Odebrecht 10 años después: un escándalo de corrupción que sacudió a Colombia y América Latina

Con pocos peces gordos en las redes de la justicia, el caso de Odebrecht -una de las mayores tramas de corrupción en América Latina- cumple por estos días diez años y es tema de balances y hasta de antologías escritas por periodistas que, a lo largo de su carrera, han sido notarios de una sucesión de escándalos que muchas veces son solo flor de un día.

Dos escenas relevantes ofrecen la compuerta de entrada a esta historia. En junio de 2015 fue capturado en Curitiba, Brasil, un intocable: Marcelo Odebrecht, cabeza de la gigantesca transnacional, sindicado de haberse hecho a millonarios contratos en tres continentes lubricando la maquinaria de los sobornos.

En noviembre de 2016, Luiz Antonio Mamery, Luiz Eduardo Da Rocha Soarez y Luiz Antonio Bueno Junior, tres de sus principales ejecutivos, atendieron cumplidamente una cita con el Tribunal del Distrito Este de Nueva York donde, obligados por Estados Unidos y Suiza, se comprometieron a ganar su inmunidad a cambio de una confesión plena y de un gran destape.

En los dos episodios rondaba la figura de Sergio Moro, un juez vestido entonces con la investidura de los implacables. Moro conducía la famosa operación Lava Jato, que sirvió para poner al descubierto una red de políticos y empresarios que convirtieron los recursos de Petrobras y las comisiones sobre contratos de obra pública en fuentes de financiación de campañas políticas y halagos a los poderosos.

Moro era el gestor de la captura de Odebrecht y fue también el hombre que puso tras las rejas al hoy presidente del Brasil, Luiz Inacio ‘Lula’ Da Silva

Como la trama de Odebrecht era una derivación de Lava Jato, Moro recibió además el encargo estatal de Brasil de atender la cooperación judicial requerida por Colombia, Perú, Ecuador y otros países latinoamericanos cuyos patrimonios habían sido afectados por causa de cobros de coimas a Odebrecht.

Había que hablar con el juez, que entonces lucía como el protagonista de una réplica actual de la “operación manos blancas”. Nos atendió el jueves 19 de julio de 2018 en su despacho. Ese día no era el hombre circunspecto que mostraban las imágenes públicas. Sonreía. Vestía una camiseta polo negra, zapatos de goma y en uno de los bolsillos de su pantalón de lino colgaba un guante golfista. Estaba de vacaciones, pero aceptó la cita cuando su interlocutor le contó que investigaba para escribir un libro sobre el tema que copaba entonces su agenda.

Durante su recorrido del club donde descansaba hasta su despacho había pasado discretamente por el barrio Santa Cándida, en cuyo cuartel de policía se hallaba confinado ‘Lula’. Seguramente vio la manifestación permanente de los grupos Sin Tierra que durante el día y la noche exhibían al frente de la guarnición carteles que proclamaban la inocencia del detenido.

A propósito de detenidos ilustres, de peces gordos, resultaba forzoso preguntarle por qué si en marzo de 2016 había condenado al señor Odebrecht a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir, ya se encontraba libre dos años después. Respondió con un par de preguntas: “¿Cuándo alguien con su poder estuvo preso en Brasil? ¿Cuándo alguien como él tuvo que pagar indemnizaciones por los inmensos daños causados a través de una red de sobornos que afectó al país, a Colombia, a Perú, a Ecuador y a países de tres continentes?”.

Luego se sumió en una reflexión sobre el modelo de justicia que debía ser aplicado en el caso Odebrecht. Hoy los hechos demuestran que la suerte procesal del escándalo estuvo en buena medida determinada por las pautas señaladas por Brasil. Según él, no se podría llegar hasta los peces gordos si la justicia de cada país afectado no estaba dispuesta a negociar rebaja de penas e incluso a reconocer inmunidades. Era un pregonero del pragmatismo.

Ese pragmatismo es el que decía haber aplicado para llevar a prisión a empresarios ilustres y a políticos. Reconoce que Alberto Youssef, su principal fuente, su garganta profunda, logró librarse del castigo penal por fraudes financieros y lavado de activos gracias a que decidió abrir sin reserva el cofre de los secretos de Lava Jato. Había algo más: Brasil colaboraría con todos los países de la región andina a Cambio de que sus jurisdicciones no persiguieran a los ejecutivos de Odebrecht, a los que su país se reservaba el derecho de juzgar.

El regreso de ‘El Cholo’

Perú, el país que más se ha quejado de la falta de colaboración de Brasil, logró avances significativos en su intento de cerrar brechas de impunidad. Su apelación al modelo de justicia negociada ha sido mínimo. Solo lo utilizó tangencialmente para que el empresario judío Josef Maiman Rapaport, amigo de Alejandro Él Cholo Toledo, confirmara maniobras financieras y manejos soterrados que el expresidente hizo para ocultar o lavar los 35 millones de dólares que le exigió a Odebrecht para darle vía libre a la construcción del corredor vial interoceánico Perú-Brasil, que costó 4.233 millones.

Durante once años Toledo había logrado mantener en privado una reunión que sostuvo el 4 de noviembre de 2004 sostuvo en la suite presidencial del Hotel Belmont Copacabana de Rio de Janeiro con Marcelo Odebrecht para pactar el pago de las comisiones.

Pero fue principalmente por sus propios medios como Perú logró la extradición de Toledo desde Estados Unidos, consiguió – en medio de una jungla de testaferros- determinar el monto de su patrimonio mal habido y encontró que el exmandatario utilizó hasta a su suegra, Eva Fernenbug, como representantes de empresas de postín en Costa Rica y Panamá.

El país apuntó alto, a las cabezas y logró, mediante mecanismos judiciales y de control político, condenar a Toledo, deponer a Pedro Pablo Kuczynski y vincular procesalmente a los expresidentes Ollanta Humana y Alan García (quine tristemente optó por quitarse la vida).

El tío rico

El fiscal ecuatoriano Wilson Toainga declaró para el libro (Odebrecht: la historia completa. Aguilar, 2018) que su país no pudo comprometerse con Brasil a algo que no podía cumplir: inmunidad para los ejecutivos de Odebrecht que trabajaron en su suelo, ya que su legislación lo prohíbe.

Sin embargo, Ecuador supo sacarle punta y provecho a la declaración virtual rendida desde Sao Pablo por José Conceição Santos Filho, exsuperintendente de Odebrecht en Quito. Le agregó pesquisas sistemáticas hasta establecer que el entonces vicepresidente de la República, Jorge Glas, se lucró económicamente del regreso de Odebrecht a un país que ya había vetado a la transnacional por corrupción.

Comprobó que el contralor general, Carlos Polit, cobró no menos de US$ 7 millones por borrar los antecedentes fiscales de la compañía brasilera.

A la lista de los peces gordos Ecuador sumó, con condenas, al exministro de Energía Alecksey Mosquera y al tío del vicepresidente Glas, Ricardo Rivera Arauz. La policía judicial obtuvo videos de seguridad que mostraban en el cuarto de sanalejo de la oficina de Rivera en Quito maletas repletas de dólares. El dinero, proveniente probadamente de coimas, hacía parte del ‘tour’ al que eran llevadas las jovencitas que el tío rico del vicepresidente llevaba a su oficina con el ánimo de seducirlas.

¿Y Colombia?

El exministro de Transporte Gabriel García Morales fue el único funcionario al que en Colombia le funcionó el pragmatismo pregonado en Brasil por el entonces juez Sergio Moro. fue condenado a cinco años por haber confesado que recibió un soborno por US$6.5 millones por favorecer a Odebrecht con el negocio de la Ruta del Sol.

La cuerda siempre se estuvo rompiendo por el lado más delgado. En el círculo parlamentario el caso solo ha tocado hasta hoy al exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal. El senador colombiano recibió una condena a seis años y ocho meses de prisión por tráfico de influencia y cohecho. Según la justicia, se lucró indebidamente al intermediar la adjudicación del contrato para la construcción de la Ruta del Sol, Tramo II.

En la breve lista de sentenciados están, entre otros los hermanos cartageneros Enrique y Gabriel Ghisays Mazur. Gabrielpurga diez años y nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su hermano, confeso testaferro del exviceministro Gabriel García Morales, purgó en su domicilio una pena de tres años y cuatro meses de prisión.

Otra figura pública pendiente de que sea resuelta de fondo su situación jurídica es el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Está llamado a juicio por la presunta financiación de su campaña por parte de Odebrecht.

La tarea de la justicia está todavía inconclusa.