¿Nueva Constitución en Ecuador? Noboa quiere cambio, González defiende el legado ‘correísta’

Guayaquil/ La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, que disputan este domingo al actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, será también un referéndum implícito sobre la actual Constitución, después de que el mandatario haya anticipado que si gana, promoverá una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva carta magna.

Noboa quiere dejar atrás la Constitución de Montecristi (2008) que sentó las bases del mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) y crear un nuevo marco constitucional para profundizar en las reformas que ya ha emprendido durante el año y medio que ha estado al mando del país, especialmente en la liberalización de la economía.

«Tiene que haber una Constituyente rápida, no al estilo Correa», ha llegado a decir el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), mientras que la aspirante presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, ha señalado que no es una prioridad para ella en este momento.

Desde que llegó al poder en noviembre de 2023, Noboa ha buscado reelaborar la Constitución, lo que consiguió en parte con un referéndum en 2024 donde obtuvo el respaldo mayoritario de la población a los cambios propuestos en materia de seguridad, para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

Desde que llegó al poder en noviembre de 2023, Noboa ha buscado reelaborar la Constitución, lo que consiguió en parte con un referéndum en 2024

Así se aprobaron medidas hasta ahora prohibidas en Ecuador, como que las Fuerzas Armadas puedan hacer operaciones contra bandas criminales sin necesidad de que exista una declaracion de Estado de excepción, la extradición de ecuatorianos a otros países donde sean requeridos por la Justicia o el equipamiento de las fuerzas de seguridad con armas incautadas a las estructuras criminales.

Si prosperase una nueva Asamblea Constituyente en Ecuador, uno de los temas principales ya en debate es levantar la prohibición de que se instalen bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una norma que en 2009 hizo que EE UU tuviera que abandonar la base de Manta, en la costa ecuatoriana, una circunstancia que algunos analistas consideran que favoreció el empoderamiento de las bandas de narcotraficantes.

Para el correísmo, esta propuesta es un menosprecio a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y un menoscabo a la soberanía nacional, mientras que Noboa la ve necesaria para reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Si bien Estados Unidos ha señalado a través de su embajada que no ha habido una petición formal para instalar una base militar para sus tropas, Washington sería el primer interesado en recuperar esa posición geoestratégica en el Pacífico Este Tropical. De hecho, actualmente ya asisten a Ecuador en la interceptación de ‘narcolanchas’.

También para Noboa quedó pendiente de acometer un endurecimiento de las penas, sobre todo para delitos ligados al crimen organizado: El sistema judicial también está también en su punto de mira, pues ya en varias ocasiones ha criticado a la justicia por la detención de supuestos criminales que a las pocas horas son puestos en libertad.

En materia económica, para Noboa es clave facilitar la llegada de inversión privada en los denominados «sectores estratégicos», especialmente en el campo de la electricidad, que está actualmente controlado por empresas estatales.

En materia económica, para Noboa es clave facilitar la llegada de inversión privada en los denominados «sectores estratégicos», especialmente en el campo de la electricidad

Y es que la falta de inversiones en el sector eléctrico se ha dejado sentir en el último año, cuando una grave sequía povocó el racionamiento de la energía, con apagones programados de hasta catorce horas al día, debido también en parte a la falta de mantenimiento del parque termoeléctrico, que debía activarse ante la caída de la producción de las hidroeléctricas.

La administración de Noboa ha puesto el foco en atraer inversiones especialmente en los campos de minería, agricultura y turismo.

Son diversos proyectos mineros, la mayoría en manos de empresas canadienses, que están a la espera de obtener los permisos para explotar la riqueza mineral de Ecuador, prácticamente intacta hasta ahora y que está llamada a sustituir al petróleo como uno de los principales pilares de la economía ecuatoriana.

Estos proyectos se han visto hasta ahora frenados por la oposición de los pueblos indígenas, que reclaman su derecho a la consulta previa para, en la mayoría de casos, oponerse a la proliferación de la industrias extractivas en sus territorios, a fin de preservar el medio ambiente.

La posibilidad de una Asamblea Constituyente ha puesto en alerta al movimiento indígena que ha acudido a la candidata Luisa González para pedirle que defienda la consulta previa y reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, unos principios que ya están reflejados en la actual Constitución de Montecristi.

En el referéndum llevado a cabo en 2024, Noboa vio también rechazado su planteamiento de permitir un contrato laboral por horas para dinamizar el mercado de trabajo y fomentar la creación de empleo que permita, además, incrementar el número de afiliados al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), sobre el que también está pendiente una reforma.

El país elegirá a su próximo gobernante en medio de la peor crisis de seguridad de su historia, como pone de manifiesto que en los primeros meses de 2025 se registra una media de un homicidio por hora, pese a que desde hace un año se encuentra en una «guerra» contra el crimen organizado.

En febrero de 2025, el país registró 736 homicidios y en enero, otros 793, según cifras oficiales, lo que supone un preocupante repunte de la violencia

En febrero de 2025, el país registró 736 homicidios y en enero, otros 793, según cifras oficiales, lo que supone un preocupante repunte de la violencia ad portas de la segunda vuelta.

Esta nueva arremetida de la violencia se da después de que con la declaración del «conflicto armado interno», en 2024 se produjera una disminución del 15% respecto a 2023, año en el que Ecuador fue el país más sangriento de Latinoamérica, con una tasa de casi 47 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Para el analista en seguridad Luis de Guzmán, la declaración de guerra de Noboa fue «muy útil», ya que el país experimentaba una «tendencia creciente de la violencia y criminalidad».

Los asesinatos ya no sólo eran «entre bandas criminales», sino que se registraban ataques contra las fuerzas de seguridad, instituciones públicas y contra civiles, por lo que era necesario «tener una respuesta más contundente», sostiene.

«Convirtieron las calles de Ecuador en el escenario donde ellos (el crimen organizado) desarrollan sus guerras y todos sus negocios ilícitos. Esto generó una guerra urbana, que es distinta a las otras, porque el enemigo se mimetiza dentro de la sociedad. El enemigo está entre nosotros mismos», señala el también especialista en seguridad ciudadana.

Según De Guzmán, esta estrategia debe seguir, pues ha logrado «amortiguar temporalmente la violencia». Pero considera que ha llegado el momento de que haya más inversión tecnológica y armamentística para las fuerzas de seguridad, mejor trabajo de inteligencia y un «golpe a la estructura financiera» de las bandas.

Pero también hay quien cree que la «hipermilitarización» ha sido un error, como Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado, quien llama la atención sobre la falta de medidas de prevención que impidan que cada vez más jóvenes sean reclutados por las bandas delictivas o que el nivel de violencia aumente.

Maffei considera que las fuerzas de seguridad se han enfocado en detener a los cabecillas, sin tener en cuenta que eso está provocando una lucha interna entre quienes quieren ser los nuevos líderes y el nacimiento de grupos más violentos que se separan, reclutan a más personas y buscan hacerse con el mercado del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Hay quien cree que la «hipermilitarización» ha sido un error, como Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado, quien llama la atención sobre la falta de medidas de prevención

Como ejemplo, apunta a lo que sucede en la zona de Nueva Prosperina, en Guayaquil, donde dos facciones de la organización criminal Los Tiguerones se disputan el territorio, lo que hace un mes provocó una masacre que dejó 22 asesinados.

«Si no hay un cambio de perspectiva, vamos a terminar 2025 con más de cincuenta grupos de delincuencia organizada, frente a los veintidós que había al inicio del ‘conflicto armado interno’. Y cuantas más bandas o cárteles hay en un país, más difícil es revertir el fenómeno. Creo que estamos poco a poco llegando a ese punto donde no vamos a poder dar marcha atrás», advierte esta experta en seguridad.

Los especialistas coincidien en que sea Noboa o sea González quien gane la Presidenica, el próximo Gobierno deben fortalecer y reformar las instituciones encargadas de la seguridad.

Maffei opina que lo primero que hay que hacer es depurar las Fuerzas Armadas y la Policía, que según ella «están lamentablemente cooptadas», y después volver a concentrar el trabajo militar en las fronteras, que es punto por donde entran la droga y las armas.

«También se debe reformar la Unidad de Análisis Financiero –para que pueda imitar lo que hace la Guardia de Finanzas de Italia– y el Centro de Inteligencia Estratégica, que ahora solo sirve para atosigar a los opositores políticos», señala.

Por su parte, De Guzmán aconseja también fortalecer la Administración tributaria y la Superintendencia de Compañías, para combatir los negocios vinculados con la criminalidad. A ello agrega, brindar educación y salud de calidad, y oportunidades de desarrollo.

«Si no se hace de esta manera, vamos a seguir siendo una sociedad y un Estado que solamente amortigua y combate la violencia, pero que está en constante descomposición», concluye.