Nueva Sociedad: Un enigma llamado Daniel Ortega

La noche del domingo 5 de noviembre de 2006, los nicaragüenses durmieron –si es que algunos pudieron dormir– sumidos en la incertidumbre. Después de tres intentos fallidos de regresar al poder, el ex-guerrillero y comandante sandinista José Daniel Ortega Saavedra sorprendió al país entero cuando las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE) lo anunciaron como el presidente electo, pese a que apenas pudo alcanzar 37,99% de los votos. Esa noche, sus simpatizantes, que por 16 años habían sobrellevado su militancia y lealtad al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) resintiendo el estigma que los marcó tras la histórica derrota que sufrieron en 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro, se volcaron a las calles, avenidas, plazas, barrios y carreteras, a celebrar un triunfo que muchos, aun dentro de las mismas filas del partido, consideraban improbable.

Ciertamente, el partido no había contado desde la derrota de 1990 con una mayoría importante en las urnas –tampoco lo hizo en 2006–. Y los fantasmas de la escasez extrema, de las decenas de miles de muertos en la guerra civil de los años 80, de las confiscaciones de propiedad privada que incluyeron firmas empresariales importantes, así como la inmanejable inflación y la deuda externa que se generaron durante el primer gobierno sandinista, entre 1979 y 1990, hicieron preguntarse a muchos si había llegado el momento de abandonar Nicaragua como lo hicieron miles para huir de la guerra, del hambre y de la represión. Sin embargo, los analistas políticos lo han reconocido y, de algún modo, la oposición también lo ha tenido que hacer a regañadientes: si hay una razón por la cual en estos momentos el FSLN se ha ubicado como principal fuerza política en Nicaragua, a punto de cumplir en noviembre de 2016 diez años de gobierno y con las condiciones favorables para quedarse otros cinco años más, ha sido por la astucia de Ortega Saavedra, quien demostró que esta vez no está dispuesto a ceder el poder.

Hoy en Nicaragua se están repitiendo casi las mismas condiciones que garantizaron su reelección en noviembre de 2011: el presidente mantiene el control político sobre los otros tres poderes del Estado, el Judicial (Tribunales de Justicia), el Legislativo (Asamblea Nacional) y el Electoral (Consejo Supremo Electoral). Este último se encuentra inmerso en una crisis de credibilidad entre los nicaragüenses desde que su titular, el magistrado Roberto Rivas, no solo comenzó a expresar de manera explícita su simpatía hacia Ortega durante periodos de campaña, sino que alineó a la institución en un marcado favoritismo hacia el FSLN; por ejemplo, retrasando la entrega de cédulas de identidad –que es obligatorio presentar para votar– a ciudadanos de zonas del país históricamente antisandinistas, o bien asumiendo una actitud intransigente hacia los partidos de oposición en materia de organización y acreditación electoral, o bien permitiendo la celebración de votaciones sin la presencia de observadores electorales nacionales que antaño han denunciado las irregularidades y anomalías que suelen presentarse en los comicios. Por otro lado, el partido rojinegro ostenta un poder económico que ya resulta difícil de medir, pero que a la vista de todos es producto del acuerdo petrolero firmado con Venezuela, el cual le permite a Ortega contar con dinero en efectivo.

Reportes periodísticos recientes estiman que, en los últimos ocho años, el FSLN habría «privatizado» unos 3.047 millones de dólares provenientes de la cooperación venezolana, capital con el cual se financia el partido así como la logística y la propaganda para su consolidación en el poder, el surgimiento de un grupo empresarial privado sandinista y la ejecución de programas y obras sociales dirigidos a los sectores más pobres del país¹. Pero además, y muy visible, está el crecimiento de la fortuna de Ortega y su familia: sus hijos ahora se presentan como empresarios propietarios de canales de televisión, radioemisoras y agencias de publicidad que, naturalmente, sirven de plataforma para proyectar la imagen del mandatario y del partido.

El otro factor que podría permitir una nueva reelección de Ortega en noviembre de 2016 es que el mandatario carece de verdaderos adversarios, y ese ha sido, quizá, uno de sus mayores logros como estratega: mantener a la oposición dividida. La táctica le funcionó en 2006 y en 2011. El liberal Eduardo Montealegre reconoce que la oposición no se encuentra en su mejor momento:

«¿De qué nos sirve poner un candidato si no logramos que tu voto pueda elegir? Porque si ponemos un candidato y al final Ortega decide, eso no es elección. Lo que queremos son elecciones, no asignaciones. Y al estar enfocados en buscar candidatos como lo han hecho otros partidos [de oposición], en lugar de buscar cómo se apliquen [sic] las reglas del juego y las leyes establecidas, estamos haciendo «zancudismo», oportunismo político».²

¿Una izquierda neoliberal?

Sin duda, un buen punto de partida es el ámbito macroeconómico. En este caso, el gobierno sandinista ha elaborado un discurso cuyo objetivo es convencer a la opinión pública nacional e internacional, pero sobre todo, a sus propios militantes, de que sus políticas económicas tienen un fundamento socialista e incluso anticapitalista, según el cual las clases trabajadoras son las que llevan la voz cantante en el crecimiento y el desarrollo económico del país. En efecto, en el discurso utilizado como punta de lanza a través de los más variopintos medios de propaganda en los últimos años (megarrótulos, spots televisivos y radiofónicos, calcomanías, cuadernos, tazas, bolígrafos, calendarios de oficina, camisetas y gorras utilizadas durante mítines políticos e inclusive canciones, por mencionar algunos ejemplos), se afirma que el FSLN es «cristiano, socialista y solidario». Pero en la práctica, el Poder Ejecutivo elabora y aplica sus políticas macroeconómicas apegado por completo al modelo neoliberal. Y en ese sentido, ningún experto ni analista está en desacuerdo. «El modelo económico prácticamente es un modelo impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde la década de los 90. Ese modelo no ha cambiado», asegura el economista independiente Néstor Avendaño, director ejecutivo de la firma Consultores para el Desarrollo Empresarial en Nicaragua (Copades)³. Sin embargo, cuenta con una variante: la inclusión de las políticas sociales en los acuerdos suscritos entre el gobierno y el FMI.

Mientras que en los gobiernos anteriores de Violeta Barrios (1990-1996), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007) el FMI mantuvo un seguimiento estricto y determinante de las políticas monetaria, fiscal y comercial, que incluyó reformas estructurales a la economía, con la administración de Ortega este control se ha mantenido, pero a su vez ambas partes han logrado un consenso sobre políticas sociales. «Nunca antes el Fondo había hecho eso», sostiene el economista, para quien existen motivaciones políticas detrás de esto: por un lado, Ortega puede afirmar que la misión de su gobierno es el combate contra la pobreza, especialmente la extrema; y por otro lado, el FMI puede asegurar que en Nicaragua, aún considerado el segundo país más pobre de América Latina, su programa ha sido un éxito.