sino que se rodeó de un grupo de personas que están trabajando pero para su propio beneficio. 

Si bien es cierto que en el primer año de gestión, Petro gozó de algunos resultados positivos, como en la economía, donde los índices dan positivos, en seguridad interna que ha disminuido levemente producto de las iniciativas de paz, también lo es que el grueso de las promesas hechas están, como se dice en el español colombiano, crudas; como acabar con la corrupción, las reformas a la salud, al trabajo y a las pensiones no han logrado aprobarse. De los seis procesos de paz con grupos armados solo uno se ha concretado con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), los demás están estancados.

El caso por financiamiento ilegal, además de ser investigado por la Fiscalía, va a pasar también por el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones del Senado.

En el primero, no habría posibilidades de que Petro sea condenado. Los expertos colombianos en este tema indican que el CNE solo puede referirse a los directivos de la campaña y en el segundo, el Senado, la situación es otra: como ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), la Comisión de Acusaciones puede llevar al presidente a un juicio político en el que se investigaría si conocía o no de la entrada de dineros ilegales. Lo cual tomaría, también algún tiempo.

Gustavo Petro asumió la presidencia hace un año, en medio de una oleada de ilusión, sus votantes creyeron que era el comienzo de una nueva era para Colombia, llegaba a la presidencia de la nación con un 62% de apoyo, y a un año de haber asumido el poder esa cifra contrasta con menos del 30%, hoy en día. 

El presidente Petro señaló durante su campaña electoral lo siguiente: “una política sentada sobre dineros del narcotráfico, o sobre los del erario público, es ilegítima y extremadamente débil”. Ahora sobre él es quien recae esa sospecha. Petro no resultó herido políticamente por sus antiguos enemigos, como el expresidente Álvaro Uribe por ejemplo, pero recibió el golpe más duro a su gobierno desde donde menos lo esperaba, de una confesión de su retoño mayor, su delfín político. LA ASTILLA QUE MÁS DUELE ES LA DEL MISMO PALO.

Luis Velásquez

   Embajador