OEA demanda libertad inmediata para presos políticos y cese de la represión en Nicaragua

La Asamblea General de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó, por cuarto año consecutivo, una resolución contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El texto, aprobado por unanimidad este viernes 7 de octubre, demanda a la dictadura liberar “inmediatamente a todos los presos políticos” y “cesar la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia católica”.

El documento aprobado por las 32 delegaciones presentes, (Nicaragua y Venezuela no participaron), fue una propuesta de las delegaciones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica y los Estados Unidos. Estos mismos países solicitaron, en agosto pasado, incluir “la situación de Nicaragua” en la agenda de la 52 Asamblea General de la OEA, que finalizó este viernes en Lima, Perú.

La resolución no tuvo ningún señalamiento en contra, pero previo a su aprobación la representación de Honduras intervino para solicitar que se agregase un “pie de página”. Las delegaciones de El Salvador y San Vicente y Granadinas hicieron lo mismo pero con anticipación.

En su primer punto, los Estados instan “al Gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta contra la población del país y a que restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho”.

Además, “que ponga fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo contra los periodistas, especialmente las mujeres periodistas, y contra los medios de comunicación, y las organizaciones no gubernamentales”.

Desde noviembre de 2018 hasta la fecha, la dictadura orteguista ha cerrado 2281 oenegés; de estas, 2207 han sido eliminadas en lo que va de 2022, según un análisis de datos hecho por CONFIDENCIAL. Además, durante sus cuatro gobiernos consecutivos, Ortega ha cerrado 54 medios de comunicación. 

La resolución llama también al régimen a que “cese la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia católica y a que garantice el derecho a la libertad religiosa de todos en el país”.

Sobre ese punto, los países también se declararon “profundamente preocupados” por la “detención arbitraria” del obispo Rolando Álvarez y otros ocho clérigos, así como “por la opresión, criminalización, hostigamiento, acoso policial y actos de represión que el Gobierno de Nicaragua ha perpetrado contra los miembros de la Iglesia católica romana, y la expulsión arbitraria de las congregaciones religiosas”.

Exigen la liberación de presos políticos

En el segundo punto de la resolución, los Estados demandan al régimen “a que libere inmediatamente a todos los presos políticos, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

En el mismo punto, solicitan “al Gobierno de Nicaragua a que garantice la integridad física, mental y moral y el derecho a la vida de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente”.

Finalmente, el pie de página solicitado por la representación de Honduras señala que “en estricto apego a los principios del derecho internacional y, en particular, al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, considera que esa situación debe resolverse entre los y las nicaragüenses a fin de propiciar la armonía y el entendimiento de esa nación hermana”.

Desde mediados de 2018 hasta la fecha, la OEA ha aprobado 15 resoluciones sobre la situación en Nicaragua. Las votaciones se han dado en las dos principales instancias del organismo regional: la Asamblea General de cancilleres (cinco) y el Consejo Permanente (diez).

Aunque han sido cinco resoluciones de la Asamblea General, solo en las últimas cuatro se ha exigido el fin de la represión y la liberación de presos políticos. La primera resolución, aprobada el 5 de junio de 2018, es la única que no ha requerido votación, ya que se presentó por “consenso”. En ella se condenó la violencia en general, pero no hubo una referencia directa hacia la responsabilidad del régimen en los ataques contra la población.

En la última Asamblea General, en noviembre pasado, 25 países declararon “sin legitimidad” las votaciones del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega se reeligió por cuarta ocasión consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas.

Costa Rica demanda acciones regionales

La representante permanente de Costa Rica en la OEA, la embajadora Alejandra Solano, celebró la aprobación de la resolución sobre Nicaragua y demandó la implementación de “una acción conjunta” en la región para brindar protección a los nicaragüenses que se han visto obligados a salir del país.

La situación en Nicaragua ha provocado “una grave crisis humanitaria”, advirtió la embajadora Solano. “Miles de nicaragüenses se han visto obligados a abandonar el país y miles de ellos encuentran hoy refugio en mi país, en Costa Rica. Costa Rica mantendrá sus puertas abiertas a aquellos que lo necesiten, pero también requerimos, como región, de una acción conjunta, de responsabilidad compartida, para proveer a estas personas protección y condiciones de vida digna, pero además que tengan la posibilidad de un eventual retorno”, subrayó.

La embajadora costarricense también instó al Gobierno de Nicaragua a “respetar de manera irrestricta” sus obligaciones internacionales asumidas de una manera libre y soberana, en particular en materia de derechos humanos.

Corte IDH señala desacato de Nicaragua

Horas antes, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el juez Ricardo Pérez Manrique, señaló durante su intervención en la 52 Asamblea General de la OEA, que el Gobierno de Nicaragua se niega a cumplir las resoluciones dictadas por ese tribunal.

La Corte IDH ha demostrado ser un “tribunal abierto”, pero el régimen de Nicaragua mantiene su postura de no acatar ninguna de las resoluciones adoptadas por ese organismo a favor de las personas presas políticas en el país centroamericano.

“El pleno de la Corte ha resuelto comunicar a esta Asamblea General su preocupación por la situación por los derechos humanos en Nicaragua (…) La corte ha dictado varias decisiones, como la presente, y declaró al Estado de Nicaragua en situación de desacato ante el Sistema Interamericano”, dijo el juez Pérez Manrique.