“Oportuno, demoledor, preciso” informe de EEUU sobre derechos humanos en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- “Oportuno, demoledor, preciso, al detalle, comprehensivo”, así calificaron algunos cubanos y organizaciones el apartado dedicado a Cuba en el “Informe Anual 2020 sobre derechos humanos en el mundo”, presentado este lunes por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En el texto se analizan las violaciones de derechos humanos en Cuba, que van desde las ejecuciones y detenciones ilegales o arbitrarias cometidas por el gobierno, las desapariciones forzadas por parte del régimen, las condiciones carcelarias, la violación de las libertades de prensa, religión, circulación, privacidad, participación política, asociación o reunión; hasta la discriminación racial, las pésimas condiciones de algunos trabajos y una tasa de salario mínimo nacional por debajo del umbral de pobreza.

“Este informe es un registro al detalle, comprehensivo y demoledor, de las violaciones de derechos humanos en Cuba”, declaró a CubaNet Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista.

Detalles del informe

“Cuba es un estado autoritario (…), sigue siendo un sistema de partido único en el que el Partido Comunista es el único partido político legal”, señala el documento.

La mayoría de las violaciones de derechos humanos se cometieron por funcionarios del gobierno y del Ministerio del Interior, que abarca la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Seguridad del Estado, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario. Un patrón ha sido la impunidad de todos los perpetradores.

Uno de los casos citados fue el de Hansel Hernández Galiano, un afrocubano que, desarmado, fue asesinado por un policía en La Habana; muerte que aún no se ha esclarecido.

“Al menos ocho prisioneros murieron bajo custodia en una variedad de circunstancias sospechosas (…). Las condiciones carcelarias eran duras y potencialmente mortales. Hubo informes de que los funcionarios de la prisión agredieron a los presos. Las cárceles estaban superpobladas y las instalaciones, el saneamiento y la atención médica eran deficientes”.

Asimismo, advierten los “múltiples informes de activistas detenidos cuyo paradero se desconoció durante días o semanas porque el gobierno no registró estas detenciones, muchas de las cuales ocurrieron en sitios no registrados”.

Un aspecto importante del texto es la exposición de la macabra influencia de funcionarios de la Seguridad del Estado cubana en países de la región como Venezuela y Nicaragua, “donde capacitaron y apoyaron a otras organizaciones en el uso de tácticas represivas y abusos de derechos humanos y, en ocasiones, participaron directamente en los abusos. Por ejemplo, los miembros de las fuerzas de seguridad cubanas estaban integrados en los servicios de seguridad e inteligencia del régimen de Maduro en Venezuela y fueron fundamentales para transformar la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) de una pequeña organización enfocada en amenazas externas a una organización mucho más grande enfocada en vigilar a los venezolanos, y reprimir la disidencia. Informes de la ONU acusaron a la DGCIM de tortura, y muchos ex presos venezolanos dijeron que los cubanos, identificados por sus acentos distintivos, supervisaban mientras el personal de la DGCIM torturaba a los presos”.

Para tales exposiciones, el Departamento de Estado se basa y cita informes de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Casla, Human Rights Watch, Prisoners Defenders, el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y de Prensa, y el Observatorio de Libertad Académica.

Ejemplifica además casos de violaciones contra opositores o disidentes pacíficos como José Daniel Ferrer, Keilylli de la Mora Valle, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel (Osorbo) Castillo, Denis Solís, Tania Bruguera, Abraham Jiménez Enoa y Camila Acosta.

La falta de libertades de expresión y prensa fue otro de los puntos analizados. Al respecto explicaron el acoso y represión contra cualquier periodista independiente que informara sobre la realidad y violaciones de derechos humanos en Cuba, las restricciones y control del acceso a internet, bloqueo de sitios web y de comunicaciones de personas críticas con el gobierno, así como el arresto, intimidación, encarcelamiento y vigilancia sin restricciones para censurar la información crítica del régimen y silenciar a sus críticos.

Resaltaron casos como el del médico Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado de su programa de residencia en neurocirugía en el Hospital Ernesto Che Guevara por manifestar públicamente su disidencia política. Asimismo, subrayaron cuestiones como la discriminación académica y racial, y las regulaciones de salida del país a activistas o disidentes pacíficos como forma de castigo.

Para cometer muchas de estas arbitrariedades, el régimen cubano utilizó como pretexto la pandemia de COVID-19. Entre los sucesos más conocidos se halla el allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana, y el desalojo de los huelguistas por supuestamente estar incurriendo en un delito de “propagación de epidemias”.

La represión contra José Daniel Ferrer y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue igualmente expuesta. Ferrer fue liberado en abril de 2020 luego de seis meses encarcelado; sobre la UNPACU no ha cesado el hostigamiento. Actualmente, alrededor de cincuenta activistas de la organización, incluido su líder, se hallan en huelga de hambre como protesta ante el cerco policial y la represión.

Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, esta “precisión” con la que el informe define el sistema político en Cuba “nos dice mucho de la exactitud científica y medida de su visión internacional. Echamos de menos esa transparencia en las instituciones ejecutivas de nuestro continente europeo”.

Cuba: un Estado totalitario en toda su expresión

Además de basarse en informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, el Departamento de Estado, para ejemplificar las violaciones, citó la propia legislación cubana y la Constitución aprobada en 2019. Entre los artículos referidos a la libertad de expresión y prensa, la protección de los derechos de privacidad de los ciudadanos en sus hogares y correspondencia, el derecho a habeas corpus, así como el reconocimiento de la división de poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) aunque en la práctica esto no exista.

Los funcionarios del régimen también quebrantan la legislación vigente al cometer coacciones durante los interrogatorios y detenciones domiciliares o arbitrarias sin presentar órdenes judiciales.

Esta ausencia de libertades ciudadanas y derechos, según el historiador y periodista Dimas Castellanos, es una expresión de la existencia en Cuba de un Estado totalitario en toda su expresión.

“A ello se unen otras manifestaciones como la corrupción, un fenómeno que se produce en los países con democracia donde los funcionarios tienen que rendir cuentas y, por tanto, mucho mayor donde no existen los mecanismos para esa rendición de cuentas, como es el caso de Cuba”, agregó.

Para el periodista independiente Yoe Suárez, “es entendible que Cuba esté en una lista de violadores de derechos humanos”, y este informe “es muy oportuno porque Cuba ocupa un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde no debería estar”.

Por su parte, Manuel Cuesta Morúa señala que “conecta muy bien con la nueva definición de política exterior que están haciendo las democracias consolidadas y el gobierno de Joe Biden, enfocando los derechos humanos como parte de la política exterior activa hacia naciones que insisten en violar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. (…) Este informe es algo que importa y alumbra frente a cierto olvido global, enfoca la lucha continuada por los derechos humanos a lo largo de muchos años en Cuba. Podemos decir que contamos con aliados serios dentro de la política y las instituciones de los Estados Unidos para la defensa de los derechos humanos en Cuba”.